Un estudio impulsado por el Síndic de Greuges ha constatado la infrafinanciación pública de la plaza escolar en Cataluña, tanto en la escuela concertada como en la pública, y ha recomendado un sistema de asignación presupuestaria a partir de contratos programa no lineales a los centros para combatir la segregación escolar.
El informe ‘Estimación del coste de la plaza escolar en Cataluña’, elaborado por una comisión en el marco del Pacto contra la segregación escolar y pionero a nivel estatal, plantea la necesidad de incrementar progresivamente la financiación de los centros –tanto públicos como concertados– e ir corrigiendo las desigualdades.
El estudio calcula el coste teórico de la plaza escolar en un escenario hipotético de plena escolarización equilibrada en el que los centros públicos y concertados tuviesen una composición social equivalente, que actualmente no se produce.
Para calcular este coste de la plaza, la comisión que ha elaborado el estudio ha dispuesto de los datos de financiación de la Conselleria de Educación de la Generalitat, los datos de presupuestos liquidados de una muestra de 100 centros concertados y una encuesta realizada a unos 2.300 centros sobre cuotas sufragadas por las familias.
Este coste teórico de la plaza se ha calculado teniendo en cuenta una igualación de las horas lectivas de personal docente de los centros públicos y concertados, tomando como referencia los de la pública; los gastos de funcionamiento del centro; gratuidad en las actividades y servicios complementarios realizados por personal educador, salidas escolares, colonias con carácter bianual, material y libros de texto y ayudas de media del 50% en el comedor escolar, y un incremento de la dotación de personal docente y de apoyo para la atención a la diversidad.
La comisión sitúa el coste teórico de la plaza en 4.973,63 euros por alumnos en Infantil de segundo ciclo y Primaria –5.117 en el sector público y 4.659,6 euros en el concertado– y 6.100,1 euros en Secundaria –6.579,99 en el público y 5.211 en el concertado–.
1.163 MILLONES EN UN ESCENARIO EQUILIBRADO
El estudio constata que el impacto presupuestario que supondría cubrir el coste de la plaza con financiación pública en un escenario de escolarización equilibrada sería de 1.163,8 millones de euros adicionales al gasto público actual, de los que 581,2 millones serían para el sector público y 582,6 millones para el concertado.
El informe constata que la financiación pública de los centros es más elevada en el sector público, fundamentalmente a causa del coste diferenciado de la dotación de plantillas, en un escenario donde presenta una mayor corresponsabilidad en la escolarización del alumnado socialmente desfavorecido, mientras que la financiación que reciben ambas titularidades para gastos de funcionamiento o atención a la diversidad «no presenta diferencias significativas».
También subraya que los proyectos educativos de los centros concertados son más costosos que los de los centros públicos, pero reciben menor financiación pública, y ha sostenido que si se contabilizan las actividades y servicios complementarios, el gasto real por alumno de la concertada es 1.461,4 euros más por alumno en Primaria y 1.386,2 euros más en Secundaria respecto a la pública.
El estudio constata que la inversión de las administraciones públicas en la plaza escolar es «insuficiente» para cubrir el coste sin necesidad de copago, tanto si es para cubrir el coste real como el teórico de la plaza, siendo más elevada la infrafinanciación en la concertada aunque la composición social de los dos sectores es actualmente desigual, ya que la pública escolariza una proporción mayor de alumnado socialmente desfavorecido.
GASTO DE LAS FAMILIAS
El informe señala que los «elevados» niveles de gasto privado de las familias, tanto en la pública como en la concertada –por las actividades complementarias–, evidencian que el principio de gratuidad no se cumple en la realidad, y sostiene que tanto en los públicos pero especialmente en los concertados es relevante la asociación entre las aportaciones de las familias y la composición social del centro, lo que provoca que los proyectos educativos sean desiguales.
Sin contabilizar las actividades y servicios complementarios, el gasto real de los centros no financiado con fondos públicos es de 632,5 millones de euros –95,4 en los públicos y 537 en los concertados–, lo que equivale a 629,1 euros por alumno al año -140,7 euros en los públicos y 1.640,9 euros en los concertados–
La comisión que ha elaborado el estudio ha advertido de que el gasto real de los centros y el coste de la plaza escolar «no son asimilables» y que el primero no ha de ser necesariamente el coste de referencia del segundo, y ha añadido que no todo incremento del gasto privado se dirige a garantizar una formación de más calidad.
El estudio recomienda para orientar la mejora de la financiación y luchar contra la segregación en los centros un sistema de asignación presupuestaria a través de contratos programa, tanto con la pública como con la concertada, un instrumento más flexible y graduable que debe ir acompañados de una mejora de los mecanismos para una escolarización equilibrada, como el nuevo decreto de admisión.
Este sistema por contratos programa, un instrumento que se encuentra en la Ley de Educación de Cataluña (LEC), se debería aplicar de forma gradual y progresiva, según el informe, comenzando por favorecer las condiciones de gratuidad entre los alumnos, centros y entornos de mayor complejidad, e irse extendiendo al resto del sistema educativo a medida que aumente el equilibrio la escolarización de alumnado socialmente desfavorecido.
