La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los presuntos amaños en la contratación de la trama Gürtel para la instalación de pantallas y megafonía para la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 que se investigue al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps por faltar «palmariamente a la verdad» durante su declaración como testigo en esta vista oral.
Así lo ha anunciado la fiscal Concepción Nicolás durante la sesión de este martes en la que ha elevado a definitivas sus conclusiones para la veintena de acusados, introduciendo algunas leves modificaciones. Concluyendo este trámite, ha pedido que «se deduzca testimonio» contra Camps y contra otros dos testigos: el exjefe de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid) César Tomás Martín Morales y exjefe de los Servicios Jurídicos de RTVV, Victoriano Llanes, que ya estuvo imputado en esta causa.
Según ha explicado la representante del Ministerio Público, el tribunal les advirtió antes de iniciar sus comparecencias, «cuando se les tomó juramento o promesa, de la obligación de decir verdad y faltaron parlmariamente a la verdad en hechos que pueden ser claramente constatables sin que sea necesario esperar a que se dicte finalmente sentencia».
Camps, que además está investigado en un juzgado de Valencia por las presuntas irregularidades de la contratación de Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del pontífice, asunto que derivó de la pieza que está siendo juzgada, se desmarcó de cualquier decisión sobre la contratación por parte de RTVV de las empresas de Correa, pese a ostentar la Presidencia de honor en la fundación.
Según dijo en la declaración que tuvo lugar el pasado 18 de junio, se enteró de que tenía esta condición honorífica a raíz de este procedimiento y añadió: «Como presidente de la Generalitat, no tenía por qué involucrarme en la organización o la logística».
RETIRA ACUSACIÓN
Asimismo, la fiscal ha comunicado que retira la acusación contra las empresarias Noemí Márquez Castellanos y Alexandra Benesovky al no haber podido acreditarse su participación en los hechos. Asimismo, el Ministerio Público ha suprimido la continuidad del delito de blanqueo para todos los acusados.
Anticorrupción también contempla rebajas en las peticiones de pena para algunos de los 22 acusados con los que alcanzó un pacto de conformidad antes de que se iniciara el juicio y que han confesado los hechos ante el tribunal.
Entre ellos se encuentra el responsable de Orange Market –empresa de la Gürtel en Valencia–, Álvaro Pérez ‘el Bigotes’, para quien finalmente solicita 10 años de prisión, tras eliminar la acusación por el delito de asociación ilícita por el que ya fue condenado en la pieza relativa al montaje del expositor institucional de la Comunidad Valencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), por el que se encuentra en prisión.
Fiscalía también ha solicitado una rebaja para el que fuera director de RTVV Pedro García Gimeno, para quien reclamaba la máxima pena, 40 años de prisión. La reducción de la solicitud se haría efectiva siempre y cuando en su turno de la última palabra acabe reconociendo los hechos y por tanto la petición sería de siete años y dos meses de cárcel.
MANTIENE PETICIÓN PARA LOS LÍDERES DE LA GÜRTEL
En cuanto a los líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, Anticorrupción mantiene su petición de penas, ya que no alcanzó ningún pacto con ellos ni estos han confesado los hechos. Ambos ya han adelantado al tribunal, a través de sus defensas, que no harán uso de su última palabra con el fin de evitar los traslados desde la prisión en la que ya cumplen condena por otras piezas de esta macrocausa y tener que guardar una cuarentena posterior en aislamiento con medida de protección por el coronavirus.
Correa, que se enfrenta a 38 años de prisión, decidió a última hora comparecer ante el tribunal para recalcar que siempre ha dicho la verdad y que su declaración en el juicio por la primera época de la red corrupta sirvió para «cambiar el gobierno» y hacer «una moción de censura a Rajoy. Por su parte, el que fuera su mano derecho, para el que se pide un año menos de prisión que al líder de la Gürtel, se acogió a su derecho a no declarar.
El juicio continuará mañana con la exposición de los informes de conclusiones de cada una de las partes, comenzando con el de la fiscal Concepción Nicolás.
