La Mesa del Parlamento Vasco no aprecia «vulneración alguna» de derechos fundamentales por el hecho de que no se exija a los parlamentarios vascos la jura o promesa de acatamiento a la Constitución, tal como alegó la representante de Vox, Amaia Martínez.
El nuevo órgano de gobierno de la Cámara, reunido por primera vez este jueves tras su constitución el 3 de agosto, ha rechazado este jueves la petición de Vox de anular el pleno constitutivo de la Cámara del pasado lunes y su repetición para que sus representantes acaten la Carta Magna.
En su resolución, la Mesa del Parlamento ha recordado que el reglamento de la Cámara no contempla este requisito para adquirir la condición de parlamentario y tampoco considera que se conculcen derechos constitucionales.
El órgano rector explica que «no aprecia vulneración alguna, ni del principio de igualdad», recogido en el artículo 14 de la Constitución, «ni del derecho a participación política», previsto en el artículo 23.1, «ni del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos», como determina el artículo 23.2 de la Carta Magna.
Asimismo, destaca que el reglamento de Parlamento Vasco, en su artículo 9.1, señala que la parlamentaria o parlamentario proclamado electo adquirirá «la plena condición de tal» por el cumplimiento de una serie de requisitos que no incluyen el acatamiento de la Constitución.
En este sentido, cita que solo se exige la presentación de la Secretaría General de la Cámara de la credencial expedida por la correspondiente Junta electoral, la cumplimentación de las declaraciones de actividades y bienes en los términos previstos en la Ley de Elecciones al Parlamento Vasco, y acudir a la sesión constitutiva.
Por todo ello, remarca que, conforme al reglamento y los precedentes de legislaturas anteriores, la condición de parlamentarios se adquiere con los requisitos observados en la normativa parlamentaria, y desestima la petición de Vox.
LA LOREG
En su escrito, Martínez apuntaba que la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) obliga a todos los parlamentos autonómicos al cumplimiento de una serie de prerrogativas, entre las que se encuentra el artículo 108.8, «que obliga a ‘jurar o prometer acatamiento de la Constitución’ y que debe hacerse ‘en el momento de tomar posesión'».
Martínez afirmó que el no acatamiento de la Constitución es una «flagrante violación de los derechos fundamentales». «La Constitución es la garantía de nuestros derechos y libertades, por los cuales muchos españoles, y en especial muchos vascos, han dado la vida», aseguró la única parlamentaria de Vox.
El mismo lunes, la Mesa de la Diputación Permanente, antes de la sesión plenaria, desestimó la petición realizada en este sentido por el parlamentario del PP Carmelo Barrio.
