La que fuera jefa del equipo legal de Podemos Gloria Elizo y el abogado que ha venido representando al partido como acusación popular, Alejandro Gámez, descartan que la pieza ‘Dina’ sea un montaje, como sostiene el despedido José Manuel Calvente, y han afirmado que todos los letrados del departamento, y por tanto también él, creyeron y creen que el móvil de la exasesora del partido Dina Bousselham fue «objeto de un robo». También han defendido la interlocución que han mantenido con la Fiscalía Anticorrupción en esta macrocausa.
Así lo manifiestan Elizo y Gámez en un comunicado que ambos han compartido en sus respectivas cuentas de Twitter y con el que quieren dejar «claras algunas cosas» sobre la causa y, dentro de ésta, la pieza 10 después de la publicación de los chats internos del grupo de abogados de Podemos, partido que ejerce la acusación popular en el caso que investiga las presuntas actividades ilícitas del comisario jubilado José Manuel Villarejo desde que éste se abrió a finales de 2017.
Los letrados explican que difunden este comunicado «ante la avalancha de noticias falsas y tergiversadas sobre la labor de la acusación popular» que Podemos ejerce en el caso y que «han aparecido en medios de comunicación muy concretos en los últimos dos meses.
Así, en primer lugar, afirman que «es falso que Fiscalía Anticorrupción haya facilitado a Podemos información no sujeta a secreto de sumario» y que «es falso» que los abogados del partido y el Ministerio Público «pactaran que Podemos no perseguiría judicialmente al Rey emérito a cambio de que Fiscalía ayudase a Podemos en la pieza Dina».
«Podemos y Fiscalía no han pactado en ningún momento ayudas ni renuncias de ningún tipo, incluso aunque sea legal o legítimo», explican Gámez y Elizo, quien es además vicepresidenta tercera del Congreso y fue apartada hace meses de la dirección del equipo legal de Podemos.
TODOS CREEN QUE FUE UN ROBO
Por otro lado, desmienten al abogado José Manuel Calvente, despedido de la formación morada el pasado diciembre y quien en los últimos días ha sugerido que la pieza Dina fue un montaje de cara a la estrategia política del partido. «Es falso que Podemos o su equipo legal creara un montaje con la pieza Dina para engañar al juez del Juzgado Central de Instrucción número 6», remarcan.
«Todos los integrantes del equipo legal creyeron y creen firmemente que el móvil de Dina Bousselham fue objeto de un robo y nadie ha expuesto ni aportado indicios de ninguna teoría contraria. Es más, a fecha de hoy aún no se ha esclarecido por qué el contenido de dicho móvil ha aparecido en manos de Villarejo y publicado parcialmente en medios de comunicación claramente hostiles a Podemos», destacan.
Los letrados admiten que el equipo legal de Podemos «consideró y considera la pieza Dina una investigación clave para desentrañar las cloacas del Estado», y que así «lo consideró también» el mismo juez instructor, Manuel García Castellón, ya que recuerdan que acordó nir a la investigación la documentación relativa al informe PISA encontrada en los registros efectuados al comisario Villarejo y su organización.
En su opinión, esto indica que el magistrado «tuvo que observar alguna vinculación entre el uso de la información del móvil y los falsos informes policiales».
Es más, recuerdan que «dos altos mandos policiales imputados en Tándem han acusado a otros funcionarios policiales de haber confeccionado el informe PISA», lo que se suma a la existencia de otra pieza en la macrocausa, la número 7 denominada ‘Kitchen’, que investiga el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.
COMUNICACIÓN «NATURAL, LEGAL Y HABITUAL»
Sobre su interlocución con los fiscales anticorrupción del ‘caso Villarejo’, Gámez y Elizo explican que es «totalmente natural, legal y habitual que dos acusaciones se reúnan e intercambien puntos de vista e información sobe la investigación en curso».
En este sentido, subrayan que «en algunos puntos se estará de acuerdo y habrá colaboración, mientras que en otros habrá divergencias y cada parte actuará como considere conveniente». «Podemos llevaba ya cuatro años en diversas causas contra la corrupción y conocía los diferentes actores y escenarios de estas prácticas delictivas, es decir, podíamos aportar información y conocimiento útil a la causa. Lo fundamental en esas reuniones es que ambas partes estén comprometidas con la buena fe y la búsqueda de la verdad», señalan.
De este modo, confirman que en la macrocausa Tándem ambas acusaciones «mantuvieron diversas reuniones, coincidiendo en la manera de afrontar, e incluso de comenzar, ciertas vías de investigación, pero no en otras». Así, explican que Podemos «ha presentado numerosas solicitudes de diligencias e investigación que Fiscalía ha interesado desestimar o no practicar».
Por ello, insisten en que «los pactos entre las partes dentro de un procedimiento son habituales y legales», pero que en el ‘caso Villarejo’ «no han existido nunca».
Para Elizo y Gámez, «resulta muy grave que se hayan difundido públicamente mensajes privados con un contenido estrictamente personal», un hecho que «vulnera las obligaciones deontológicas de la profesión de la abogacía al descubrir las relaciones entre cliente y letrado y mostrar las diferentes estrategias legales contempladas para afrontar un caso».
«Peor aún, mediante la eliminación de mensajes intermedios y la mezcla de mensajes de diferentes fechas y temáticas, varios medios de comunicación han tergiversado estas conversaciones profesionales, creando una historia y relato falso que nada tiene que ver con la realidad de los hechos sucedidos», afirman.
