La Mesa del Congreso ha rechazado tramitar la interpelación que la CUP pretendía dirigir la próxima semana al Gobierno sobre la marcha del Rey Juan Carlos, pero si ha aceptado una pregunta de Junts para que Interior informe en la misma sesión de control sobre el coste de la seguridad del rey emérito en Emiratos Árabes.
Tanto Junts como la CUP aprovecharon la primera sesión de control tras el paréntesis estival para registrar iniciativas sobre la decisión del Rey Juan Carlos, hecha pública el pasdado 3 de agosto, de trasladar su residencia fuera de España tras la polémica por supuestas donaciones de Arabia Saudí no declaradas a Hacienda, un asunto que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Las dos formaciones independentistas ya habían participado en varios intentos de crear una comisión de investigación sobre el Rey Juan Carlos y de pedir explicaciones al Gobierno sobre su salida del país, pero la Mesa del Congreso los ha venido vetando al considerar, de acuerdo con los letrados de la Cámara, que la familia real es «materia ajena» al control parlamentario del Ejecutivo.
La portavoz de Junts, Laura Borràs, quiere ahora que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, explique en el Pleno del congreso «cuánto dinero público se destina a la estancia y seguridad del rey Juan Carlos en Emiratos Árabes Unidos» el destino donde recaló el mismo día que se anunció desde Zarzuela su decisión de irse de España.
Según informaron fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso ha examinado el escrito y lo ha admitido a trámite sin poner reparos al entender que la la seguridad del anterior jefe del Estado si es competencia del Ejecutivo, con lo que el Gobierno deberá contestarla el próximo miércoles.
LA DECISIÓN DEL EMÉRITO NO ES COSA DEL GOBIERNO
La CUP, por su parte, registró una interpelación al Gobierno para detallar cuál ha sido la colaboración del Ejecutivo con la marcha del rey Juan Carlos, pero ha vuelto a chocar con el veto de la Mesa del Congreso, que ha impedido su inclusión en el orden del día del próximo Pleno del Congreso.
«No procede su admisión a trámite por no adecuarse al objeto propio de las interpelaciones dado que no versa sobre los motivos o propósitos de la conducta del Gobierno en cuestiones de políticas general en relación con las competencias del Gobierno», ha resuelto el órgano de gobierno de la cámara
