Los macroprocesos de corrupción que la Fiscalía intenta ralentizar hasta después de las urnas

La Fiscalía habría pedido a sus fiscales anticorrupción que las diligencias más visibles de varios macroprocesos esperen a que pasen las elecciones del 29-N. Esa instrucción no consta como documento público: no figura entre las instrucciones generales numeradas que la Fiscalía General del Estado publica en su portal, de modo que no hay firma, fecha ni número que la respalde. Lo que sí existe es una secuencia de fechas y un calendario judicial que se ha ido reordenando en plena campaña.

El criterio de la lista es, por tanto, lo comprobable: qué causas se ven afectadas, qué juzgado las instruye y qué diligencia concreta cambia de fecha. El caso más claro es el de Leire Díez, en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, con Santiago Pedraz al frente. A partir de ahí se examina el filtro que aplica la orden —tener el cargo el día de la firma— y lo que la trastienda no ha aportado: ni correos, ni actas, ni instrucción firmada.

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La instrucción: quién la firma, con qué fecha y por qué canal llega a los fiscales anticorrupción

La instrucción no consta como documento público: no figura entre las instrucciones generales numeradas que la Fiscalía General del Estado publica en su portal, de modo que no hay firma, fecha ni número de registro que cualquier ciudadano pueda consultar. Lo que trasciende llega por fuentes fiscales y se describe como una orden de jefatura transmitida por el canal interno de la carrera —comunicaciones y reuniones con los fiscales de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada—, con el fiscal jefe Alejandro Luzón como eslabón inmediato y la cúpula de la Fiscalía General como origen último. Esa ausencia de soporte verificable es el primer hecho relevante: una directriz sobre el calendario de tres macrocausas que no se puede fechar, ni recurrir, ni contrastar, y que deja a cada fiscal la responsabilidad de ejecutarla o de separarse de ella.

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El contenido, tal como se ha relatado, consiste en no pedir diligencias de alto impacto mediático ni citar a cargos públicos en activo en los meses previos a la cita electoral, y en aparcar hasta después del 29 de noviembre decisiones como la imputación de un partido como persona jurídica. No es una norma procesal: la ley no contempla plazos electorales, y los plazos de instrucción y la prescripción siguen corriendo. Por eso el elemento merece estar en la lista: convierte una práctica discrecional en un criterio de oportunidad política aplicado a expedientes concretos, con el precedente de la querella de la trama Koldo, redactada en junio de 2023 y presentada el 6 de septiembre, pasado el 23-J.

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