Los macroprocesos de corrupción que la Fiscalía intenta ralentizar hasta después de las urnas

La Fiscalía habría pedido a sus fiscales anticorrupción que las diligencias más visibles de varios macroprocesos esperen a que pasen las elecciones del 29-N. Esa instrucción no consta como documento público: no figura entre las instrucciones generales numeradas que la Fiscalía General del Estado publica en su portal, de modo que no hay firma, fecha ni número que la respalde. Lo que sí existe es una secuencia de fechas y un calendario judicial que se ha ido reordenando en plena campaña.

El criterio de la lista es, por tanto, lo comprobable: qué causas se ven afectadas, qué juzgado las instruye y qué diligencia concreta cambia de fecha. El caso más claro es el de Leire Díez, en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, con Santiago Pedraz al frente. A partir de ahí se examina el filtro que aplica la orden —tener el cargo el día de la firma— y lo que la trastienda no ha aportado: ni correos, ni actas, ni instrucción firmada.

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Los tres macroprocesos, uno a uno: juzgado, imputados y diligencia concreta que se aplaza

El calendario lo marca el 29-N, y la causa de las cloacas de Ferraz —el caso Leire Díez— es el ejemplo más claro. La instruye Santiago Pedraz en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la exmilitante Leire Díez y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo entre los investigados. Lo que se queda al otro lado de las urnas es la petición de que el PSOE sea investigado como persona jurídica por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias: la Fiscalía Anticorrupción quiere tomar antes declaración a Cerdán y a Díez, todavía sin comparecer en esta pieza, y no formulará la solicitud en campaña, según fuentes fiscales citadas por El Mundo. En el mismo juzgado, Pedraz ha dejado para después del 29-N la eventual imputación de Juan Francisco Serrano, antiguo colaborador de Cerdán.

El segundo frente es Plus Ultra. El juez José Luis Calama investiga el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en la pandemia y mantiene investigado a José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y blanqueo; la diligencia que cruza la frontera electoral es la declaración como investigadas de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente, citadas el 30 de noviembre, un día después del voto. El tercero es la pieza sobre los pagos en efectivo del PSOE entre 2017 y 2024, bajo secreto de sumario en el juzgado de Ismael Moreno y derivada del caso Koldo, que examina si los reembolsos de gastos sirvieron para blanquear comisiones. Ninguna norma obliga a esa contención: Félix Bolaños apeló a una «norma no escrita» y, según Vozpópuli, el Ejecutivo trasladó a varios jueces por vía discreta una petición de prudencia. No consta una instrucción escrita de la Fiscalía General con ese contenido.