El Pentágono cuestiona los ataques de Ucrania a refinerías rusas y Alemania le responde que ese reproche es «bastante estúpido». La reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, celebrada el martes en la sede de la OTAN en Bruselas, dejó a la vista una grieta que Washington llevaba meses conteniendo: la de cómo se pelea esta guerra, quién fija los objetivos y quién paga la factura.
Qué dijo el Pentágono, con qué palabras y por qué irritó a Berlín y a Londres
El encargado de abrir el debate fue Elbridge Colby, subsecretario de Política del Departamento de Guerra —la denominación que la administración de Donald Trump ha adoptado para el Pentágono—. Su tesis, expuesta ante los países que sostienen militarmente a Ucrania, es que los golpes de largo alcance no han frenado de forma significativa el avance ruso ni han acercado el final del conflicto. Los ataques no han producido resultados de campo decisivos, vino a resumir.
Colby añadió un argumento que en Bruselas sentó peor que el diagnóstico: los ataques contra instalaciones comerciales de carácter civil pueden reforzar el respaldo de la población rusa a la guerra y elevar la disposición de Moscú a escalar. Puso un ejemplo concreto, los almacenes de Wildberries, uno de los mayores minoristas online de Rusia, a los que Ucrania acusa de suministrar equipos y componentes técnicos al Ejército ruso. La empresa lo niega.
La réplica llegó en la misma rueda de prensa. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, calificó de «bastante estúpido» criticar los ataques ucranianos contra instalaciones militares estratégicas dentro de Rusia, y sostuvo que la discusión debería centrarse en los bombardeos rusos contra la red eléctrica, el agua y la calefacción ucranianas. Su homólogo británico, Wes Streeting, defendió que esas operaciones han degradado la capacidad militar rusa y han salvado vidas ucranianas.
Kiev no tiene intención de bajar el ritmo. El ministro de Defensa ucraniano, Yevhenii Khmara, subrayó que los ataques son respuestas a los bombardeos rusos y que Ucrania responderá con más fuerza a cada nueva oleada: el país planea multiplicar por más de tres su capacidad de golpe de largo alcance el año que viene.
Del lado aliado, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, puso la cifra que ordena todo el debate. Los aliados y Canadá han comprometido más de 10.000 millones de dólares a través de la Lista Priorizada de Necesidades de Ucrania —PURL, por sus siglas en inglés, el canal por el que los europeos compran armamento estadounidense para entregarlo a Kiev— y otros acuerdos de venta. Defensa antiaérea, misiles, munición y drones siguen siendo lo urgente.
Washington no discute el derecho de Ucrania a golpear dentro de Rusia. Discute qué golpes sirven y quién paga la siguiente tanda de misiles.
El reparto de carga: la factura europea de una guerra que decide Washington
Ese es el cambio de fondo que el choque del martes deja a la vista. Bajo el mandato de Donald Trump, las entregas de armamento estadounidense a Ucrania se financian cada vez más con dinero europeo y canadiense. El burden-sharing —el reparto de carga, la expresión consagrada en la jerga aliada— ha dejado de ser un debate sobre porcentajes del PIB para convertirse en algo más incómodo: quien paga quiere opinar sobre qué se compra y para qué se usa.
Para España, el asunto tiene dos caras. La primera es presupuestaria: el país sigue por debajo del 2% del PIB que los aliados se fijaron en Gales en 2014 y lejos del 5% acordado en La Haya en 2025 —3,5% de gasto militar puro y 1,5% de infraestructura y movilidad, con horizonte 2035—. Cada nuevo paquete de defensa antiaérea que se cierra en Bruselas presiona esa trayectoria. La segunda es industrial: Indra, Escribano, Navantia y Airbus España compiten por contratos en un mercado que la propia OTAN ha reordenado para comprar más rápido y, en la práctica, con proveedores estadounidenses en la primera línea.

Madrid ha aportado hasta ahora defensa antiaérea, munición, y carros de combate, además de adiestramiento de tropas ucranianas en Toledo. Es un esfuerzo real, aunque de segunda fila comparado con el de Berlín o Londres, y ahí está la incomodidad española: si el eje de la discusión se desplaza de «cuánto gastamos» a «qué objetivos autorizamos», España tendrá que tomar posición en un debate que hasta ahora le pasaba por encima.
La paradoja es evidente. Europa paga, pero no fija los blancos. Si la línea de Colby se consolida, los gobiernos europeos estarán financiando una estrategia que sus propios ministros de Defensa discuten en público.
La Lógica de Washington
Conviene entender qué problema intenta resolver Washington antes de traducirlo a clave europea. Colby no es un halcón arrepentido ni un crítico de Ucrania: es el principal referente de la escuela del restraint —la contención—, la corriente que sostiene que Estados Unidos debe priorizar el teatro del Indo-Pacífico y reducir su exposición en Europa. Su argumento no es que Ucrania no pueda golpear dentro de Rusia; el Pentágono no pidió abandonar esos ataques. Es que el esfuerzo debe reordenarse hacia la defensa de la línea de frente y los golpes de medio alcance contra la logística rusa, donde el retorno militar por misil gastado es mayor. No es una prohibición: es una reordenación de prioridades.
La coalición que sostiene esa posición es reconocible dentro del Partido Republicano: el ala que lleva una década pidiendo repartir la factura, más un electorado que respalda a Donald Trump por su promesa de no abrir guerras nuevas. La fórmula que satisface a ambos es la que está en vigor: Europa compra, Estados Unidos fabrica. El precedente histórico ayuda a situarlo. Barack Obama se negó entre 2014 y 2015 a enviar armamento letal a Ucrania por miedo a la escalada, y fue Trump quien rompió ese tabú en 2017 con los misiles Javelin. La lógica de contención que Colby aplica ahora a los drones de largo alcance es, curiosamente, la misma que defendió entonces una Casa Blanca demócrata.
El riesgo del análisis es doble. Primero, si Washington estrecha la lista de objetivos admisibles, asume la propiedad de la estrategia ucraniana sin asumir la responsabilidad del resultado: cada refinería intacta será una decisión americana. Segundo, el invierno juega contra ese reordenamiento. Rusia golpea la generación eléctrica ucraniana y cada sistema de defensa antiaérea adicional se paga con cargo a los mismos presupuestos europeos que ya financian los misiles comprados en Estados Unidos.
La proyección inmediata pasa por tres frentes. El militar, con la campaña de invierno contra la red energética ucraniana y el anuncio de Khmara de triplicar la capacidad de largo alcance en 2027. El financiero, con la próxima ronda de compromisos del mecanismo PURL, que los aliados revisan reunión a reunión. Y el político, con la próxima cita del Grupo de Contacto, aún sin fecha confirmada, en la que Europa volverá a sentarse frente a la misma pregunta: cuánto paga y cuánto opina.
Ficha del Caso
- El caso: El Pentágono cuestionó ante el Grupo de Contacto la utilidad de los ataques ucranianos de largo alcance; Alemania y Reino Unido replicaron en público y el choque reabrió el debate del reparto de carga en la OTAN.
- Datos clave: Más de 10.000 millones de dólares comprometidos por aliados y Canadá vía PURL; Ucrania prevé triplicar su capacidad de largo alcance en 2027; España sigue por debajo del 2% del PIB y el objetivo de La Haya es el 5% en 2035.
- Para España: Quien financia las armas quiere opinar sobre los objetivos. Madrid deberá decidir si mantiene la compra de material estadounidense o impulsa la industria europea y española en la próxima ronda de compromisos aliados.
