Sevilla ya tiene nueva defensora: el BOJA publica este jueves el nombramiento de Marta Bosquet Aznar como Defensora del Pueblo Andaluz.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El BOJA número 224 de 2026 publica el nombramiento de Marta Bosquet Aznar como Defensora del Pueblo Andaluz, cargo para el que fue elegida por el Pleno del Parlamento de Andalucía el 11 de noviembre.
- ¿Dónde y quién? La resolución la firma la presidenta de la Cámara, Ana María Mestre García, desde la sede del Parlamento en Sevilla. El Defensor es un comisionado del Parlamento, no del Gobierno autonómico.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Cambia el titular de la oficina gratuita a la que cualquier andaluz puede acudir para reclamar frente a la Administración autonómica. El servicio, los plazos y las vías de queja siguen igual.
La resolución está fechada el 12 de noviembre y lleva la firma de la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana María Mestre García. El texto invoca el artículo 4.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz y deja constancia de que la designación salió del Pleno de la Cámara el 11 de noviembre de 2026. Entre la votación y la publicación oficial han transcurrido ocho días.
El procedimiento tiene dos actos: el cese del titular saliente y la elección de quien lo releva. La Cámara andaluza, con 109 escaños y sede en Sevilla, es la competente para ambos. Lo es porque el Defensor no depende del Gobierno autonómico: es un comisionado del hemiciclo, elegido por los grupos que reúnen apoyo suficiente y responsable ante ellos, no ante un consejero.
Del Pleno al BOJA: así se formaliza el relevo
El BOJA número 224 de 2026 recoge la disposición en su apartado octavo. La publicación es el último trámite administrativo y el que convierte una votación parlamentaria en un nombramiento con efectos jurídicos. A partir de ahora, Bosquet firma resoluciones, abre expedientes de queja y representa a la institución ante la Cámara. Para el ciudadano que tiene un problema con un hospital público en Málaga, con una ayuda de la dependencia en Jaén o con una sanción autonómica en Córdoba, el cambio de firma no altera nada del servicio.
La Ley 9/1983 fija un mandato de cinco años y sitúa al Defensor como alta institución de la comunidad. Su función es supervisar la actuación de la Administración andaluza y proteger a los ciudadanos frente a ella. Puede emitir informes, recomendaciones y sugerencias, y eleva cada año una memoria al Pleno, que es el documento donde se mide el pulso real de la administración autonómica.
El servicio es gratuito y no exige abogado ni procurador. Esa es la parte más utilizada y, a la vez, la menos conocida: las quejas entran por vía telemática o presencial desde las ocho provincias andaluzas y muchas se cierran con una respuesta administrativa, sin llegar nunca a los tribunales.
Andalucía fue la primera comunidad de España en crear su propio Defensor del Pueblo, en 1983. Cuatro décadas después, el cargo cambia de manos con la misma ley.
Quién es Marta Bosquet y qué marcará su etapa
Bosquet no llega de fuera. Presidió la Cámara andaluza y, por tanto, conoce el edificio por dentro: los grupos, la Mesa, los servicios jurídicos y los tiempos del calendario parlamentario. Ese recorrido pesa en un cargo que vive del diálogo con la Administración y de la autoridad que le presta el Parlamento.
Su etapa arranca con frentes abiertos que suelen concentrar buena parte de las quejas ciudadanas: vivienda, listas de espera sanitarias, dependencia y financiación autonómica. La oficina no resuelve esos problemas de un día para otro, pero sí puede obligar a la Administración a explicarse por escrito y a corregir procedimientos que perjudican a miles de personas.

La Lectura Andaluza
Andalucía no copió este modelo: lo alumbró antes que nadie. La Ley 9/1983 convirtió a la comunidad en la primera de España con un defensor propio, cuando el resto de autonomías todavía discutía si hacía falta semejante figura. Cuatro décadas después, la institución conserva la misma lógica: un comisionado parlamentario que vigila al gobierno autonómico y escucha al ciudadano. El relevo no toca esa arquitectura, pero sí el tono con el que la oficina se dirigirá a la Junta y, sobretodo, a los diputados que cada año escuchan la memoria en el hemiciclo.
Para el lector, la lectura práctica es sencilla. Quien tenga un expediente atascado en un servicio público andaluz, sea en Sevilla, en Almería o en Huelva, sigue teniendo la misma puerta abierta y gratis, con el mismo formulario y el mismo plazo de respuesta. Lo que viene ahora es el primer informe anual de la nueva defensora ante el Pleno, el documento que fija prioridades y que los grupos usarán para preguntar en la Cámara. El cargo cambia de nombre y de firma; el teléfono al que llaman los andaluces con un problema sigue siendo el mismo.
