EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El GPP en la Asamblea de Madrid ha celebrado la primera sesión de la comisión de estudio sobre la Ley de Nietos y su impacto en el censo electoral.
- ¿Quién está detrás? Carlos Díaz-Pache (portavoz del GPP), con el aval de Isabel Díaz Ayuso, y cuatro expertos propuestos por PP, Más Madrid y Vox.
- ¿Qué impacto tiene? Sitúa el censo en el centro del debate a once días del 29-N y presiona al Gobierno con los 35.925 registros sin identificar ante el Tribunal Supremo.
El portavoz del GPP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, sitúa el censo electoral en el centro del debate político. Lo ha hecho tras la primera sesión de la Comisión de Estudio sobre el impacto de la Ley de Nietos en la Comunidad de Madrid, un órgano que el Grupo Parlamentario Popular impulsó y que quedó constituido el pasado 28 de octubre.
La advertencia del portavoz popular no es menor: afecta a la confianza en el sistema y a la limpieza de los procesos electorales. ‘El voto es un pilar básico de la democracia y las reglas del juego tienen que ser claras, con rigor y garantías’, ha subrayado ante los medios.
Y ha añadido un aviso directo al Gobierno central. ‘La nacionalidad española es un honor. No vamos a consentir que el Gobierno manosee la nacionalidad y utilice el censo para intentar ganar con trampas lo que teme perder en las urnas’, ha advertido.
Qué examina la comisión y por qué importa el censo
El órgano parlamentario no nació para discutir el reconocimiento de la nacionalidad española a quienes cumplen los requisitos legales. Nació para examinar cómo se están incorporando esos nuevos ciudadanos al censo electoral madrileño, y para hacerlo con datos en la mano.
La comisión de estudio analizará el número y la evolución de las adquisiciones de nacionalidad en la región, su distribución estadística, cuántas nacionalizaciones se han tramitado mediante la instrucción de Sofía Puente y, sobre todo, qué incidencia han tenido en en el censo. También examinará la evolución del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) desde la entrada en vigor de la norma.
Investigar el censo no es investigar a los nuevos españoles: es auditar que quien vota en Madrid tiene derecho a hacerlo.
El dato que presiona: 35.925 registros sin identificar
La primera sesión ha llegado con un dato encima de la mesa que ha añadido presión al debate. La Abogacía del Estado ha reconocido ante el Tribunal Supremo que, de los 153.648 registros de nacionalizados mediante la Ley de Nietos sometidos a comprobación, únicamente ha localizado 117.723 en el CERA. La diferencia asciende a 35.925 personas cuya situación censal no queda identificada en la documentación remitida al Alto Tribunal.

La ausencia de esas personas del CERA no demuestra por sí misma una irregularidad. Pueden figurar en el censo de residentes en España (CER), no haber accedido todavía al censo electoral o encontrarse en otras situaciones administrativas. Lo que la documentación no permite conocer es cómo se distribuyen exactamente esos 35.925 registros.
Por la comisión han pasado cuatro especialistas. A propuesta del PP comparecieron Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, expresidente de la Junta Electoral Central y magistrado jubilado del Tribunal Supremo, y Adolfo Prego de Oliver y Tolivar, también exmagistrado del Alto Tribunal. Por Más Madrid intervino María Eugenia Rodríguez Palop (UC3M); por Vox, Alejandro Macarrón Larumbe, coordinador del Observatorio Demográfico CEU-CEFAS.
El PSOE no estuvo en la constitución y calificó la iniciativa de ‘puesta en escena’ destinada, a su juicio, a ‘manipular al electorado, alimentar el miedo y sembrar desconfianza hacia ciudadanos españoles’. Frente a esa lectura, el grupo popular insiste en que el objeto no es el reconocimiento de la nacionalidad, sino la transparencia de los procedimientos.
El Eje del Poder Popular
Lo que observamos es una operación de control institucional con dos frentes. Por un lado, la Asamblea de Madrid se convierte en el escaparate desde el que el PP marca la agenda del censo, una competencia que afecta a la credibilidad del sistema electoral y que el partido no quiere dejar en manos del Gobierno central. Por otro, el movimiento aterriza en la federación madrileña que lidera Isabel Díaz Ayuso, la baronesa con más peso territorial del partido, y lo hace con un mensaje nítido: rigor y garantías frente a la opacidad.
El calendario aprieta. La constitución de la comisión el 28 de octubre y esta primera sesión llegan cuando faltan once días para el 29-N. La lectura estratégica es sencilla: el PP quiere llegar a esa fecha con la bandera de la limpieza democrática desplegada y con los papeles del Gobierno sobre la mesa.
La presencia de Vox en la comisión, con un perfil propio como el demógrafo Macarrón, y la ausencia del PSOE dibujan el eje de fuerzas. Génova no necesita sumar al partido de Abascal para sostener el argumento, pero la concurrencia de ambos grupos refuerza la mayoría que respalda la investigación. En paralelo, los expresidentes de la Junta Electoral Central y del Supremo aportan el aval técnico que otros discursos no siempre tienen. Los avales técnicos pesan.
El riesgo existe. La cifra de 35.925 registros es potente, pero no equivale a una irregularidad probada: el propio PP lo admite al aclarar que pueden estar en el CER u otras situaciones. Convertir una laguna documental en un fraude demostrado sería un error táctico, y el portavoz popular lo sabe. Ese equilibrio, alerta sin alarmismo y exigencia sin trampa, será la prueba de fuego de la comisión.
El precedente cuenta. Otras citas con el censo en juego vieron al PP comparecer con datos frente a las descalificaciones del adversario. Hasta ahora, esa partida la ha jugado con ventaja la formación popular por una razón elemental: cuenta con 11 comunidades autónomas y con la mayoría de los grandes ayuntamientos, es decir, con la maquinaria territorial para poner el asunto en la agenda nacional.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Rigor y transparencia en el censo frente a la opacidad del Gobierno central.
- Protagonista: Carlos Díaz-Pache (portavoz del GPP en la Asamblea de Madrid).
- Próximo hito: Nueva comparecencia de expertos en la comisión, con el 29-N a once días.

