La Audiencia Nacional avala el registro de la UCO en la casa de Ábalos en Valencia y descarta la vulneración de derechos fundamentales.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, ha desestimado el incidente de nulidad que la defensa de José Luis Ábalos presentó contra la entrada y registro que la UCO (Unidad Central Operativa, el cuerpo de élite de la Guardia Civil especializado en crimen organizado e investigación compleja) practicó en el domicilio del exministro de Transportes el 5 de noviembre. El magistrado concluye que la diligencia contó con autorización judicial expresa y que los agentes se ajustaron en todo momento a los límites fijados en la resolución.
El auto es contundente en ese punto: «No hay ninguna diligencia que se haya realizado que afecte a los derechos fundamentales del investigado y ninguna que suponga o pueda suponer indefensión», sostiene el instructor. Con ese argumento rechaza la petición de la defensa y mantiene la validez de todo el material intervenido, que queda incorporado a la causa principal.
Ábalos se encuentra ingresado en la prisión de Soto del Real, donde cumple condena por el denominado caso mascarillas, juzgado por el Tribunal Supremo. Su pareja, Andrea de la Torre, fue detenida durante el operativo del 5 de noviembre y quedó posteriormente en libertad.
Una autorización que cubrió vivienda, garajes y trasteros
El eje del recurso era formal. La defensa sostuvo que la entrada se había acordado dentro de una pieza separada declarada secreta y no en la causa principal en la que el exministro está personado, y que ni él ni su abogado recibieron notificación de la resolución que autorizaba la diligencia, pese a encontrarse en prisión.
Moreno desmonta esa lectura. Explica que la apertura de la pieza separada respondió a la necesidad de practicar diligencias urgentes solicitadas por los investigadores de la Guardia Civil y que la decisión se notificó a las partes personadas. Concluidas las actuaciones, se levantó el secreto y su contenido se incorporó al procedimiento principal, con acceso a la documentación a través de la sede judicial electrónica.
La resolución confirma que el registro contó con orden judicial expresa y que la UCO ejecutó la diligencia sin exceder ni un ápice los límites concedidos.
La orden judicial comprendía la vivienda y sus dependencias anexas: trasteros, garajes, plazas privadas de aparcamiento, locales, azoteas, cuartos de instalaciones y jardines, entre otros espacios. Para el instructor no hay margen para la nulidad: los agentes actuaron dentro de la autorización concedida.
La decisión supone un nuevo revés procesal para el exministro y despeja el camino para que la investigación continúe con el material obtenido durante el registro.
Los 65.000 euros y la Casa de Cerro del Murmullo
El registro se enmarca en una nueva línea de investigación del caso Koldo centrada en presuntas operaciones de blanqueo de capitales y en movimientos de dinero vinculados al entorno del exministro. En uno de sus informes, la UCO apunta a la posible intervención de Cristian Corvillo, también detenido durante el operativo y señalado por sus anteriores vínculos con el entorno de Pedro Sánchez.
Los investigadores sospechan que Ábalos habría recurrido a Corvillo para obtener fondos destinados a una operación inmobiliaria de su pareja. Según el informe policial, Andrea de la Torre recibió 65.000 euros el 12 de febrero de 2024 en concepto de préstamo, a través de una sociedad portuguesa vinculada a un tercero. La Guardia Civil sostiene que ese dinero se habría utilizado después para adquirir un inmueble conocido como Casa de Cerro del Murmullo, en el distrito madrileño de Vallecas.
El objetivo es esclarecer el verdadero origen de esos fondos y determinar si la operación inmobiliaria pudo servir para canalizar dinero relacionado con las actividades investigadas en el caso Koldo. Se trata, en cualquier caso, de hipótesis policiales pendientes de acreditación judicial.
El Contexto Operativo
La criminalidad económica es hoy una de las amenazas que más recursos consume en la instrucción judicial. El blanqueo de capitales figura entre los delitos económicos que más han crecido en la última década en España, según los balances del Ministerio del Interior, y su investigación exige diligencias rápidas, a menudo bajo secreto, para evitar la destrucción de pruebas. Ese es exactamente el escenario que describe el auto: una pieza separada abierta para practicar actuaciones urgentes a petición de los investigadores.
La Guardia Civil reserva a la UCO las investigaciones de mayor complejidad —tramas de corrupción, blanqueo, crimen organizado y delincuencia económica transnacional— y somete después todo su trabajo al escrutinio del juez instructor. En este caso, el magistrado ha validado tanto la autorización como el modo en que se ejecutó la entrada, incluidas las dependencias anexas del inmueble.
El criterio de Moreno se alinea con la doctrina habitual de la Audiencia Nacional, que exige autorización judicial expresa y motivada para qualquier entrada en domicilio y que, cuando ese requisito se cumple, respalda la actuación de los agentes frente a los cuestionamientos formales de las defensas. La resolución deja la causa en disposición de avanzar: el material del registro es ya plenamente utilizable y el juez mantiene abierta la línea sobre el origen de los 65.000 euros. La defensa puede recurrir en apelación ante la Sala de lo Penal, un trámite que no suspende la instrucción.

