Telefónica pierde la exclusiva del servicio universal de internet y la velocidad mínima se multiplica por diez

El reglamento entra en vigor el 1 de enero de 2027 y reparte la obligación entre todos los operadores con cobertura en cada zona. La CNMC deberá fijar el reparto de costes y extender las tarifas asequibles a los 800.000 hogares del Ingreso Mínimo Vital.

El servicio universal de internet sube a 100 Mbps en 2027 y deja de ser exclusivo de Telefónica. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que reparte entre todos los operadores la obligación de garantizar la conexión básica a un precio asequible. La norma entra en vigor el 1 de enero de 2027 y multiplica por diez la velocidad mínima exigida, que pasa de 10 a 100 Mbps.

Claves de la operación

  • Fin de la designación exclusiva. La CNMC llevaba casi 30 años señalando a Telefónica como única responsable del servicio. La última adjudicación vence el 31 de diciembre de 2026.
  • Velocidad mínima diez veces mayor. La banda ancha fija obligatoria pasa de 10 a 100 Mbps desde el 1 de enero de 2027, un salto que afecta a la calidad exigible en toda España.
  • Más beneficiarios de tarifas asequibles. Se suman los hogares perceptores del Ingreso Mínimo Vital, unos 800.000, además de pymes, microempresas y ONG.

Del monopolio de facto al reparto por cobertura

El texto rompe una lógica que llevaba tres décadas funcionando igual. Si un ciudadano en una zona sin interés comercial para los operadores solicitaba la conexión básica, la CNMC recurría siempre a la misma compañía. La falta de apetito del resto convirtió esa designación en una rutina administrativa que nadie discutía y que Telefónica asumía como un coste más de su condición de incumbente.

A partir del 1 de enero de 2027 el criterio cambia de raíz. Cada operador deberá atender las solicitudes que se produzcan en las zonas donde ya ofrece cobertura, de modo que el servicio universal deja de ser una carga exclusiva y pasa a ser una obligación compartida entre todos los que operan en el mercado. LaCNMC pierde la facultad de señalar a un solo responsable y gana, en cambio, la de vigilar a varios actores a la vez.

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Telefónica no sale del todo del perímetro. Mantiene la oferta vigente del Abono Social, con bonificaciones para jubilados y pensionistas que contraten una línea fija o una línea fija con conexión a internet. la operadora conserva el abono social para pensionistas aunque deje de ser la única puerta de entrada al servicio básico.

Quién paga los 100 Mbps que nadie ha presupuestado

La letra pequeña económica es la parte que el sector mira con más atención. No hay cifra pública del coste que asumirá cada compañía por atender esas solicitudes en municipios de baja densidad, y tampoco se conoce todavía cómo se compensará el esfuerzo a los operadores que se encuentren con más peticiones de las previstas. La CNMC tendrá que resolver ese reparto sin una metodología cerrada.

El otro frente es comercial. Las tarifas asequibles se amplían a las unidades de convivencia perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, alrededor de 800.000 hogares, y a microempresas, pymes y organizaciones sin ánimo de lucro. Si un operador no dispone de las tarifas que fija la CNMC, deberá aplicar un 25% de descuento a los beneficiarios del IMV respecto al precio medio de mercado. el descuento del 25% se convierte en la red de seguridad del sistema para quien no encuentre oferta específica.

Repartir la obligación entre todos suena a competencia, pero también puede sonar a que nadie la asume con entusiasmo cuando la zona no es rentable.

La ampliación de beneficiarios a pymes, microempresas, y ONG introduce un colectivo que hasta ahora quedaba fuera y que puede tensar las ofertas minoristas. Un autónomo con línea fija obligatoria por ley ya no dependerá de la buena voluntad comercial del operador de turno.

Telefónica cambia de rol, no de factura

Conviene situar la dimensión del cambio. Telefónica arrastra la condición de operador designado desde la apertura del mercado a finales de los noventa, cuando el servicio universal se concibió como contrapeso de la antigua posición dominante. Durante casi tres décadas, esa carga fue el precio político de haber sido el operador incumbente. Ahora el marco se invierte: el grupo presidido por Marc Murtra deja de ser el último recurso del Estado en telecomunicaciones y pasa a ser un operador más entre varios obligados.

La comparación con sus rivales en el mercado español ayuda a medir el desplazamiento. MasOrange, fruto de la integración de MasMóvil y Orange, y Vodafone España, bajo control de Zegona, compiten con Telefónica por el mismo cliente residencial, pero hasta ahora no cargaban con la obligación de cubrir lo que el mercado no cubre. Digi, con una estructura de costes más ligera, afronta el nuevo régimen sin haber construido la mayor parte de la red que utiliza en zonas dispersas. el reparto por cobertura cambia el mapa de obligaciones sin cambiar el mapa de infraestructuras, y ahí está el riesgo: quien no tiene red propia en un municipio pequeño no tendrá que atender la solicitud, pero tampoco podrá captar a ese cliente.

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En esta redacción entendemos que el movimiento del Gobierno tiene una lógica defendible, la de alinear el servicio universal con una realidad de mercado donde Telefónica ya no concentra la cuota que tenía en 1998. También tiene una contradicción evidente. Se multiplica por diez la velocidad exigida mientras se diluye la responsabilidad de quien debe prestarla, y no hay todavía un cálculo público del sobrecoste que eso representa para el conjunto del sector. La velocidad sube por decreto; la inversión, no.

El primer examen real llegará a lo largo de 2027, cuando las solicitudes de conexión en municipios rurales empiecen a circular entre varias compañías y se compruebe si alguna decide no ofrecer cobertura donde hoy no está. Para entonces la CNMC deberá tener resuelto el reparto de costes y el catálogo de tarifas asequibles. Si ambos llegan tarde, el usuario de la España vaciada habrá ganado 90 Mbps en el papel y seguirá esperando en el mismo punto.

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