La Junta licita por 22,3 millones la acogida de 160 menores inmigrantes en Almería y Granada

El contrato, dividido en dos lotes y con 13 meses de duración, reserva 32 plazas de primera acogida en Almería y 128 en Granada. Las ofertas se pueden presentar hasta el 9 de diciembre y no habrá financiación europea.

La Junta de Andalucía ha licitado por 22,3 millones de euros la acogida residencial de 160 menores inmigrantes no acompañados en Almería y Granada.

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) recoge la apertura del procedimiento, impulsado por la Consejería de Servicios Sociales, Familia e Igualdad a través de la fórmula del concierto social. El contrato tendrá una duración de 13 meses y, según detalla el expediente, no se financiará con fondos comunitarios.

160 plazas en dos lotes con el plazo abierto hasta el 9 de diciembre

El reparto es nítido. El primer lote reserva 32 plazas en Almería para recepción y primera acogida. El segundo concentra 128 en Granada: 32 de recepción y 96 orientadas a la inserción sociolaboral de los jóvenes tutelados. Las entidades interesadas tienen hasta el 9 de diciembre para presentar sus ofertas, y el anuncio no concreta todavía el calendario de adjudicación.

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No es una licitación aislada. La anterior de esta naturaleza puso en juego 440 plazas de acogimiento residencial para menores migrantes de entre 12 y 17 años bajo tutela autonómica en seis provincias —Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla— por 84,2 millones de euros. Antes, en agosto de 2024, la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad adjudicó otro contrato por 46,7 millones.

El marco legal, el coste por plaza y el pulso político

En paralelo, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido que los presupuestos aprobados no contemplan la creación de nuevas plazas ni centros para menores extranjeros no acompañados el próximo año, aunque sí mantener los recursos existentes conforme al marco legal vigente y actualizar sus costes cuando corresponda. El Ejecutivo autonómico mantiene además su rechazo, por vías legales y políticas, a nuevos mecanismos de reparto de menores entre comunidades autónomas.

El contrato cubre 160 plazas durante 13 meses: algo más de 139.000 euros por plaza para sostener la red de protección de Andalucía.

El debate político acompaña a cada expediente. El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha denunciado que el Gobierno andaluz «dilapidó» 12,2 millones de euros en 124 plazas de inserción sociolaboral en Almería, y sitúa en más de 290 millones el gasto destinado entre 2021 y 2024 a políticas de inclusión y convivencia, con un «efecto llamada» que atribuye a la falta de controles migratorios.

La formación de Abascal ha anunciado, en la misma línea, que el presupuesto sanitario incorpora una partida para reforzar las pruebas de determinación de edad en los servicios de urgencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que parte de los fondos de cooperación internacional se reorientarán a planes de retorno de menores a sus países de origen, con la reunificación familiar como finalidad declarada.

Mientras se dirime esa disputa, el concierto social sigue su curso administrativo. Es la fórmula por la que la Administración reserva plazas en fundaciones y asociaciones de infancia que asumen la atención residencial, educativa y sanitaria de los menores y ejecutan los itinerarios de inserción laboral. En Almería y Granada, esa red se traduce en equipos de educadores, integradores sociales y personal de apoyo, y en plazas escolares que se activan con cada acogida.

acogida menores inmigrantes

La Lectura Andaluza

El sistema de protección andaluz atiende a menores que llegan solos, sin familia y, en muchos casos, sin documentación. Cada plaza contratada equivale a un techo, un tutor, un colegio y una primera oportunidad laboral. Las 160 plazas de esta licitación suponen algo más de 139.000 euros por plaza a lo largo de los 13 meses de contrato: ese es el coste de mantener una red que en Almería y Granada se apoya en fundaciones y asociaciones de infancia, entidades que contratan educadores, integradores sociales y personal de apoyo. El gasto también es empleo cualificado en dos provincias con tasas de paro por encima de la media nacional, un detalle que rara vez aparece en el debate público.

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La comparación con la anterior licitación de 440 plazas y 84,2 millones, repartida entre seis provincias —Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla—, sitúa el volumen actual en algo más de la cuarta parte del anterior, con un perfil distinto: más inserción sociolaboral y menos primera acogida. Es decir, menos urgencia y más transición hacia la vida adulta, que es donde se juega la integración real de estos chavales.

La proyección es concreta. El plazo de ofertas cierra el 9 de diciembre; si la adjudicación se resuelve a lo largo de 2027, la cobertura alcanzaría hasta bien entrado 2028. En paralelo, el Parlamento de Andalucía seguirá fiscalizando el modelo de acogida, sobre el que la Junta ya ha anunciado su oposición a nuevos mecanismos de reparto entre comunidades autónomas. Andalucía lleva años haciendo este trabajo sin focos. La pregunta no es cuánto cuesta una plaza; es cuánto costaría no tenerla.

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