Energía, infraestructuras y autonomías: las nuevas puertas giratorias del pacto silencioso entre PP y PSOE

Ni PP ni PSOE han firmado nada, y precisamente por eso el reparto funciona: no hay papel que romper ni cláusula que exigir. El mecanismo consiste en que quien gobierna coloca a los suyos en las presidencias y en los puestos ejecutivos de las empresas de capital público, mientras la oposición no veta a los pesos pesados del contrario y aguarda su turno. El resultado es un trasvase continuo de exministros, exsecretarios de Estado y exdiputados hacia consejos de administración y filiales, con independencia de quién ocupe Moncloa.

El criterio es doble. Primero se han revisado los consejos y las presidencias de sociedades con capital público —Redeia, con un 20% en manos de la SEPI, Enagás, Aena, Renfe o Paradores— para ver cuántos de esos sillones ocupan antiguos cargos políticos. Después, el ámbito autonómico, donde las empresas de agua, residuos y transporte metropolitano repiten el intercambio: cargos para unos y abstenciones para otros. La escala la marca el IBEX 35, donde un consejero externo ronda los 120.000 euros anuales por el hecho de formar parte del consejo, frente al sueldo del presidente del Gobierno.

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El pacto de no veto: cuotas cruzadas para que ningún peso pesado quede fuera de la empresa pública

Felipe González

El pacto no figura en ningún documento y por eso no se puede incumplir formalmente. Funciona así: el partido que gobierna propone a los suyos para las presidencias y los puestos ejecutivos, pero no veta a los nombres que la dirección rival quiere sentar en el consejo, y la oposición no bloquea al candidato del Gobierno. Redeia, con un 20% del capital en manos de la SEPI, es el caso mejor documentado: cuando en 2021 tocó renovar tres sillones, Ferraz y Génova hablaron del asunto, según desveló Vozpópuli, y el reparto respetó las cuotas. Alberto Carbajo, director general de Minas con Felipe González, actuaba como cuota socialista en un consejo cuyas renovaciones se habían hecho bajo gobiernos del PP, mientras Arsenio Fernández de Mesa, exdirector general de la Guardia Civil con Rajoy, cubría la cuota popular. Enagás muestra el mismo equilibrio con más descaro: dos exministras del PP, Isabel Tocino y Ana Palacio, y dos del PSOE, José Montilla y José Blanco, sentados en la misma mesa y presentados como independientes tras el informe de una consultora externa.

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Lo que hace relevante este elemento es que el equilibrio se está rompiendo por los dos flancos. El reparto se ha ampliado más allá del bipartidismo: en la remodelación de Redeia de junio de 2025 entraron Arancha González Laya —exministra de Exteriores, que ocupó la vacante de un consejero vinculado al PP—, la economista Natalia Fabra y el ex alto cargo de ERC Albert Castellanos; Junts tiene a Oriol Pinya en Indra, a Ramon Tremosa en Aena y a Eduard Gràcia en Renfe. A la vez, el PP sostiene que la regla no escrita ya solo se aplica en su contra: de una treintena de puestos clave en los organismos económicos apenas conserva dos, y su programa electoral promete revisar los criterios de designación de casi 30 consejeros de Indra, Telefónica, Redeia, Enagás o Aena. Un sillón en el consejo de Redeia ronda los 175.000 euros anuales, y la Fundación Hay Derecho ha cuestionado en su informe Dedómetro la idoneidad técnica de varios de esos nombramientos, como el de la propia González Laya, sin experiencia en el sector energético.

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