El convenio del Canal de Navarra aplaza a 2055 la devolución de los 77 millones de euros que adelantó la Comunidad foral a la sociedad pública CANASA. El Consejo de Ministros autorizó el texto este martes, 17 de noviembre, y el Ejecutivo navarro prevé ratificarlo en la sesión de este miércoles.
El acuerdo desbloquea el paso previo a la licitación de la segunda fase del canal, el tramo Pitillas-Ablitas, que debe llevar el agua hasta la Ribera. Según la nota del Gobierno central, el convenio ‘actualiza el marco jurídico, técnico y financiero de colaboración entre ambas administraciones’ y fija las condiciones para continuar el desarrollo de una infraestructura declarada de interés general.
Qué fija el convenio para la segunda fase del canal
El presupuesto total del proyecto asciende a 850 millones de euros, sin IVA ni gastos financieros. De esa cantidad, 495,6 millones corresponden a actuaciones ya ejecutadas —la primera fase, su ampliación y las centrales hidroeléctricas asociadas— y los 354,4 millones restantes a la segunda fase, aún pendiente de licitación y de ejecución.
El modelo de financiación compartida se mantiene. La mitad de la inversión de la segunda fase, 177 millones, la asume CANASA, participada al 60% por el Estado y al 40% por la Comunidad foral. Para completar esa mitad, ambas administraciones deben aportar 63,3 millones: 38 millones el Estado y 25,3 millones el Ejecutivo navarro. La otra mitad se cubrirá con préstamos bancarios cuya amortización se abonará con las tarifas de los usuarios del agua, es decir, regantes, abastecimientos e industrias.
El calendario de devolución del préstamo de 77 millones
El préstamo nació en 2013. El Parlamento de Navarra aprobó entonces que el Gobierno foral concediera 77 millones a CANASA bajo la denominación de usos expectantes, con los votos a favor de UPN, PSN y PP. La Ley Foral 35/2013, de 26 de noviembre, fijó la devolución en catorce anualidades, de modo que la aportación se ha ido cubriendo entre 2013 y 2026.
El convenio reordena ese calendario: la devolución empezará en 2055 y terminará en 2068, 28 años después de lo inicialmente previsto. La vigencia del acuerdo se extiende 42 años, ‘en atención al periodo necesario para recuperar los costes de las inversiones y cumplir los compromisos a largo plazo asumidos por las dos administraciones’, según la nota del Ejecutivo central.
El texto traslada el retorno del préstamo foral casi tres décadas y ata la vigencia del acuerdo al periodo de recuperación de las inversiones, hasta 2068.
Otra pieza del texto afecta a las dos centrales hidroeléctricas del canal. Su cesión a CANASA se pactó en 2003 con carácter temporal y vencía el 13 de enero de 2036. Las instalaciones costaron 27 millones de euros y han aportado 99 millones de euros de ingresos a la sociedad pública hasta 2025, según la exposición parlamentaria de Geroa Bai, que situó en ‘no menos de 50 millones’ lo que se sumará hasta esa fecha. El convenio extiende ese flujo de ingresos hasta 2068.
La medida contrasta con la posición que la Cámara foral fijó el 1 de octubre de 2026, cuando aprobó una moción de Geroa Bai que instaba al Gobierno de Navarra a no prorrogar la cesión y a destinar esos fondos a municipios afectados por la infraestructura. La iniciativa salió adelante con el apoyo de todos los grupos excepto PP y Vox.
El precedente de la primera fase y los hitos pendientes
La infraestructura fue declarada de interés general por la Ley 22/1997, de 8 de julio. Desde entonces se financia con un esquema mixto: el Estado asume el 60% a través de CANASA y la Comunidad foral el 40%. Ese reparto se aplicó a la primera fase, a su ampliación y a las centrales, que suman 495,6 millones ya ejecutados, y ahora se replica en el tramo Pitillas-Ablitas. La aportación navarra no llega por la vía del cupo —instrumento propio del Concierto económico vasco—, sino mediante su participación en la sociedad y el préstamo de 77 millones.
El siguiente hito es administrativo. Tras la ratificación de el Gobierno de Navarra, el convenio debe ser firmado por representantes de las dos administraciones; solo después la sociedad pública podrá licitar las obras de la segunda fase, valoradas en 354,4 millones de euros. El texto no concreta fechas para esa licitación.
Mientras tanto, la devolución del préstamo queda aplazada hasta 2055 y los ingresos de las centrales seguirán alimentando las cuentas de CANASA durante cuatro décadas más. La firma del convenio y la posterior licitación del tramo Pitillas-Ablitas marcan el calendario inmediato de un proyecto cuyo coste total roza los 850 millones.

