El Tribunal Supremo exige a Interior certificar la seguridad del DNI digital para el voto del 29-N

La Sala de lo Contencioso da 48 horas a la directora general de Política Interior para certificar los controles del Esquema Nacional de Seguridad sobre los lectores del 29-N. El tribunal decidirá después sobre la suspensión pedida por Iustitia Europa.

El Tribunal Supremo ha dado dos días al Ministerio del Interior para acreditar la seguridad de los 61.603 dispositivos de identificación con DNI digital previstos para el 29-N.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó el martes 17 de noviembre una providencia en la que reclama a la directora general de Política Interior, adscrita al Ministerio del Interior, que certifique si se han practicado «los controles de seguridad exigidos» sobre los lectores contratados para verificar la identidad de los electores mediante la versión digital del documento. El plazo concedido es de dos días: la respuesta debe constar en el Alto Tribunal antes del jueves 19 de noviembre.

La resolución no entra en el fondo. El tribunal pide la certificación antes de decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa, que reclama la suspensión del sistema. Si la acreditación es afirmativa, el Supremo exige además «la documentación técnica justificativa de la verificación y control de seguridad» prevista en el Esquema Nacional de Seguridad, el marco que fija los requisitos mínimos de protección de los sistemas de información del sector público.

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El Tribunal Supremo requiere a Interior que certifique los controles de seguridad de los dispositivos de identificación con DNI digital.
  • ¿Dónde y cuándo? Sala de lo Contencioso-Administrativo, providencia del martes 17 de noviembre de 2026; respuesta antes del jueves 19.
  • ¿Qué resultado? Dos días de plazo para acreditar la seguridad de 61.603 lectores y siete millones de euros de inversión antes del 29-N.

El despliegue tiene dimensión económica y logística. El Ejecutivo ha invertido siete millones de euros en los lectores que se instalarán en las mesas electorales para comprobar la identidad de quienes opten por el DNI electrónico. La herramienta que canaliza ese uso es MiDNI, la aplicación que permite acreditarse y votar con el documento digital, cuya suspensión acordó en su día la Junta Electoral Central y que el organismo levantó después.

Iustitia Europa impugna ese último acuerdo y sostiene que el sistema no ofrece garantías suficientes para la cita del domingo 29 de noviembre. La organización ha acompañado su recurso con documentación oficial y pruebas periciales, y reclama que se paralice el procedimiento mientras no se acredite la solvencia técnica de los dispositivos.

El DNI electrónico lo expide la Policía Nacional con certificados criptográficos homologados, el mismo documento que el Esquema Nacional de Seguridad somete ahora a verificación técnica.

«Llevamos meses defendiendo las garantías electorales con trabajo jurídico, documentación oficial y pruebas periciales», ha señalado Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, tras conocer la providencia. El documento que da soporte al sistema, el DNI electrónico, lo expide la Policía Nacional a través de su División de Documentación e incorpora medidas antifalsificación homologadas conforme a los estándares internacionales.

Dos días para certificar los controles del Esquema Nacional de Seguridad

La providencia es breve y delimita el terreno. El tribunal no discute el uso del DNI digital en las urnas: exige la acreditación documental de que los dispositivos han superado los controles que la normativa impone a cualquier sistema de información de la administración. La certificación debe ser expresa y, si es afirmativa, acompañarse de la documentación técnica que la respalde.

El marco de referencia es el Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por el Real Decreto 311/2022 y de obligado cumplimiento para todo el sector público. La norma clasifica los sistemas en tres categorías —básica, media y alta— en función del riesgo y del impacto potencial de un incidente, y exige auditorías periódicas, análisis de vulnerabilidades y planes de contingencia. Es el mismo esquema que se aplica a los sistemas de la Administración General del Estado y a los servicios esenciales que dependen de ellos.

La Dirección General de Política Interior dispone de 48 horas para remitir la certificación. El Supremo resolverá después sobre la suspensión cautelar, de modo que la respuesta técnica condiciona la decisión procesal.

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Del acuerdo de la Junta Electoral Central al requerimiento del Supremo

La secuencia arranca en la Junta Electoral Central. El organismo había suspendido el uso de MiDNI y, en un acuerdo posterior, levantó esa suspensión, lo que abrió la puerta a la identificación digital en las mesas. Iustitia Europa pidió la corrección de ese acuerdo y llevó el asunto a la vía contencioso-administrativa con una petición de medidas cautelares que incluye la paralización del sistema.

Ministerio del Interior

Los números del dispositivo explican la relevancia del caso. Se han contratado 61.603 lectores con una inversión de siete millones de euros, una cifra que equivale prácticamente a un lector por mesa electoral, en línea con las más de 60.000 mesas que se constituyen en unos comicios generales. La cita del domingo 29 de noviembre será el primer ensayo a gran escala de verificación digital de identidad en unas elecciones españolas.

La organización recurrente sostiene que la identificación digital debe superar un escrutinio técnico previo y que la carga de la prueba corresponde a la administración que impulsa el sistema. El Alto Tribunal no ha validado ni rechazado ese argumento: se ha limitado a reclamar el expediente técnico antes de pronunciarse.

El contexto institucional

El uso del DNI digital en las urnas se enmarca en una tendencia de fondo: la digitalización de los procedimientos administrativos y la consiguiente exposición a riesgos de suplantación de identidad y manipulación de sistemas. La ciberseguridad electoral ha dejado de ser un asunto teórico en toda la Unión Europea, donde los organismos de respuesta ante incidentes han registrado campañas dirigidas contra infraestructuras administrativas en los últimos años.

El respaldo institucional del sistema es sólido. El DNI electrónico es un documento expedido por la Policía Nacional con certificados criptográficos y elementos de seguridad homologados, y el Esquema Nacional de Seguridad fija las categorías de protección que ahora el Supremo quiere ver documentadas. La norma es de obligado cumplimiento para todo el sector público desde su primera versión, aprobada en 2010 y actualizada en 2022.

A ello se suma el despliegue operativo habitual. El Ministerio del Interior moviliza en cada cita electoral a decenas de miles de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para custodiar el material, proteger los locales y garantizar el normal desarrollo de la jornada. Ese dispositivo se completa con el trabajo de la Junta Electoral Central y de las juntas provinciales en la fiscalización del voto.

La película procesal es corta. Recibida la certificación, la Sala resolverá sobre la suspensión cautelar, previsiblemente antes de la cita electoral. Quedan once días para el 29-N y el orden de las comprobaciones ya está fijado por el Alto Tribunal.

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