El Tribunal de Cuentas ha dictado este miércoles un auto por el que acuerda impulsar el nombramiento de un delegado instructor para investigar las posibles responsabilidades contables derivadas de la creación de dos puestos de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz. Uno el de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno y otro el de Luis María Carrero Pérez, apodado «hermanito» por el propio Sánchez.
Iustitia Europa, bajo la dirección letrada de su presidente, Luis María Pardo, ejercitó la acción pública en julio de 2026, solicitando la exigencia de las responsabilidades contables que pudieran derivarse de los hechos recogidos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 14 de julio de 2026, siendo formalmente reconocida como actor público mediante diligencia de ordenación de 2 de septiembre.
La resolución, dictada en el procedimiento de Acción Pública B158/2026, coincide con el criterio del Ministerio Fiscal y establece expresamente en su fundamento jurídico tercero que las denuncias se refieren a «presuntos pagos carentes de justificación cuya sola posibilidad hace necesaria la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos».
Luis María Pardo ha manifestado que «cada euro de dinero público debe estar justificado. Quienes hayan causado un perjuicio económico a las arcas públicas deben responder con su patrimonio. Vamos a exigir todas las responsabilidades contables que correspondan y haremos que el dinero público indebidamente percibido vuelva a las arcas públicas. Ese dinero pertenece a los españoles».
La parte dispositiva del auto acuerda elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor, encargado de practicar las diligencias previstas en el artículo 47.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Esta fase permitirá investigar los hechos, cuantificar el eventual perjuicio económico, identificar a los presuntos responsables y practicar, en su caso, la liquidación provisional del alcance, así como requerir el depósito o afianzamiento de las cantidades correspondientes y acordar medidas de embargo para garantizar su reintegro.
«Vamos a llegar hasta el final. La acción pública permite a la sociedad civil fiscalizar al poder, combatir la corrupción y exigir que quienes hayan ocasionado un perjuicio económico al Estado respondan con su propio patrimonio. Desde Iustitia Europa impulsaremos todas las actuaciones procesales necesarias para recuperar hasta el último euro de dinero público indebidamente percibido», ha añadido Pardo, que celebra este nuevo avance judicial y reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción, la exigencia de responsabilidades patrimoniales, la transparencia institucional y la recuperación del dinero de los españoles
