La Diputación de Valencia aprueba negociar la cesión del Teatro Principal con los votos del PSPV y de Ens Uneix. El PP de Vicent Mompó y Vox se quedan fuera de la foto.
El telón lleva bajado desde septiembre. El Teatro Principal de Valencia cerró por motivos de seguridad un día después de presentar su programación, obligó a reubicar de urgencia toda la temporada anunciada y dejó sobre la mesa una rehabilitación que supera los 50 millones de euros. La corporación provincial no puede pagar sola ese edificio. Y nadie quiere decirlo en voz alta con la factura en la mano.
Qué ha aprobado el pleno de la Diputación y qué significa ceder la titularidad del Teatro Principal
El pleno de esta semana sacó adelante la moción socialista que pedía impulsar el plan de restauración y crear un espacio interadministrativo con la Generalitat, el Gobierno de España, y el Ayuntamiento de Valencia para pactar «un marco estable de financiación plurianual compartida. La enmienda de Ens Uneix fue un paso más: en esa mesa se debe negociar también «la transmisión de la titularidad» del coliseo, con la fórmula jurídica y patrimonial que resulte procedente.
Natalia Enguix, vicepresidenta de la Diputación y socia de Mompó en el gobierno provincial, defendió el giro con un argumento de caja. Los recursos de la institución «son limitados» y el coste de la rehabilitación integral es una «cantidad excesiva para un teatro que se utiliza la mayor parte de los días por la Generalitat». Su propuesta: que la Diputación financie los dos millones del proyecto de ejecución del plan director y mantenga el seguimiento de las obras, pero que «ha llegado el momento de reorientar» el gasto destinado al Principal.
El primer movimiento de Mompó, cuando el teatro echó el cierre, fue mirar hacia Madrid: una carta al Ministerio de Cultura pidiendo auxilio. La Diputación asume sola un edificio que usan todos y paga uno. Ese es el nudo del asunto, y explica por qué el socio provincial del PP ha votado junto al grupo socialista en un asunto de patrimonio.
No es la primera vez que la titularidad se pone encima de la mesa. A los pocos días del cierre, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, recogió el guante con condiciones: comprar un tercio de la propiedad, una operación compleja cuyo precio habría que pactar. La idea fue escuchada también por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. De ahí a firmar hay un trecho, y el trecho se mide en millones.
La factura del Teatro Principal no desaparece con la cesión: solo cambia de manos y de administración que la firma.
El PP pide reflexión, Catalá pone precio y Vox habla de trascendencia institucional
Mompó no comparte el paso dado. El presidente de la Diputación considera que el cambio de titularidad merece «una reflexión mucho más profunda» y no cree que pueda resolverse en una «moción política». «No hay que trasladar inseguridad» a un sector que ya ha sufrido un revés importante, argumentó. Vox le cubrió el flanco al advertir de una «enorme trascendencia institucional» en la decisión.

Hay tres lecturas y las tres conviven. La primera es de caja: 50 millones no caben en el presupuesto corriente de una diputación. La segunda es de uso: quien programa el teatro casi a diario es la Generalitat, y quien responde del inmueble es la provincia. La tercera es política: el PP valenciano tiene dos voces sobre el mismo escenario, la de la alcaldesa que quiere comprar un tercio y la del presidente provincial que prefiere esperar.
A eso se suma un detalle que incomoda en el Palau de la Batlia. La cesión la ha puesto en marcha el socio de gobierno del PP, no la oposición: Ens Uneix enmendó una moción socialista para llevarla más lejos de lo que Mompó deseaba. El pacto provincial aguanta, pero cada uno marca su terreno. Si no hay acuerdo entre administraciones, el escenario que queda es el peor para todos: un teatro cerrado y una obra sin financiar.
El Escenario Valenciano
La política valenciana lleva meses midiéndose en edificios. El Consell de Pérez Llorca y el Ayuntamiento de Catalá comparten color político, pero no siempre criterio, y la Diputación es el tercer vértice donde el PP gobierna con un socio de agenda propia. Ens Uneix ha demostrado esta semana que su apoyo tiene precio programático: no rompe el pacto, lo condiciona. La oposición socialista, mientras, ha encontrado en el teatro un tema de gestión que además funciona como relato, el de la cultura como servicio público y no como factura heredada. La negociación que ahora se abre necesitará acuerdos que la corporación tendrá que ratificar, y ninguna administración ha puesto aún cifra a su parte.
La dimensión nacional la aporta el Ministerio de Cultura, destinatario de la primera carta de auxilio, y la aporta un precedente que en España funciona desde hace décadas: el Teatro Real se gestiona mediante un consorcio público entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid, con patronato y aportaciones repartidas. No es un caso idéntico, pero demuestra que la fórmula existe y que la política cultural española sabe compartir titularidad cuando quiere. Aquí, de momento, solo hay una enmienda y tres administraciones mirándose.
Ficha del Caso
- El caso: el Teatro Principal de Valencia lleva cerrado desde septiembre por motivos de seguridad y su rehabilitación supera los 50 millones de euros, una carga que la Diputación considera inasumible en solitario.
- Datos importantes: el pleno aprueba negociar la transmisión de la titularidad a la Generalitat y al Ayuntamiento; la Diputación asumiría los dos millones del proyecto de ejecución del plan director; Catalá reclama un tercio de la propiedad.
- Resumen: el PP queda dividido entre comprar, esperar o ceder, Ens Uneix marca perfil propio y el teatro sigue sin fecha de reapertura ni de financiación cerrada.

