El AI Act europeo obliga a alfabetizar en IA y a formar al profesorado en sesgos y protección de menores

El artículo 4 del reglamento europeo no impone un curso homologado, pero sí exige que cada centro pueda demostrar que su claustro entiende límites, sesgos y privacidad. La formación permanente sigue en manos de las comunidades autónomas.

El AI Act obliga a los centros educativos a garantizar la alfabetización en IA de su profesorado desde febrero de 2025.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha cambiado? El artículo 4 del Reglamento (UE) 2024/1689 exige que quienes usan sistemas de inteligencia artificial tengan conocimientos suficientes sobre sus posibilidades, límites y riesgos. Es aplicable desde el 2 de febrero de 2025.
  • ¿Quién lo ha decidido? El Parlamento Europeo y el Consejo, con entrada en vigor el 1 de agosto de 2024. En España, la supervisión corresponde a la AESIA.
  • ¿A quién afecta? Al profesorado de enseñanzas no universitarias, que ronda las 800.000 personas según el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, y a los centros que despliegan estas herramientas.

Qué exige el reglamento europeo a los centros educativos

El Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como AI Act (la norma europea que regula el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial), se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de julio de 2024 y entró en vigor el 1 de agosto de 2024. No es una directiva: se aplica de forma directa en los 27 Estados miembros sin necesidad de transposición.

Su artículo 4, dedicado a la alfabetización en inteligencia artificial, es aplicable desde el 2 de febrero de 2025. El texto obliga a los proveedores y a los responsables del despliegue de sistemas de IA a adoptar medidas para que el personal que trabaja con estas herramientas tenga un nivel suficiente de comprensión de sus posibilidades, limitaciones y riesgos.

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La norma no impone un curso concreto ni exige un certificado homologado. Lo que pide es que la formación se adapte a los conocimientos previos, la experiencia y el contexto de uso de cada persona. Un docente que emplea un generador de textos no necesita la misma base que un equipo directivo que gestiona datos de alumnado con sistemas automatizados.

El reglamento tampoco fija un temario común. En la práctica educativa, la alfabetización se traduce en cuatro frentes: las respuestas erróneas de los modelos, los sesgos de los datos con los que se entrenan, la privacidad de la información que se introduce en las herramientas y la protección de menores. A eso se suma la LOPIVI (Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia), que obliga a los centros a disponer de protocolos frente a la violencia digital.

A quién afecta: docentes, centros y comunidades autónomas

El impacto es amplio. Según las estadísticas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, el profesorado de enseñanzas no universitarias ronda las 800.000 personas, desde infantil hasta formación profesional. A ellos se suman los equipos directivos, los coordinadores digitales y el personal que utiliza sistemas automatizados de matrícula, evaluación o vigilancia de exámenes.

El AI Act no exige un título ni un curso homologado: pide que cada docente comprenda qué puede hacer la IA y qué riesgos asume el alumnado.

La formación permanente del profesorado corresponde a las comunidades autónomas. El Estado fija la ordenación general y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte publica el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente, actualizado por el INTEF en enero de 2022, que organiza la capacitación en seis áreas y seis niveles. La alfabetización en IA encaja en el área de uso de herramientas digitales, pero ninguna administración ha homologado un itinerario único.

Parte de la oferta disponible llega de entidades de formación, algunas con acreditación universitaria o con convocatorias acogidas a FUNDAE (la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo). Esa vía permite documentar objetivos, contenidos y participantes, una trazabilidad que los centros empiezan a considerar de cara a futuras exigencias de supervisión.

alfabetización en IA

El Marco Educativo

El marco de referencia es el Reglamento (UE) 2024/1689 y su artículo 4, de aplicación directa en España. La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) ya incorpora la competencia digital en el currículo de primaria y secundaria, y la LOSU (Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario) sitúa la formación docente entre las funciones del profesorado universitario. El reparto competencial es el habitual: el Estado fija la ordenación general y las comunidades autónomas desarrollan y financian la formación permanente.

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En la supervisión, el reglamento se apoya en las autoridades nacionales. En España esa función corresponde a la AESIA (Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial), cuyo estatuto se aprobó mediante el Real Decreto 729/2023, de 22 de agosto. En el ámbito educativo no existe un temario estatal único: el Ministerio remite a los planes autonómicos, las universidades abordan la cuestión en sus propios planes de formación docente y las entidades especializadas cubren la demanda con cursos de distinto alcance.

El calendario del reglamento sigue avanzando. Las obligaciones para los sistemas de alto riesgo del anexo III, entre los que figuran los empleados para admitir alumnado o evaluar su aprendizaje, son exigibles desde el 2 de agosto de 2026. El 2 de agosto de 2027 llegará el turno de los sistemas integrados en productos regulados del anexo I. El propio reglamento contempla una revisión posterior por parte de la Comisión Europea, y el curso 2026-2027 avanza sin un certificado estatal de alfabetización en IA.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: el artículo 4 del Reglamento (UE) 2024/1689 obliga a que el personal que trabaja con inteligencia artificial comprenda sus posibilidades, límites y riesgos, sin imponer un curso ni una acreditación concretos.
  • Por qué importa: traslada a los centros educativos la carga de documentar la formación de su claustro en sesgos, privacidad y protección de menores, en un marco que se aplica de forma directa en toda la Unión Europea.
  • A quién le importa: a los cerca de 800.000 docentes de enseñanzas no universitarias, a los equipos directivos y coordinadores digitales y a las familias que reclaman garantías sobre el uso de datos de menores en el aula.
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