Bruselas abre la vía a una nueva multa a Temu por incumplir el DSA y vender productos ilegales

La Comisión concluye de forma preliminar que los controles de la plataforma china son insuficientes y que su sistema de sanciones no disuade a los vendedores. La sanción potencial alcanza el 6% de una facturación mundial superior a los 80.000 millones.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ha concluido de forma preliminar que Temu incumple el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) por controles ineficaces, moderación deficiente y un sistema de sanciones que no disuade a los vendedores.
  • ¿Quién está detrás? El expediente lo instruye la DG CONNECT y lo ha presentado la vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen. La plataforma, designada VLOP en mayo de 2024, rechaza las conclusiones y pide una salida negociada.
  • ¿Qué impacto tiene? La sanción potencial alcanza el 6% de la facturación mundial de la compañía, más de 80.000 millones de euros de ingresos. En España, ANGED cifra en 8.300 los empleos valencianos en riesgo por la competencia de plataformas asiáticas.

Bruselas abre la puerta a una nueva multa a Temu por el DSA: sus controles no frenan la venta de productos ilegales.

La Comisión Europea ha concluido de forma preliminar que la plataforma de comercio electrónico incumple el Reglamento de Servicios Digitales al no haber desplegado medidas efectivas para evitar la venta de productos ilícitos en su portal. El Ejecutivo comunitario detecta controles ineficaces para verificar el cumplimiento de la normativa, un sistema de moderación al que califica de deficiente y un esquema de sanciones que tampoco funciona. Temu discrepa y asegura que aplica medidas de control efectivas.

El expediente no llega por sorpresa. Llega después de meses de seguimiento y de una sanción previa que Bruselas consideró insuficiente para cambiar el comportamiento de la compañía. ‘Comprar online no debería suponer el riesgo de adquirir productos ilegales o inseguros’, ha señalado Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia. ‘Las plataformas tienen la responsabilidad de proteger a los usuarios frente al riesgo que representan los contenidos y productos ilegales’, añade.

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Conviene precisar qué exige el Reglamento de Servicios Digitales, la norma que Bruselas emplea como base jurídica. El DSA —la ley europea que obliga a las grandes plataformas a retirar contenidos y productos ilícitos, con obligaciones reforzadas para las denominadas VLOP, plataformas de muy gran tamaño— no persigue al vendedor individual: exige al intermediario que diseñe sistemas de detección, trazabilidad y sanción proporcionados al riesgo. Temu fue designada plataforma de muy gran tamaño en mayo de 2024 y desde entonces opera bajo esa exigencia reforzada.

Sobre el papel, la plataforma tiene mecanismos de control. El problema, según la nota comunitaria, es que no verifican de forma suficiente si los productos cumplen los requisitos de seguridad de la UE. Temu exige a los vendedores informes de test realizados sobre una parte muy pequeña del catálogo y en ocasiones ni los comprueba cuando se los reclama. Tiene identificadas categorías de alto riesgo —juguetes, electrónica, cosmética— pero no las prioriza en las inspecciones. Tampoco hace seguimiento de las inspecciones aleatorias que ejecuta, ni las multiplica pese a gestionar cada vez más productos.

En moderación ocurre algo parecido. La vigilancia resulta insuficiente y la plataforma pone más empeño en que las fichas cumplan sus términos y condiciones que en que los artículos sean seguros. Tampoco ha ampliado la plantilla de control en proporción al catálogo. El tercer agujero es el más relevante en términos jurídicos: las sanciones se aplican a tiendas individuales y no al comerciante que está detrás, de modo que un mismo vendedor con varias tiendas puede perder una y seguir operando con las demás. Puede acumular un gran número de infracciones graves, incluidas las de productos que no superan los controles de seguridad, sin que lo suspendan.

El problema no es que Temu venda un producto ilegal, sino que su arquitectura permite al vendedor reabrir la tienda al día siguiente con otro nombre.

La plataforma dispone ahora de un periodo de alegaciones. La Comisión tratará el caso con el organismo de coordinación de servicios digitales del Estado miembro competente y el expediente puede cerrarse con una sanción de hasta el 6% de la facturación mundial de la compañía, que superó los 80.000 millones de euros el año pasado. El precedente inmediato es la multa de 200 millones impuesta el pasado mes de mayo por la venta de artículos ilegales, entre ellos juguetes tóxicos y cargadores inseguros. Temu ‘discrepa respetuosamente’ de las conclusiones preliminares y confía en alcanzar una ‘resolución amistosa’.

El comercio valenciano pone cifra al desgaste: 8.300 empleos en riesgo

Temu Bruselas sanción

El expediente no se queda en Bruselas. La patronal de la gran distribución ANGED ha cifrado en 8.300 empleos valencianos los que estarían en riesgo por el avance de las plataformas asiáticas en el comercio minorista. La organización empresarial no habla de una amenaza abstracta: describe presión sobre precios, sobre márgenes y sobre capacidad de contratación en un tejido —textil, calzado, juguete— donde la Comunitat Valenciana concentra buena parte de la producción española.

El argumento de fondo es el coste regulatorio asimétrico. Un comercio de Elche o de Ibi soporta etiquetado, controles de seguridad, IVA y aduanas antes de colocar un producto en la estantería; una plataforma extracomunitaria puede introducir volumen sin haber verificado esos mismos requisitos. Esa asimetría es la que el DSA pretende cerrar, y explica por qué buena parte de las asociaciones empresariales españolas lleva meses reclamando que Bruselas pase de las conclusiones preliminares a las sanciones efectivas.

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Moncloa respalda formalmente la línea dura. España ha defendido en el Consejo endurecer los controles de importación de paquetes de bajo valor, y sigue pendiente en Bruselas la eliminación de la exención aduanera para envíos de menos de 150 euros, un expediente que el Gobierno español vincula con la competencia desleal. La lectura política es sencilla: el Ejecutivo necesita resultados visibles en un sector que emplea a mucha gente en territorios electoralmente sensibles.

El Eje del Poder Europeo

La ofensiva no es un capricho técnico. La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología acumula expedientes contra plataformas extracomunitarias desde la entrada en vigor del DSA, y cada uno se lee en clave de geometría variable. París y Berlín empujan la línea dura porque entienden la soberanía regulatoria como la capacidad real de imponer costes a los grandes operadores. Los frugales del norte —Países Bajos, Dinamarca, Suecia— comparten el fondo, pero exigen prueba documental sólida: temen que una sanción mal construida caiga en el TJUE y fije precedente. Dublín mantiene su tradicional prudencia sobre la intensidad del enforcement. Y los del sur, con España e Italia a la cabeza, son los más beligerantes en todo lo que toca a comercio minorista y producto de consumo.

El espejo en el que Bruselas se mira es el de las multas de competencia: los 4.340 millones a Google en 2018 y los 1.800 millones a Apple en 2024 demostraron que la maquinaria aguanta los recursos durante años. Aquí el listón probatorio es distinto, porque la Comisión debe acreditar un fallo de diseño sistémico y no una conducta puntual. En España ese matiz importa: los 8.300 empleos que ANGED sitúa en riesgo no se salvan con un talón, sino con un cambio de modelo que obligue a verificar el catálogo antes de publicarlo. Si Temu paga y sigue operando igual, el comercio valenciano no habrá ganado nada.

Lo que observamos es un patrón conocido: Bruselas anuncia conclusiones preliminares con vocación disuasoria y luego negocia a puerta cerrada. El periodo de alegaciones se alargará y, según el calendario que manejan fuentes comunitarias, no habrá decisión firme antes de que arranque 2027. La próxima ventana crítica será la revisión del cumplimiento del DSA que la Comisión presente ante el Parlamento Europeo, con la Eurocámara vigilando de cerca un expediente que afecta a la protección del consumidor. El riesgo de fondo sigue intacto: que la norma se convierta en un peaje trimestral para las plataformas y no en un incentivo real para limpiar el catálogo. Puedes consultar el marco completo en la ficha oficial del DSA en la Comisión Europea.