El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resuelve las reclamaciones de ciudadanos y periodistas contra las negativas de la Administración a entregar documentación pública. El problema aparece cuando la resolución llega y el ministerio afectado decide ignorarla. Esta lista ordena los departamentos según la acumulación de expedientes resueltos en su contra en el balance hecho público el 18 de enero de 2026, con datos cerrados al 30 de septiembre de 2025, y atiende más a la reiteración y al método que al caso aislado.
El criterio no es el número bruto de quejas, sino la combinación de volumen, insistencia y materia afectada: vuelos y agendas oficiales, contratos menores, fondos reservados, grandes contratos de defensa o informes fiscales que comprometen dinero público. A eso se añade el coste de seguir peleando. Reclamar ante el Consejo es gratuito; llevar el asunto a los tribunales, con abogado propio, se demora de media tres años, un peaje que no todo el mundo puede asumir.
1Ministerio de la Presidencia: el búnker de los vuelos y las agendas
Presidencia no destaca por un caso aislado, sino por la acumulación y por el método. De los 62 expedientes resueltos por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) contra el departamento que dirige Félix Bolaños, 45 —el 73%— se estimaron a favor del solicitante y solo diez se rechazaron. El patrón se repite: silencio durante el mes de plazo legal y entrega tardía, parcial o por remisión a la agenda publicada en La Moncloa, que suele traducirse en resoluciones estimadas «por motivos formales». El frente más visible son los vuelos: el CTBG ordenó el 20 de junio identificar a los acompañantes de Pedro Sánchez en 122 desplazamientos en aeronaves del Estado entre 2023 y 2024. Moncloa no lo hizo y el TSJM admitió a trámite la demanda de ejecución el pasado 16 de febrero.
El blindaje tiene un nombre propio: el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, ligado a la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que Presidencia invocó durante años para no detallar acompañantes ni trayectos en aviones militares. El argumento se desmoronó en diciembre de 2025, cuando la directora jurídica de Moncloa reconoció por escrito que no existe ningún acuerdo que declare materia clasificada los vuelos de Begoña Gómez. El episodio más revelador es el del propio anteproyecto de Ley de Información Clasificada: el CTBG ordenó en septiembre de 2024 entregar el dictamen del Consejo de Estado y todo el expediente de tramitación; el ministerio ignoró el plazo de diez días, desoyó el apercibimiento de diciembre y solo en marzo de 2025, tras un nuevo requerimiento, comunicó una inadmisión a trámite.
