EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Senado de EE. UU. celebra esta semana la votación final del BAAJA, el proyecto bipartidista de permisos energéticos e infraestructura, que la semana pasada superó su votación de procedimiento con 73 apoyos, 22 de ellos demócratas.
- ¿Quién está detrás? La mayoría republicana y una veintena de demócratas, con Josh Hawley, Ted Budd, Eric Schmitt y Bill Hagerty impulsando enmiendas para recortar la autoridad de la FERC sobre las líneas eléctricas interestatales.
- ¿Qué impacto tiene? Decide el ritmo de conexión de renovables en un mercado donde Iberdrola opera a través de Avangrid y donde compiten Acciona Energía, Naturgy y la cadena de componentes eólicos española.
El Senado vota esta semana la ley de permisos energéticos que decide quién manda sobre la red eléctrica de EE. UU.
El proyecto se llama Bipartisan American Affordability and Jobs Act (BAAJA, la ley bipartidista de asequibilidad y empleo) y la semana pasada superó su primera votación de procedimiento con 73 apoyos, 22 de ellos demócratas. Ese resultado reactivó un debate que llevaba años encallado en el Capitolio. No garantiza nada: varios de los senadores que votaron a favor no se han comprometido con la aprobación final.
Setenta y tres votos para avanzar, cuatro enmiendas para frenar
El punto exacto del choque es una palabra: backstop. Con la redacción actual, la Comisión Federal de Regulación Energética (FERC, el regulador federal del sector eléctrico) puede aprobar una línea de transporte interestatal cuando el estado afectado no resuelve la solicitud en el plazo de un año y el proyecto se considera de «interés nacional». La condición es técnica: la línea debe superar los 230 kilovoltios (kV). La mayoría de las grandes líneas interestatales superan ese umbral.
Los republicanos llevan años recelando de ese mecanismo. Su tesis es que socializa los costes del tendido: estados gobernados por el Partido Republicano acaban pagando infraestructura que después transporta electricidad hacia estados demócratas. El senador Josh Hawley, de Misuri, registró la semana pasada cuatro enmiendas. La más contundente eleva el umbral mínimo a 765 kilovoltios, lo que en la práctica dejaría fuera del mecanismo federal a buena parte de los proyectos. Las otras amplían el plazo estatal antes de que intervenga Washington, aumentan la compensación a propietarios expropiados por utilidad pública y dan más margen al regulador sobre su autoridad de reserva.
No va solo. Ted Budd, de Carolina del Norte, propone un umbral de 345 kilovoltios. Eric Schmitt, también de Misuri, quiere obligar a la FERC a recabar más opinión de los dueños de los terrenos antes de decidir sobre un trazado.
Ningún estado quiere pagar el tendido que ilumina al vecino, y ese instinto local lleva un siglo definiendo la red americana.
Un tercer frente es el de Bill Hagerty, de Tennessee, que busca eximir a la Tennessee Valley Authority —la mayor eléctrica pública del país— de esa autoridad federal de reserva; hoy solo el mercado tejano ERCOT queda fuera del mecanismo. Ninguna de estas enmiendas tiene garantizada una votación: los líderes del Senado todavía negocian cuáles suben al pleno.
La grieta también atraviesa al Partido Demócrata. Tammy Duckworth, de Illinois, ha presentado sus propias enmiendas al bloque de transmisión: más protección para los propietarios, más participación pública en las decisiones del regulador y criterios de emplazamiento más explícitos. Es la señal de alarma para los impulsores del texto. Si las provisiones de transmisión se desdibujan, los demócratas que sostienen el proyecto pueden retirarse. Los defensores calculan que hacen falta entre 15 y 20 votos demócratas en el Senado para luego poder arrastrar a la Cámara.
La línea de 230 kilovoltios que reordena el mapa

Conviene detenerse en qué hace la ley, porque el detalle explica la pelea. Hoy, una línea que cruza tres estados necesita tres permisos estatales y, si uno se atasca, el proyecto muere. BAAJA fija un calendario y coloca a la FERC como árbitro de última instancia. Nada más. Nada menos.
Para el Partido Demócrata, acelerar la transmisión es la condición material de la descarbonización: sin líneas nuevas, los parques eólicos y solares se quedan esperando en la cola de conexión. Para una parte del Partido Republicano, es una cesión de soberanía estatal sobre la tierra. Aquí no se discute solo la factura eléctrica.
Y la Cámara de Representantes es otro país. Varios demócratas de la Cámara Baja prefieren aplazar la negociación hasta el próximo Congreso, cuando, según recoge el Washington Examiner, controlarán ambas cámaras. Al otro lado, varios republicanos han trasladado sus reservas sobre la transmisión a cargos de la administración. El mapa manda.
La Lógica de Washington
El problema que intenta resolver Washington es físico antes que ideológico. La red estadounidense se construyó para un sistema de carbón y gas, con plantas cerca de las ciudades; el viento y el sol están lejos, en las grandes llanuras y los desiertos. Conectar lo uno con lo otro exige tendidos que cruzan estados, y ningún estado quiere pagar el tramo que sirve al vecino. Es la misma pelea que llevó a Eisenhower a financiar con dinero federal la red de autopistas interestatales en 1956, con los estados discutiendo cada salida y cada peaje.
La lógica tiene precedente legal. La Ley Federal de Energía de 1935 y la electrificación rural de los años treinta ya fijaron que la electricidad que cruza fronteras estatales es competencia federal. La Ley de Política Energética de 2005 intentó ampliar esa autoridad de reserva y acabó en los tribunales, con la FERC perdiendo parte del pulso. BAAJA es el tercer intento serio en dos décadas. La coalición que lo sostiene es curiosa: senadores de estados con mucho viento y mucho sol —Iowa, Kansas, Texas—, demócratas industriales y un sector eléctrico que necesita capacidad con urgencia para alimentar los centros de datos de la inteligencia artificial.
A eso se suma la agenda de la Casa Blanca: electricidad barata y abundante para sostener el despliegue de centros de datos y la reindustrialización. La transmisión dejó de ser un asunto verde y se convirtió en un asunto de competitividad nacional. Eso explica que el texto lleve el apellido de «asequibilidad y empleo» y no el de «clima».
Para España, el desenlace importa por dos puertas. La primera es Iberdrola, que opera redes de transporte y distribución en el noreste de EE. UU. a través de Avangrid, además de parques renovables: un marco federal más ágil reduce plazos y costes de conexión de sus proyectos. La segunda afecta a Acciona Energía, Naturgy y Repsol en su cartera renovable americana, y a la cadena de componentes, con Siemens Gamesa y su planta de Zamudio mirando al mercado eólico terrestre. El paralelismo interno es directo: la red de transporte española acumula años de cuello de botella en la concesión de puntos de acceso y las renovables esperan turno.
Washington no pide permiso.
El calendario, eso sí, aprieta. La votación final está prevista para esta semana y el orden del día depende de un acuerdo entre la dirección del grupo republicano y los demócratas que sostienen el texto. Después llega la Cámara, donde el proyecto afronta su prueba real en las últimas semanas de actividad del actual Congreso. Si cae, será la tercera reforma de permisos que se hunde en un lustro y la red eléctrica americana seguirá esperando.
Ficha del Caso
- El caso: El Senado de EE. UU. somete a votación final esta semana el BAAJA, la ley bipartidista de permisos energéticos que otorga a la FERC autoridad de reserva sobre líneas eléctricas interestatales cuando un estado bloquea el proyecto.
- Datos clave: 73 votos a favor en la votación de procedimiento, 22 de ellos demócratas; umbral técnico de 230 kilovoltios; enmiendas republicanas para elevarlo a 345 y 765 kilovoltios; se necesitan entre 15 y 20 senadores demócratas para sostener el texto hasta la Cámara.
- Para España: el resultado condiciona los plazos de conexión de Iberdrola-Avangrid, Acciona Energía, Naturgy y Repsol en EE. UU., y deja una lección aplicable al cuello de botella de acceso a la red española.

