La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestima el recurso del padre y avala el traslado de una menor de Alicante a Teruel (STS 1532/2026, de 30 de septiembre).
El fallo confirma la resolución de la Audiencia Provincial de Alicante de mayo de 2024 y cierra un litigio en el que la madre modificó el domicilio de su hija sin consentimiento paterno ni autorización judicial. La Sala no ampara la conducta, pero niega que pueda castigarse con una decisión sobre la residencia contraria al interés superior del menor.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación del padre en la STS 1532/2026, de 30 de septiembre, y confirma la residencia de la menor con su madre en Teruel.
- ¿Qué base jurídica aplica? Interpretación del artículo 154 del Código Civil a la luz del artículo 19 de la Constitución y del interés superior del menor como principio rector.
- ¿Qué impacto tiene? El traslado unilateral irregular no impone por sí solo el retorno del menor; el padre asume las costas y pierde el depósito.
Los antecedentes: del juzgado de violencia a la Audiencia
El conflicto arranca en septiembre de 2022, tras la ruptura de una relación de cuatro años de la que había nacido una niña en 2019. La madre presentó demanda de guarda y custodia, interesó la titularidad exclusiva y anunció su voluntad de regresar a Teruel, su ciudad de origen, donde disponía de una vivienda en copropiedad con su padre y su hermana, de apoyo familiar para la conciliación y de una oferta de trabajo.
El progenitor se opuso al cambio de residencia y reclamó la custodia compartida con periodos semanales alternos. Su tesis, mantenida después en casación, fue que el traslado respondía a la comodidad de la madre y no al beneficio de la niña, que conservaba vínculos en Alicante, en particular con sus hermanos paternos.
El contexto se agravó en mayo de 2023. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Denia condenó al progenitor por un delito leve de amenazas en el ámbito familiar, con 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y prohibición de aproximarse y comunicarse con la mujer durante 16 meses.
La infracción del artículo 154 del Código Civil no determina el retorno forzoso del menor: la residencia se decide conforme a su interés superior.
En agosto de 2023 la madre se trasladó a Teruel con la niña y la matriculó en un centro de la ciudad. Lo hizo sin el consentimiento del otro progenitor y sin autorización judicial.
En noviembre de 2023 el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Denia le atribuyó la guarda y custodia, pero fijó la residencia de la menor en la localidad alicantina o en otra próxima. La madre recurrió y en mayo de 2024 la Audiencia Provincial de Alicante autorizó el mantenimiento de la residencia en Teruel, tras valorar la condena penal del padre, la estabilidad laboral y económica de la madre, el apoyo familiar y la escolarización, así como la corta edad de la niña.
El progenitor acudió entonces al Tribunal Supremo. Alegó vulneración del artículo 154 del Código Civil, que exige el consentimiento de ambos progenitores o autorización judicial para modificar la residencia habitual de un menor, y sostuvo que el interés de la hija aconsejaba su permanencia en Alicante.
El fallo: desestimación, costas y depósito

La Sala desestima el recurso de casación, confirma la residencia de la menor con su madre en Teruel e impone al padre las costas del recurso y la pérdida del depósito constituido para recurrir. La resolución la firman la ponente Mª Ángeles Parra Lucán y los magistrados José Luis Seoane Spiegelberg, Antonio García Martínez, Manuel Almenar Belenguer y Raquel Blázquez Martín.
El tribunal reconoce que la madre actuó al margen de la ley. «Este proceder de la madre no está amparado por la ley», señala la sentencia. Añade, sin embargo, que esa conducta, aun reprochable, no puede dar lugar a una sanción que determine una decisión sobre la residencia de la menor contraria a su interés.
La Sala delimita el objeto del proceso: no se enjuicia el derecho de la madre a elegir dónde vivir, protegido por el artículo 19 de la Constitución, sino cuál es el lugar de residencia más adecuado para la hija. En ese juicio considera acreditado que el traslado no fue caprichoso, porque la madre contaba con vivienda propia, con familiares que facilitaban la conciliación y con una situación laboral estable.
Esas circunstancias no se leen únicamente como ventajas de la madre, sino como factores positivos para el desarrollo material y emocional de la niña, según el razonamiento de la Sala.
Respecto a la familia paterna, la sentencia admite que el traslado dificulta el contacto cotidiano con los hermanos por parte de padre, pero estima que la circunstancia queda parcialmente compensada por el régimen de visitas fijado en la instancia: un fin de semana al mes y dos tercios de las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano. La custodia materna no se discute en casación y no se aprecian indicios que justifiquen suspender las visitas.
La Doctrina del Tribunal
La resolución fija una regla de ponderación: el incumplimiento del deber de consentimiento del artículo 154 del Código Civil no opera como causa automática de retorno del menor al lugar de origen. La irregularidad del traslado es un factor relevante, pero subordinado al interés superior del menor, que actúa aquí como criterio hermenéutico efectivo y no como cláusula retórica. La práctica de los juzgados de familia venía resolviendo supuestos análogos con criterios dispares, entre la sanción procesal al progenitor que incumple y la estabilidad del menor ya arraigado.
La base jurídica se ordena en tres niveles. El artículo 154 del Código Civil impone el consentimiento conjunto o la autorización judicial para variar la residencia habitual. El artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, configura el interés superior como principio rector interpretativo. Y el artículo 19 de la Constitución protege la libertad de residencia del progenitor custodio, cuyo ejercicio no se confunde con la decisión sobre el domicilio del hijo. El método empleado es teleológico: la finalidad tuitiva de la norma prevalece sobre su literalidad sancionadora.
El impacto es directo en la litigiosidad de familia. Los procedimientos de modificación de medidas y los incidentes de residencia en rupturas conflictivas deberán motivar por qué el retorno beneficia al menor y no solo por qué el traslado fue irregular. La sentencia, dictada por una Sala de cinco magistrados, refuerza la tendencia a valorar la estabilidad fáctica consolidada —escolarización, vivienda, red de apoyo— frente a la sanción de la conducta del custodio.
La resolución agota la vía ordinaria. Solo cabría un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, extremo sobre el que el fallo no se pronuncia. Mientras tanto, el criterio es invocable en todos los asuntos en que se discuta la residencia de un menor tras un cambio de domicilio no consentido.
FICHA DEL CASO
- El caso: Procedimiento de guarda y custodia y posterior recurso de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sobre la residencia de una menor trasladada de Alicante a Teruel sin consentimiento paterno ni autorización judicial.
- Datos importantes: STS 1532/2026, de 30 de septiembre. Artículos aplicados: 154 del Código Civil, 19 de la Constitución y 2 de la Ley Orgánica 1/1996. Fallo desestimatorio, con costas al recurrente y pérdida del depósito. No constan votos particulares en el texto difundido.
- Fecha de los juicios: Demanda de guarda y custodia en septiembre de 2022; condena penal en mayo de 2023; resolución de la Audiencia Provincial de Alicante en mayo de 2024; sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2026.
- Personas acusadas y por qué: N/A. El procedimiento es civil y no versa sobre imputación penal alguna; la condena por delito leve de amenazas que consta como antecedente se dictó en 2023 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Denia.

