Endesa detecta un fraude eléctrico cada doce minutos en Andalucía: el coste del enganche ilegal

La distribuidora contabiliza 35.700 enganches ilegales entre enero y octubre, con 281 millones de kWh robados, el equivalente al consumo de 80.500 hogares. El 20% de la energía defraudada procede ya de plantaciones de marihuana.

Andalucía registra un fraude eléctrico cada doce minutos: Endesa ha detectado 35.700 enganches ilegales en los diez primeros meses del año, una cifra que confirma que el robo de luz ha dejado de ser una anécdota para convertirse en un problema estructural de la red andaluza.

La filial de redes de la compañía, e-distribución, puso este lunes esas cifras sobre la mesa. El cálculo es simple y demoledor: 35.700 fraudes entre enero y octubre equivalen a uno cada doce minutos, sin pausa y en cualquier punto del mapa. La tendencia tampoco invita al optimismo. Andalucía cerró 2025 con más de 42.800 fraudes detectados y el ritmo de 2026 mantiene esa escalada.

La energía recuperada en las actuaciones de estos diez meses alcanza los 281 millones de kWh. Traducido a la vida cotidiana, es el consumo eléctrico de más de 80.500 hogares: una población del tamaño de una capital de provincia media encendiendo la luz, la lavadora y la calefacción a cargo de la red ajena.

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35.700 enganches ilegales en diez meses: así se reparte el fraude

El fraude no se distribuye de forma homogénea. Se concentra en barriadas concretas, en naves industriales de polígonos periurbanos y en viviendas unifamiliares de la periferia. En algunas de esas zonas, la potencia disponible multiplica por cinco la que sería necesaria en función del número de habitantes y, aun así, el consumo ilegal satura la red. Las protecciones, que deberían activarse de forma excepcional, saltan por sobrecarga: hasta quince fusibles fundidos al día en los entornos más castigados.

El resultado son cortes que sufren, indistintamente, todos los clientes conectados a ese tramo de la red. La mayoría tiene su instalación legalizada, su contrato en regla y su recibo pagado. La distribuidora advierte de que sus medios para paliar las consecuencias son «limitados» y de que elevar la potencia solo genera un efecto llamada: aumentan los enganches y la red vuelve a colapsar. A eso se suma el riesgo físico. Manipular una instalación puede provocar electrocuciones, incendios, sobrecalentamientos y explosiones, y expone también a los operarios que trabajan sobre el terreno.

Hay un detalle que explica la persistencia del fenómeno. «En muchas ocasiones el problema no termina cuando se detecta y se desmantela un fraude», sostiene la compañía. En las zonas golpeadas por el fraude masivo, las desconexiones ejecutadas en operativos conjuntos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son seguidas, a menudo, por nuevas reconexiones que devuelven la red a una situación de sobrecarga extrema en cuestión de horas o días.

El 20% de la energía robada en Andalucía sale de plantaciones de marihuana: el enganche ilegal ya no es solo pobreza, es crimen organizado.

Cortes de luz, agresiones y plantaciones de marihuana

La cara más visible del problema es la interrupción del suministro; la más preocupante es la violencia. Las agresiones a técnicos de e-distribución y de las contratas que trabajan en campo se han multiplicado por más de tres desde 2024, y la tendencia continúa: hasta octubre de 2026 ya se había superado en cerca de un 20% el total registrado en todo 2025.

Endesa Andalucía

El vínculo con el cultivo ilegal de cannabis es directo. Entre enero y octubre, la distribuidora ha desmantelado en Andalucía, en operativos en los que acompaña a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 861 fraudes vinculados a plantaciones de marihuana. Suman 56,5 millones de kWh: el 20% de toda la energía defraudada en la comunidad. Son casi tres plantaciones enganchadas a la red cada día y cada una consume de media la electricidad de 80 viviendas.

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El marco penal se ha movido este año. La Ley Orgánica 1/2026 añadió un apartado al artículo 255 del Código Penal para prever penas de prisión cuando la defraudación de fluido eléctrico se cometa para abastecer instalaciones dedicadas al tráfico de drogas. Endesa valora el paso, pero detecta un vacío: el resto de fraudes, incluso con manipulación peligrosa, riesgo de incendio, cortes de suministro o competencia desleal entre empresas, sigue sin respuesta penal proporcionada. En Francia, Portugal, Italia y Alemania estas conductas pueden castigarse con prisión incluso en su modalidad básica.

España concentra el 75% de las incautaciones de plantas de cannabis de la Unión Europea, según el Informe Europeo sobre Drogas 2026, y el Ministerio del Interior ha alertado de la instalación de organizaciones criminales transnacionales. Frente a ese escenario, la respuesta pasa por varios frentes: la colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional, herramientas tecnológicas —incluida la inteligencia artificial— para detectar patrones anómalos de consumo y, así mismo, la implicación ciudadana a través de denuncias anónimas.

La Lectura Andaluza

Un fraude cada doce minutos significa 120 enganches ilegales al día, y esa cifra explica por qué la comunidad se ha convertido en el epicentro del debate sobre el robo de energía en España. No es un fenómeno nuevo. Andalucía lleva años lidiando con plantaciones interiores de cannabis en viviendas y naves, una actividad que el propio Ministerio del Interior sitúa en manos de redes transnacionales y que convive con el fraude de subsistencia en barriadas donde la economía familiar no llega a fin de mes. La Junta de Andalucía mantiene competencias en seguridad industrial e inspección de instalaciones eléctricas de baja tensión, un terreno en el que la coordinación con la distribuidora y con los ayuntamientos resulta decisiva para no perder tiempo en cada intervención.

El valor de proximidad es tangible. Quien regenta un bar en Sevilla y ve cómo se le va la luz en plena hora punta, quien tiene una cámara frigorífica en un polígono de Málaga o quien teletrabaja en un bloque de Granada comparte el mismo perjuicio: una avería que no ha provocado y una factura que sí paga. A eso se añade el coste silencioso de la competitividad, porque ninguna empresa se instala donde el suministro es una incógnita, y el sobrecoste de mantener una red sobredimensionada para compensar el robo.

La proyección inmediata pasa por el cierre del ejercicio: si el ritmo se mantiene, 2026 terminará por encima de los 42.800 fraudes de 2025, con el agravante de que la violencia sobre los técnicos crece más rápido que el propio fraude. La aplicación efectiva de la Ley Orgánica 1/2026 en los juzgados andaluces durante 2027 será el primer termómetro real. Mientras tanto, la próxima vez que en una barriada se funda un fusible a medianoche, conviene recordar de dónde viene esa avería.

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