El Consejo de Ministros aprueba este martes el SMI de 1.286 euros en catorce pagas, un 5,3% más y exento de IRPF.
La subida fue confirmada el lunes por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y eleva el salario mínimo desde los 1.221 euros mensuales de 2026 hasta los 1.286. Son 65 euros más al mes y 910 euros más de ingresos anuales para los sueldos más bajos, según los cálculos expuestos por la propia vicepresidenta.
Díaz sostuvo que el incremento será ‘de carácter integral, es decir, sin pagar impuestos’ y lo presentó como ‘la mejor herramienta para reducir la pobreza laboral’. La vicepresidenta reclamó, además, que el resto de salarios suban en los convenios colectivos a través del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el marco entre patronal y sindicatos que orienta las revisiones salariales.
El plazo para presentar alegaciones a la propuesta se cerró el lunes. El Ejecutivo se había fijado el objetivo de aprobar la norma antes de las elecciones del 29 de noviembre, de modo que el texto llega al Consejo de Ministros en el tramo final de la legislatura. Con este incremento, el salario mínimo acumula una subida del 75% desde la llegada del Gobierno, según la cifra aportada por Trabajo.
Qué cambia en la nómina y en la negociación colectiva
La revisión está referida al ejercicio 2027 y, conforme al calendario habitual de estas actualizaciones, se aplicará desde el 1 de enero. El nuevo umbral opera como suelo para todos los salarios por debajo de esa cifra y como referencia en la negociación de convenios, donde Trabajo quiere extender el efecto de la subida: la exención en el IRPF hace que el incremento llegue íntegro a la nómina neta.
La propia vicepresidenta reconoció que la negociación dentro del Gobierno fue intensa, hasta el punto de que, según su relato, había miembros del Ejecutivo que no querían elevar la cifra tanto. Díaz recordó que firmó semanas atrás el decreto del 5,3%, un texto que ahora culmina en el Consejo de Ministros.
La revisión eleva el salario mínimo un 5,3% hasta los 1.286 euros en catorce pagas y lo deja fuera del IRPF, con efectos sobre el ejercicio 2027.
Por qué la exención de IRPF no se aplica igual en Euskadi
El SMI es competencia del Estado y lo fija cada año el Gobierno, pero su tratamiento fiscal no es homogéneo en todo el territorio. En Euskadi el IRPF es un tributo concertado cuya regulación corresponde a las Juntas Generales de cada territorio histórico, de manera que la exención aprobada en Madrid no se traslada de forma automática a las nóminas vascas.
La aplicación práctica depende de las normas forales que aprueban las Diputaciones Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba/Álava, que fijan sus propias escalas, reducciones y mínimos exentos dentro del marco del Concierto Económico, la ley que ordena el reparto tributario entre Euskadi y el Estado.
El reparto competencial añade otra capa. El Estatuto de Gernika atribuye a Euskadi la ejecución de la legislación laboral estatal, mientras la fijación del SMI corresponde al Consejo de Ministros. Sobre esa base se ha planteado en distintas legislaturas un salario mínimo de referencia propio, un debate que ha vuelto al Parlamento Vasco sin que por ahora exista una norma que lo regule.
Navarra afronta una lógica equiparable a través del Convenio Económico. Su IRPF también es de regulación foral, en este caso mediante leyes forales aprobadas por el Parlamento de Navarra, por lo que la exención acordada por el Ejecutivo central exige una decisión de la Hacienda Foral para tener efecto real en las nóminas navarras.
El precedente foral y el calendario institucional
No es la primera vez que una revisión del SMI obliga a mover ficha a las haciendas vascas. El calendario foral sitúa tradicionalmente en diciembre la aprobación de las normas de medidas fiscales en las Juntas Generales, de modo que el ajuste del mínimo exento se tramita en el tramo final del ejercicio, con un desfase entre la decisión estatal y su reflejo en las retenciones.
El hito inmediato es la entrada en vigor del nuevo SMI el 1 de enero de 2027. Antes, las Juntas Generales de los tres territorios deberán decidir si adaptan sus normas para que la exención llegue a los perceptores vascos en ese mismo ejercicio. En paralelo, el debate sobre un suelo salarial propio seguirá sobre la mesa del Parlamento Vasco, sin norma aprobada hasta la fecha.

