Los ministerios que ignoran requerimientos de Transparencia sobre vuelos, contratos e informes fiscales

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resuelve las reclamaciones de ciudadanos y periodistas contra las negativas de la Administración a entregar documentación pública. El problema aparece cuando la resolución llega y el ministerio afectado decide ignorarla. Esta lista ordena los departamentos según la acumulación de expedientes resueltos en su contra en el balance hecho público el 18 de enero de 2026, con datos cerrados al 30 de septiembre de 2025, y atiende más a la reiteración y al método que al caso aislado.

El criterio no es el número bruto de quejas, sino la combinación de volumen, insistencia y materia afectada: vuelos y agendas oficiales, contratos menores, fondos reservados, grandes contratos de defensa o informes fiscales que comprometen dinero público. A eso se añade el coste de seguir peleando. Reclamar ante el Consejo es gratuito; llevar el asunto a los tribunales, con abogado propio, se demora de media tres años, un peaje que no todo el mundo puede asumir.

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Ministerio del Interior: contratos menores y fondos reservados

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El balance del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sitúa a Interior como el departamento más incumplidor: hasta el 30 de septiembre de 2025 acumulaba 18 resoluciones sin ejecutar y otras seis ya en el Contencioso-administrativo, frente a 51 atendidas. Lo desoído no son secretos de Estado, sino datos corrientes de gestión policial —compatibilidades de agentes con la actividad privada, productividad, atestados, comisiones de servicio o excedencias— y el informe de riesgos laborales del 9 de febrero de 2024 en Barbate, cuando una narcolancha embistió una lancha del GEAS y murieron dos guardias civiles. En contratación menor, el problema es de fondo: el Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en 95 contratos menores de Instituciones Penitenciarias por tres millones de euros (2023 y 2024) y, de los 2.185 contratos de esa área, el 54,42% se tramitaron por esta vía, por 14 millones.

El otro flanco es el dinero que no se puede auditar. Los gastos reservados de Interior se fijaron en 7,37 millones de euros en los Presupuestos de 2023 y su control depende de la Comisión de Gastos Reservados, que recibe informes semestrales según la Ley 11/1995. Entre noviembre de 2022 y el 28 de octubre de 2025, el ministerio no compareció ante ella: Grande-Marlaska despachó casi tres años de ausencia en una sesión a puerta cerrada de una hora. Ese dinero queda fuera de la Ley de Transparencia y solo se rinde cuenta ante un grupo reducido de diputados. El juicio del caso Kitchen ha mostrado cómo funciona ese control: se verifica que los formularios están rellenados y que las sumas cuadran, mientras la responsabilidad efectiva recae en los mandos policiales que piden el gasto.