Los ministerios que ignoran requerimientos de Transparencia sobre vuelos, contratos e informes fiscales

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resuelve las reclamaciones de ciudadanos y periodistas contra las negativas de la Administración a entregar documentación pública. El problema aparece cuando la resolución llega y el ministerio afectado decide ignorarla. Esta lista ordena los departamentos según la acumulación de expedientes resueltos en su contra en el balance hecho público el 18 de enero de 2026, con datos cerrados al 30 de septiembre de 2025, y atiende más a la reiteración y al método que al caso aislado.

El criterio no es el número bruto de quejas, sino la combinación de volumen, insistencia y materia afectada: vuelos y agendas oficiales, contratos menores, fondos reservados, grandes contratos de defensa o informes fiscales que comprometen dinero público. A eso se añade el coste de seguir peleando. Reclamar ante el Consejo es gratuito; llevar el asunto a los tribunales, con abogado propio, se demora de media tres años, un peaje que no todo el mundo puede asumir.

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Ministerio de Hacienda: los informes que nadie puede leer

Los números sitúan a Hacienda en el podio de la opacidad. En el balance hecho público el 18 de enero de 2026, con datos cerrados a 30 de septiembre de 2025, el ministerio que dirigía María Jesús Montero —y que incluye administrativamente a la SEPI— dejó sin cumplir 13 resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente a 61 expedientes en los que sí entregó lo solicitado, y acumulaba otros ocho asuntos ya judicializados en la vía contencioso-administrativa. Es el tercer departamento más incumplidor del Ejecutivo, por detrás de Interior y Transición Ecológica, dentro de un panorama general en el que, de 686 resoluciones dictadas por el Consejo, 79 (el 11,5%) se saldaron con negativa y 25 (el 3,6%) acabaron ante el juez, según la información de Europa Press. Lo llamativo es que se reserva: retribuciones de los directivos del Consejo de RTVE y nombramientos discrecionales de su personal, las actas con las puntuaciones del jurado del Benidorm Fest de 2025, el detalle de las inspecciones de la Agencia Tributaria a PP, PSOE, Vox y Podemos desde el año 2000 o los informes semestrales de inversión territorializada entre el segundo semestre de 2022 y el primero de 2024.

El patrón no es la negativa expresa y motivada, sino el silencio. Un ciudadano pidió en abril de 2026 los tiempos de respuesta de la Dirección General de Tributos: Hacienda no contestó. El Consejo le requirió el expediente y las alegaciones y se encontró con la misma nada, hasta el punto de que la resolución estimó la reclamación, dio diez días hábiles para entregar los datos estadísticos y censuró que la falta de colaboración impide comprobar por qué se niega el acceso, según El Confidencial Digital. En los asuntos de mayor calado político no se limita a callar: la Abogacía del Estado recurre las resoluciones, es decir, usa letrados pagados con dinero público para pleitear contra el organismo que debe vigilarla. Ocurrió con la lista de sociedades regularizadas tras la amnistía fiscal y ocurre ahora con las actas de la inspección tributaria a los partidos. El efecto es que las reformas fiscales llegan al Congreso sin que los grupos parlamentarios puedan leer los informes técnicos desfavorables.