Los ministerios que ignoran requerimientos de Transparencia sobre vuelos, contratos e informes fiscales

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resuelve las reclamaciones de ciudadanos y periodistas contra las negativas de la Administración a entregar documentación pública. El problema aparece cuando la resolución llega y el ministerio afectado decide ignorarla. Esta lista ordena los departamentos según la acumulación de expedientes resueltos en su contra en el balance hecho público el 18 de enero de 2026, con datos cerrados al 30 de septiembre de 2025, y atiende más a la reiteración y al método que al caso aislado.

El criterio no es el número bruto de quejas, sino la combinación de volumen, insistencia y materia afectada: vuelos y agendas oficiales, contratos menores, fondos reservados, grandes contratos de defensa o informes fiscales que comprometen dinero público. A eso se añade el coste de seguir peleando. Reclamar ante el Consejo es gratuito; llevar el asunto a los tribunales, con abogado propio, se demora de media tres años, un peaje que no todo el mundo puede asumir.

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Ministerio de Defensa: el escudo de los megacontratos

Ningún otro departamento ha convertido la Ley de Secretos Oficiales de 1968 en un cortafuegos tan eficaz. Cuando en 2023 se pidió el coste acumulado, las unidades operativas y el uso real de doce programas de armamento —del EF-2000 y el A400M al S-80, los Leopard o el 8×8—, la Dirección General de Armamento y Material lo denegó, todo remitiéndose al Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, que clasifica como «reservado», sin más matices, la producción, adquisición, suministro y transporte de material bélico. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación en febrero de 2024 y le recordó que los límites no operan de forma automática y exigen un daño «concreto, definido y evaluable». Es el mismo patrón del caso de los vuelos del Grupo 45: la petición de Civio en 2015 acabó con el ministerio pleiteando contra el Consejo, con sentencia del Supremo en 2020 y, aun así, con un juzgado apercibiéndole en 2021 de multas coercitivas y responsabilidades penales por no identificar a los pasajeros. El repositorio PideInfo contabiliza 230 reclamaciones resueltas contra Defensa, 122 estimadas (el 53%).

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Ese escudo cubre un volumen de dinero sin precedentes. En 2025, el sector público estatal adjudicó 23.339 millones por procedimiento negociado sin publicidad —diez veces la cifra de 2018 y cerca del 41% del importe licitado, frente al 7,8% del año anterior—, un récord que la OIReScon atribuye «casi exclusivamente» a la defensa. La Dirección General de Armamento llegó a firmar 19 licitaciones por 19.522 millones en poco más de una semana; vía Programas Especiales de Modernización se asignaron 27.987 millones sin concurso, y Airbus, Indra y Navantia concentraron el 70,8% de los contratos de equipamiento, según un informe de Opina 360. La Fiscalía Anticorrupción investiga desde enero contratos por más de 7.200 millones. Sin publicidad ni pliegos accesibles, no hay manera de comprobar sobrecostes: la OIReScon constata que el ahorro medio en las adjudicaciones a dedo no llega al 2,2%, frente al 11-14% de los concursos abiertos.