Los ministerios que ignoran requerimientos de Transparencia sobre vuelos, contratos e informes fiscales

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resuelve las reclamaciones de ciudadanos y periodistas contra las negativas de la Administración a entregar documentación pública. El problema aparece cuando la resolución llega y el ministerio afectado decide ignorarla. Esta lista ordena los departamentos según la acumulación de expedientes resueltos en su contra en el balance hecho público el 18 de enero de 2026, con datos cerrados al 30 de septiembre de 2025, y atiende más a la reiteración y al método que al caso aislado.

El criterio no es el número bruto de quejas, sino la combinación de volumen, insistencia y materia afectada: vuelos y agendas oficiales, contratos menores, fondos reservados, grandes contratos de defensa o informes fiscales que comprometen dinero público. A eso se añade el coste de seguir peleando. Reclamar ante el Consejo es gratuito; llevar el asunto a los tribunales, con abogado propio, se demora de media tres años, un peaje que no todo el mundo puede asumir.

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El peaje judicial: abogado propio y tres años de media para acceder al papel

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Foto de Sasun Bughdaryan en Unsplash

La reclamación ante el Consejo de Transparencia es gratuita; la factura llega después. Cuando un ministerio decide no entregar lo que el órgano garante le ha ordenado, el propio Consejo lo reconoce por escrito en sus comunicaciones al reclamante: la ley española «no atribuye al CTBG poderes coercitivos» para imponer el cumplimiento, de modo que quien tiene una resolución favorable solo cuenta con «un título» para acudir a los tribunales. El itinerario es el recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, con abogado y procurador obligatorios por tratarse de un órgano colegiado. Para un asunto de cuantía indeterminada, los criterios orientativos del Colegio de Abogados de Madrid sitúan los honorarios en torno a 3.500 euros, a los que se suman los derechos de la procura. Quien gana puede recuperar parte de ese desembolso si el tribunal impone las costas a la Administración, pero el riesgo y el anticipo son suyos.

El calendario es la otra mitad del peaje. El Consejo advierte en sus preguntas frecuentes de que «los plazos dependen de los tribunales» y de que el proceso «puede durar más de un año»; si la Administración pide y obtiene la suspensión de la resolución, no hay documentos hasta que exista sentencia, y una eventual casación ante el Supremo añade años. No hay estadística oficial que confirme la media de tres años que circula en los análisis: el informe del CIJA sobre la justicia administrativa constata que la mayoría de las sentencias de primera instancia en transparencia llegan en menos de doce meses y una minoría se va a dos o tres. Lo que sí está medido es el volumen que termina en los juzgados: de las 964 resoluciones estimatorias dictadas en 2025, 100 seguían sin constancia de cumplimiento y 33 fueron recurridas, según el recuento del CTBG actualizado a 30 de septiembre de 2026. El anteproyecto de ley de Administración Abierta, aprobado en octubre de 2025, promete multas coercitivas para evitar ese trámite.

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