Abogacía del Estado confirma al Supremo que la ley de nietos deja sin voto a 113.326 nacionalizados

La cifra inicial de 163.020 se reduce tras depurar el censo cerrado el 1 de agosto. El Supremo mantiene la excepción del certificado para hijos y nietos de exiliados políticos.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Abogacía del Estado ha comunicado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que 113.326 nacionalizados por la ley de nietos quedan fuera del censo del 29-N por la suspensión del derecho al voto decretada en septiembre.
  • ¿Quién está detrás? Los servicios jurídicos del Gobierno, que han depurado la cifra inicial de 163.020; el Alto Tribunal mantiene la excepción del certificado para hijos y nietos de exiliados políticos.
  • ¿Qué impacto tiene? Más de cien mil personas con nacionalidad española no podrán votar; Iustitia Europa sostiene que casi 36.000 ni siquiera figuran en el censo exterior.

La Abogacía del Estado cifra en 113.326 nacionalizados por la ley de nietos los que no podrán votar el 29-N tras la suspensión decretada por el Supremo.

El escrito, registrado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, llega después de que el Alto Tribunal paralizara en septiembre el sufragio de cuantos obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática. La sala no cerró del todo la puerta: quienes acrediten con certificado ser hijos o nietos de exiliados políticos conservan el derecho. El resto, de momento, queda fuera de la cita con las urnas.

Qué dice el escrito y por qué la cifra cae de 163.020 a 113.326

Los servicios jurídicos del Gobierno habían estimado de entrada 163.020 personas afectadas. La cifra final entregada al Supremo es casi 50.000 menor. La explicación es técnica y conviene no perderla de vista: la Abogacía ha eliminado de la cuenta a los menores de edad y a quienes no estaban inscritos en el censo cerrado a 1 de agosto, que es el válido para los comicios del 29 de noviembre.

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No es un matiz menor. La depuración la han hecho los servicios jurídicos del Estado contrastando sus registros con la base que gestiona la oficina estadística, consultable en la web del INE, y no una estimación política. Hablamos de personas con nacionalidad española reconocida, con pasaporte y con derechos, a las que una decisión cautelar deja sin uno de los principales.

El Supremo actuó en septiembre y su argumento pasó por exigir un plus de acreditación a quienes accedieron a la nacionalidad por la vía de la Ley de Memoria Democrática. La consecuencia práctica se mide ahora: 113.326 votos que no se depositarán, repartidos por consulados de medio mundo y con peso desigual según el territorio de origen familiar.

Una suspensión cautelar no cambia una nacionalidad, pero sí puede borrar del censo a quien ya la tenía reconocida.

La cifra tiene una segunda arista, y es la que más incomoda. Iustitia Europa ha denunciado que cerca de 36.000 de esos nacionalizados ni siquiera aparecen en el censo de residentes en el exterior, de modo que su situación sería anterior a la suspensión y ajena a ella. La organización pide que se depure caso por caso antes del 29-N. Ferraz y Moncloa guardan silencio sobre esa reclamación concreta y se remiten al escrito jurídico.

El certificado para hijos y nietos de exiliados: la vía que el Supremo deja abierta

La resolución judicial no es un portazo definitivo. Admite una excepción que pasa por demostrar documentalmente la condición de hijo o nieto de exiliado político. Es un pasadizo estrecho y con carga probatoria alta, precisamente para un colectivo que muchas veces conserva papeles familiares dispersos, partidas antiguas o registros consulares incompletos.

113.326 nacionalizados

En el Gobierno se trabaja con la hipótesis de que una parte de los afectados pueda acreditar esa condición en las próximas semanas. La pregunta que sobrevuela es si habrá tiempo material antes de la cita electoral y con qué criterio uniforme se valida cada expediente. Un trámite desigual por consulados sería la peor de las respuestas posibles.

La lectura política de fondo es otra y afecta directamente al partido que impulsó la norma. La Ley de Memoria Democrática fue una seña de identidad del Ejecutivo de coalición, y ahora queda atrapada en un litigio que puede erosionar su aplicación práctica. El PP ha pedido ‘claridad’ sin entrar al fondo del asunto; Vox celebra la decisión judicial sin matices. Ninguno de los dos ha explicado qué haría con los 113.326.

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El Eje del Poder Socialista

En Ferraz 70 el asunto se sigue con preocupación contenida y con una instrucción clara a los portavoces: no convertir una decisión judicial en un conflicto institucional. El argumentario que circula por el Grupo Parlamentario Socialista es que el Gobierno ha cumplido escrupulosamente con el Supremo, ha depurado la cifra con rigor técnico y mantiene abierta la vía del certificado. Poca cosa más se puede decir sin entrar en terreno pantanoso. Y ahí está el reto: explicar por qué una ley de memoria acaba limitando el voto de quienes precisamente quería reconocer.

El aterrizaje territorial no es homogéneo. Galicia, Asturias, Canarias y amplias zonas de Castilla y León y Andalucía concentran buena parte de los descendientes de la emigración política y económica, y son también territorios donde los barones socialistas tienen algo que decir. Emiliano García-Page ha evitado pronunciarse más allá de un llamamiento a ‘resolver los problemas reales de la gente‘; Adrián Barbón sí ha reclamado que ‘ningún español se quede sin voz por un papel. La federación gallega y la canaria siguen el expediente con lupa, conscientes de que cada voto perdido en el exterior se nota después en el recuento.

Conviene recordar el precedente. Cuando el Congreso suprimió el voto rogado en 2022, la medida se presentó como una reparación democrática para los españoles fuera de España, tras años de quejas por las dificultades del procedimiento. Aquella reforma de la LOREG tuvo consenso amplio. Cuatro años después, un litigio cautelar deja a más de cien mil personas en el limbo del sufragio. No es la misma cosa, pero el relato se parece demasiado: el derecho al voto exterior vuelve a depender de una acreditación. Socios como ERC, EH Bildu y BNG, sensibles con la memoria democrática y con la emigración, tienen aquí munición para exigir al Gobierno una respuesta legislativa. El riesgo inmediato es claro: que el 29-N se celebre con un agravio sin resolver y que la próxima ventana crítica —la revisión del criterio cautelar y el calendario de certificados— llegue con el debate ya desgastado.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: Defensa del derecho al voto de los españoles en el exterior y de la memoria democrática como derecho de ciudadanía, no como privilegio administrativo.
  • Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE), con María Jesús Montero (vicepresidenta primera) en la coordinación institucional del expediente.
  • Próximo hito: Los comicios del 29 de noviembre y el siguiente pronunciamiento del Supremo sobre el certificado de exiliado.