El Gobierno reconoce a Guillem Agulló como víctima del terrorismo 33 años después de su asesinato en Montanejos

La decisión llega diez días después de que Pedro Sánchez recibiera a la familia en València. La sentencia de 1993 condenó al autor de la puñalada, pero no reconoció el móvil político.

El Consejo de Ministros reconoce a Guillem Agulló como víctima del terrorismo, 33 años después de su asesinato en Montanejos.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reconocimiento de Guillem Agulló como víctima del terrorismo, 33 años después de su asesinato en Montanejos (Castellón).
  • ¿Quién está detrás? La decisión la firma el Gobierno de Pedro Sánchez, tras la reunión que el presidente mantuvo el 6 de noviembre en València con la familia. Compromís y la ministra Diana Morant han confirmado el acuerdo.
  • ¿Qué impacto tiene? El Estado avala por vía administrativa el móvil político que la sentencia de 1993 no reconoció, y coloca el caso en el centro del debate sobre memoria democrática y ultraderecha.

Lo que el Estado acaba de reconocer y por qué tardó tres décadas

El acuerdo ha salido adelante en la reunión del Gabinete celebrada este martes en Madrid. Lo ha confirmado en la red social X la ministra valenciana y miembro del Consejo de Ministros, Diana Morant, que ha señalado que «desde el Gobierno de España se ha hecho justicia». Minutos antes lo había avanzado el diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, también en X.

El reconocimiento llega 33 años después del crimen y convierte en oficial lo que la familia sostuvo desde el primer día: que Guillem Agulló no murió en una pelea callejera, sino en un ataque político. Los hechos ocurrieron en la Pascua de 1993 en Montanejos, municipio del Alto Mijares, en la provincia de Castellón. El joven, vecino de Burjassot, pasaba unos días de vacaciones con amigos cuando un grupo de jóvenes de extrema derecha le mató a puñaladas.

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La sentencia que no quiso ver el móvil político

memoria democrática

La sentencia, dictada tras un juicio polémico, condenó por homicidio al autor de la puñalada. Años más tarde, ese mismo hombre aparecería en las listas locales de un partido ultra. El fallo no reconoció el móvil político, pese a que la instrucción y la fiscalía lo habían sostenido durante todo el procedimiento.

Esa grieta judicial es la que el Consejo de Ministros viene a cerrar por la vía administrativa, tres décadas más tarde. La consideración de víctima del terrorismo es una etiqueta jurídica con consecuencias: ordena el relato oficial de los hechos y abre la puerta a la protección que la normativa estatal prevé para quienes han sufrido ataques con motivación política.

El camino hasta aquí tiene una fecha concreta: el 6 de noviembre. Ese día, Pedro Sánchez recibió en València, antes de un mitin, a Carme Salvador y Guillem Agulló, padres del joven, y a su hermana Betlem. La familia le trasladó la petición de reconocimiento. El Ejecutivo se comprometió a estudiarla «con el rigor y la sensibilidad que merece». Diez días después, el acuerdo estaba sobre la mesa del Gabinete.

Tres décadas para que un Estado llame por su nombre a lo que una familia llevaba llamando así desde 1993.

El Escenario Valenciano

La decisión aterriza en una Comunitat Valenciana donde el relato sobre la ultraderecha lleva tres décadas sin cerrarse. Y aterriza desde Madrid, no desde València. El reconocimiento lo firma el Gobierno de Pedro Sánchez; el Consell de Juanfran Pérez Llorca, sostenido por PP y Vox, no figura entre los impulsores de la medida. Quien ha empujado la demanda ha sido Compromís, con Alberto Ibáñez como altavoz en el Congreso. Quien la ha confirmado, una ministra valenciana del PSPV. La foto política tiene lectura nacional: la consideración de víctima del terrorismo se ha aplicado históricamente en España a los atentados de ETA y del yihadismo, y extenderla a un crimen de la ultraderecha amplía el marco con el que el Ejecutivo aborda la memoria democrática.

Queda saber si el reconocimiento se queda en el plano estatal o si la Generalitat abre su propia vía de reparación. También si la etiqueta de terrorismo obliga a revisar el relato judicial de 1993, que sigue siendo el único oficial sobre lo ocurrido en el municipio de Montanejos. Para la familia, el paso dado este martes cierra una puerta que llevaba 33 años abierta. Para el sistema político valenciano, abre otra: la de explicar por qué el reconocimiento ha llegado desde Madrid y no desde el territorio donde ocurrió el crimen.

Ficha del Caso

  • El caso: Guillem Agulló, vecino de Burjassot, fue asesinado a puñaladas en la Pascua de 1993 en Montanejos por un grupo de jóvenes de extrema derecha. La sentencia condenó por homicidio, pero descartó el móvil político.
  • Datos importantes: El Consejo de Ministros aprueba este martes el reconocimiento como víctima del terrorismo, 33 años después. La reunión de Pedro Sánchez con la familia se celebró el 6 de noviembre en València. El acuerdo lo han confirmado Diana Morant y Alberto Ibáñez.
  • Resumen: El Estado avala por vía administrativa la naturaleza política del crimen y abre un debate sobre memoria democrática, ultraderecha valenciana y el papel de la Generalitat en el reconocimiento de las víctimas.
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