La Xunta de Galicia ha vuelto a frenar el PXOM de Ourense con un informe no favorable que impide, por ahora, su aprobación definitiva.
Un informe que deja el plan otra vez en el aire
El pronunciamiento llega en la fase previa a la aprobación definitiva y la Dirección Xeral de Urbanismo ya lo ha comunicado formalmente al Concello de Ourense, la institución que gobierna la capital provincial. Dentro del informe aparecen objeciones ligadas a las competencias de la Axencia Galega de Infraestruturas y de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. El contenido íntegro del documento no se ha hecho público, de modo que el alcance exacto de las deficiencias todavía no se puede medir con precisión. El efecto, en cambio, es inequívoco: el expediente se queda otra vez a las puertas.
No es el primer tropiezo. El 13 de junio de 2025, la Xunta rechazó el planeamiento por deficiencias que consideró de notable entidad: coherencia interna del documento, información desactualizada, cambios introducidos en 2021 en las alturas edificables de las torres del Miño y en el ámbito de Finca Mariñamansa, además de problemas de infraestructuras, patrimonio, zonas verdes, y documentación económica. La magnitud de aquellos fallos impidió incluso una aprobación parcial.
El Concello devolvió el expediente a la Xunta el 12 de agosto de 2026, ya con las correcciones incorporadas. Para costear esa revisión hubo que modificar el contrato con la empresa redactora, con 92.879 euros adicionales aprobados en junio. Los trabajos contemplaban actualizar la información demográfica desfasada, incorporar documentación económica y corregir distintos problemas urbanísticos señalados desde Santiago de Compostela. En octubre, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, confirmó que los técnicos autonómicos estaban examinando el documento presentado en agosto.
El pulso entre administraciones
La Xunta sostiene que no hay política en esta decisión. El delegado territorial en Ourense, Manuel Pardo, ha rechazado que el informe responda a motivaciones partidistas y ha defendido su carácter estrictamente técnico. Según su explicación, los organismos autonómicos detectaron requerimientos que ya se habían planteado antes y que no quedaron resueltos en la documentación presentada. El objetivo, añadió, es contar con un documento con todas las garantías jurídicas y evitar recursos judiciales en el futuro. También recordó las actuaciones autonómicas en materia de vivienda, como la promoción de 64 viviendas en Cambedo de Arés.
El gobierno municipal discrepa de fondo y de forma. Considera que las observaciones de Infraestruturas y de Patrimonio Cultural podrían haberse despachado con una aprobación condicionada, y asegura que algunos de los aspectos cuestionados por Patrimonio habían sido previamente consensuados entre técnicos de ambas administraciones. A eso se suma la lectura política: el Concello atribuye el frenazo a motivaciones relacionadas con la proximidad de las elecciones. Mientras tanto, el ejecutivo local anuncia que estudiará el informe junto al equipo redactor para decidir qué actuaciones emprende y cómo continúa la tramitación.
En el urbanismo gallego, la última palabra no la tiene quien gobierna la ciudad, sino quien firma el informe en Santiago.
El Laboratorio Gallego
El caso de Ourense no es solo un atasco administrativo. Es una foto fija de cómo funciona el urbanismo en Galicia y de quién manda en él. La Xunta gobierna con mayoría absoluta del PPdeG desde 2009, y el planeamiento municipal pasa siempre por su criba: la comunidad autónoma tiene la última palabra sobre el dibujo del suelo. En el Parlamento de Galicia, la cámara legislativa unicameral con 75 deputados, el BNG ejerce como primera fuerza de la oposición y el PSdeG ocupa el tercer lugar. Ninguno de los dos se juega nada en este expediente concreto, pero ambos partidos utilizan estos episodios para hablar de la relación entre Santiago y los concellos.
La dimensión nacional aparece por otra vía. El argumento de la seguridad jurídica como escudo frente a futuros recursos es el mismo que el PP ha convertido en bandera en los debates sobre suelo y vivienda, y encaja con el perfil gestor que Alberto Núñez Feijóo proyecta desde Madrid: administraciones que revisan, corrigen y exigen rigor documental. La otra cara es el coste. Un plan general bloqueado congela decisiones de suelo residencial, industrial y de equipamientos en una capital provincial que lleva años esperando su documento.
La incógnita es doble. Primera: si el Concello y la Xunta comparten realmente el mismo relato técnico, porque las dos versiones sobre el consenso previo con Patrimonio son incompatibles entre sí. Segunda: el calendario. La tramitación depende ahora de que Ourense incorpore las correcciones pendientes y de una nueva revisión autonómica, sin plazo público conocido. Y el ruido electoral, sea cual sea la cita que se avecine, no ayuda a desatascar un expediente que ya acumula dos informes desfavorables.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta emite un nuevo informe no favorable al PXOM de Ourense, el plan llamado a ordenar el urbanismo de la capital provincial, y el Concello responde acusando a la Administración autonómica de bloquearlo por motivos políticos.
- Datos importantes: Rechazo inicial el 13 de junio de 2025; expediente devuelto el 12 de agosto de 2026; 92.879 euros adicionales para modificar el contrato del equipo redactor; objeciones de la Axencia Galega de Infraestruturas y de Patrimonio Cultural; 64 viviendas promovidas por la Xunta en Cambedo de Arés.
- Resumen: El planeamiento sigue sin aprobación definitiva y depende de nuevas correcciones municipales. El episodio ilustra el peso de la Xunta, con mayoría absoluta del PPdeG, sobre el urbanismo municipal y la lectura política que de él hacen los concellos.

