El TSXG confirma el despido disciplinario de un representante de los trabajadores y avala excluir una prueba ilícita

La Sala de lo Social del TSXG desestima el recurso de suplicación del líder del STL y declara acreditadas dos infracciones de especial gravedad. La exclusión de una prueba ilícita no invalida la procedencia del despido disciplinario.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de suplicación y confirma la procedencia del despido disciplinario de un representante legal de los trabajadores de la concesionaria del servicio de recogida de basura de A Coruña.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Social del TSXG desestima el recurso de suplicación del trabajador, representante legal y líder del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), y declara procedente el despido disciplinario acordado por la concesionaria.
  • ¿Qué base jurídica aplica? Los artículos 54.2 y 55.1 del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 108 de la LRJS y el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de prueba ilícita.
  • ¿Qué impacto tiene? La exclusión de una prueba viciada no anula el despido cuando subsisten razones objetivas, ajenas y suficientes; criterio trasladable a los despidos de representantes sindicales en servicios externalizados.

Antecedentes: el conflicto en la concesionaria de la basura de A Coruña

El litigio trae causa de un despido disciplinario acordado por la empresa concesionaria del servicio municipal de recogida de basura de A Coruña contra un trabajador que simultaniaba sus funciones con la condición de representante legal de los trabajadores y con la dirección del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL). La instancia calificó la extinción como procedente; el empleado recurrió en suplicación ante la Sala de lo Social del TSXG, que ahora desestima el recurso y confirma el pronunciamiento de origen.

La documentación difundida por el gabinete de comunicación del TSJ de Galicia no reproduce el desarrollo argumental del recurso ni la fundamentación jurídica completa, de modo que los motivos concretos esgrimidos por la defensa del trabajador no constan en el material disponible. Sí se transcribe, en cambio, la ratio decidendi: «la empresa ha revelado razones objetivas, ajenas y suficientes para justificar la decisión».

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El control en suplicación se ejerce sobre la calificación del despido conforme al artículo 108 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que reserva al órgano judicial la declaración de procedencia, improcedencia o nulidad. En el caso de los representantes legales de los trabajadores, el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores añade una garantía formal previa —la apertura de expediente contradictorio cuando el empresario imputa al representante un incumplimiento grave y culpable—, a la que se suma la prioridad de permanencia del artículo 68.b) del mismo texto legal. El texto divulgado no detalla el iter de esa garantía formal en el procedimiento de origen.

El fallo: dos infracciones de especial gravedad y una prueba ilícita excluida

La resolución declara acreditadas dos infracciones laborales de especial gravedad. La primera consiste en el acceso y tránsito del trabajador, durante tres noches consecutivas —los días 24, 25 y 26 de junio de 2024—, por una zona de circulación de camiones de la instalación. El cuerpo de la nota oficial del TSJ de Galicia se interrumpe en ese punto: la segunda infracción no queda descrita en el material disponible y el texto íntegro de la sentencia no consta en la fuente consultada.

La ilicitud de una prueba no arrastra el despido: el TSXG excluye el material viciado y sostiene la procedencia sobre razones objetivas, ajenas y suficientes.

El segundo eje del fallo es probatorio. La Sala avala la exclusión de una prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales, conforme al artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe surtir efecto a las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos o libertades fundamentales. La exclusión del material viciado no arrastra la nulidad del despido: el tribunal sostiene la decisión extintiva sobre el resto del acervo acreditado.

Ese enfoque entronca con la doctrina de la conexión de antijuridicidad (STC 81/1998), que impide extender automáticamente la ineficacia a las pruebas obtenidas de forma autónoma y lícita. La Sala de lo Social no convierte la ilicitud probatoria en un valladar frente a la potestad disciplinaria del empresario, sino que depura el acervo y resuelve sobre los hechos que subsisten.

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La Doctrina del Tribunal

La sentencia consolida en el orden social gallego una regla de separación entre la licitud de la prueba y la validez de la decisión empresarial. La doctrina anterior, fijada por el Tribunal Constitucional en la STC 114/1984, ya advertía de que la prohibición de valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales no equivale a la invalidez de todo el procedimiento en el que se aportan.

El TSXG traslada ese canon al despido disciplinario de un representante sindical y concluye que la exclusión del elemento probatorio viciado no impide declarar la procedencia cuando persisten razones objetivas, ajenas y suficientes.

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En el plano normativo, la doctrina se apoya en el artículo 24.2 de la Constitución, que exige que la prueba se practique con todas las garantías, y en el artículo 11.1 de la LOPJ. En el proceso social la carga de acreditar el incumplimiento grave y culpable recae sobre el empresario, de modo que la depuración de una prueba no traslada esa carga al trabajador ni convierte el despido en improcedente por defecto probatorio. Para los litigantes, el criterio obliga a construir el relato disciplinario sobre hechos autónomos y verificables, con independencia del material que pueda decaer.

El impacto es acotado pero relevante en los juzgados de lo Social de Galicia, que cuentan con un precedente de sala en una materia de litigiosidad recurrente: la extinción de contratos de representantes legales y delegados sindicales en servicios externalizados. La resolución no es firme. Contra ella cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, conforme al artículo 220 de la LRJS, siempre que concurra contradicción con otra sentencia de sala de lo social de un TSJ o del propio alto tribunal en los términos del artículo 219. La eventual unificación afectaría a la jurisprudencia consolidada en materia de prueba ilícita y calificación del despido.

FICHA DEL CASO

  • El caso: despido disciplinario de un representante legal de los trabajadores y líder del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza en la concesionaria del servicio de recogida de basura de A Coruña. Recurso de suplicación contra la sentencia de instancia que lo declaró procedente.
  • Datos importantes: dos infracciones laborales de especial gravedad; tránsito por zona de circulación de camiones los días 24, 25 y 26 de junio de 2024; exclusión de prueba ilícita conforme al artículo 11.1 de la LOPJ; fallo desestimatorio del recurso. La fuente no precisa si la resolución es unánime o cuenta con votos particulares, ni identifica el número de sentencia.
  • Fecha de los juicios: hechos acreditados entre el 24 y el 26 de junio de 2024. La nota oficial no consigna la fecha de la vista oral ni la fecha exacta de la sentencia; su difusión en el portal del CGPJ es la única referencia temporal disponible.
  • Personas acusadas y por qué: N/A. No existe imputación penal. El trabajador despedido, representante legal de los trabajadores y líder del STL, es parte de un procedimiento de despido disciplinario ante la jurisdicción social.
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