Cataluña prepara su propia ley antitabaco para bajar el consumo al 15% y el ocio nocturno planta cara

El Departament de Salut quiere situar la prevalencia por debajo del 15% en los cinco años posteriores a la entrada en vigor. El borrador recupera la prohibición de fumar en terrazas, marquesinas y accesos a colegios y hospitales.

El Departament de Salut trabaja en una ley catalana integral de tabaco, nicotina y productos relacionados. El objetivo que maneja el departamento es situar la prevalencia por debajo del 15% y ampliar los espacios libres de humo y aerosoles.

La vía autonómica ha vuelto al primer plano después de que la reforma estatal impulsada por Mónica García haya decaído por el adelanto electoral. Sin norma nacional, decenas de entidades sanitarias, científicas y sociales han reclamado al Govern y al Parlament que aprueben de urgencia una ley catalana integral: consideran que las prohibiciones estatales han quedado temporalmente en papel mojado.

Qué hay dentro del borrador que prepara Salut

Fuentes del Departament explican que la norma se moverá en cuatro frentes: ampliar los espacios sin humo y sin aerosoles, regular los nuevos productos de nicotina dentro de las competencias de la Generalitat, reducir la visibilidad y la promoción comercial y reforzar la prevención junto a la ayuda a quien quiere dejarlo. A eso se suma la dimensión ambiental del tabaquismo y un capítulo de transparencia para blindar las políticas públicas ante los intereses comerciales de la industria. El foco, insisten, son menores, adolescentes y jóvenes. El Departament mantiene publicados sus planes de prevención en su web oficial.

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Los números explican la prisa. El tabaco afecta todavía a una de cada cinco personas de 15 años o más en Cataluña, de modo que el umbral del 15% obliga a recortar cerca de una cuarta parte del consumo actual. Cada año se le atribuyen 10.000 muertes en el territorio, la mitad por cáncer de pulmón, y concentra el 13% de las defunciones. La hoja informativa de la OMS eleva a más de siete millones las muertes anuales en el mundo, 1,6 millones de ellas en no fumadores expuestos al humo. El contrapunto: 72.980 personas dejaron de fumar el año pasado.

No es una idea nueva. En septiembre de 2022, el entonces consejero de Salut Josep Maria Argimon ya anunció una ley autonómica ante el estancamiento de la reforma estatal. Aquel borrador preveía prohibir fumar en terrazas de bares y restaurantes, en marquesinas de autobús y en los accesos inmediatos a escuelas y hospitales. En junio de este año, el secretario de Salut Pública, Esteve Fernández, añadía playas, parques, jardines urbanos y recintos deportivos a la lista de espacios a proteger.

El pulso con el ocio nocturno de Barcelona

fumar terrazas Cataluña

El sector de la noche ha movido ficha en sentido contrario. Las discotecas de Barcelona piden enterrar definitivamente la prohibición de fumar en terrazas y reclaman que se escuche al sector antes de legislar, según recoge Crónica Global. Su argumento no es solo sanitario: hablan de facturación, de empleo y de una normativa que, sostienen, les deja en desventaja frente a otros destinos europeos.

Una ley que aspira a una generación sin tabaco se negocia también con quien factura la última copa y con quien vende la primera cajetilla.

El Ejecutivo de Salvador Illa se juega aquí algo más que una norma sanitaria. La ley antitabaco catalana es una de las pocas iniciativas de esta legislatura que puede presentarse a la vez como bandera social y como prueba de que la Generalitat legisla sin esperar a Madrid. Ese doble rédito tiene precio: cada terraza que se cierra es una factura que alguien acaba presentando al Govern.

La aritmética parlamentaria tampoco simplifica nada. El texto necesitará apoyos fuera del grupo socialista, y el ocio nocturno tiene interlocutores en más de una bancada. Enfrente, el ámbito sanitario comparece con un aval difícil de rechazar: una decena de entidades científicas y sanitarias reclamaron este 17 de noviembre, Día Mundial del Cáncer de Pulmón, una ley catalana sin más demora.

Por qué la vía catalana vuelve ahora al primer plano

Lo que observamos es un patrón conocido en Cataluña: cuando Madrid se atasca, la Generalitat ocupa el hueco y convierte la espera en bandera. El anuncio de Argimon en 2022 no culminó en una ley aprobada; el Govern actual retoma aquel planteamiento con un texto que aún no tiene articulado público ni calendario cerrado.

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El margen competencial marca el límite. La Generalitat puede actuar sobre salud pública, consumo y espacios de su titularidad, pero la regulación básica del tabaco es estatal. De ahí que Salut insista en complementar la normativa nacional en lugar de sustituirla: la ley catalana podrá ser más estricta en terrazas, marquesinas y promoción, pero difícilmente tocará fiscalidad o etiquetado sin el paraguas del Estado.

Hay un riesgo evidente de solapamiento. Si la norma estatal se desatasca en el próximo ciclo político en Madrid, Cataluña puede acabar con dos marcos encima de la mesa y un reguero de dudas prácticas en terrazas, marquesinas y accesos escolares. A eso se añade el calendario: el texto debe pasar por el Consell Executiu, el trámite de información pública y el Parlament, y el propio departamento habla de un horizonte de cinco años desde que la norma entre en en vigor, no de una fecha de aprobación.

Mientras la política discute el cómo, el tabaco sigue matando a cerca de 27 personas al día en Cataluña. La pregunta que el Govern no ha respondido todavía es si está dispuesto a pagar el coste político de una prohibición real en las terrazas o si, como en 2022, la ley se quedará en el anuncio.