Ada Colau quiere atar los salarios al IPC por ley y recortar un 30% los alquileres. Lo ha anunciado este martes en los Desayunos Informativos de Europa Press, con una reforma del Estatuto de los Trabajadores como herramienta y una advertencia al PSOE: si hay coalición, la medida entra. La candidata del Frente Amplio no ha presentado un catálogo de intenciones. Ha presentado una factura.
La cláusula de revisión que deja de ser voluntaria
El mecanismo es menos espectacular de lo que suena y más ambicioso de lo que parece. Hoy la revisión salarial vinculada al IPC solo cubre al 39% de los trabajadores; el 60% restante queda, en palabras de la candidata, «a la intemperie». La propuesta pasa por introducir una cláusula de aplicación subsidiaria en el Estatuto de los Trabajadores: si el convenio no la recoge, la actualización opera igual. Es decir, la subida deja de depender de la correlación de fuerzas en cada mesa.
«Es una medida muy de mínimos para garantizar que efectivamente los salarios de este país suban de acuerdo al precio de la vida y que lleguen a todos», ha reclamado Colau. La candidata ha contrapuesto la evolución de las nóminas a los «gigantescos beneficios» empresariales que, a su juicio, no se trasladan a las plantillas. La novedad es el instrumento: dejar por escrito en la ley lo que hasta ahora se libraba convenio a convenio.
El anuncio ha coincidido con la aprobación, en el Consejo de Ministros, de una nueva subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.286 euros. Colau ha reivindicado el efecto tractor de estas actualizaciones sobre el resto de las retribuciones, pero ha avisado de que su formación quiere un papel destacado en el próximo Gobierno para que esa subida «no sea la última». Traducido: el SMI no basta como política de rentas si la ley permite que el resto de los salarios se descuelgue.
Vivienda y prestación por hijo: del modelo alemán a los 200 euros

En vivienda, la candidata ha fijado una rebaja del 30% de los alquileres como una de las primeras medidas de la próxima legislatura si se reedita la coalición progresista. «Es perfectamente posible», ha defendido, después de denunciar que los precios han crecido a un ritmo que duplica el de los salarios , y de considerar insuficiente la primera ley aprobada para contenerlos. El marco no es nuevo. El umbral sí: un tercio de recorte.
A ese paquete se suma la recuperación de la renovación automática de los contratos de arrendamiento, que el Congreso rechazó la semana pasada. Colau ha señalado el modelo alemán, donde la estabilidad contractual se garantiza salvo que el propietario necesite recuperar la vivienda para uso propio. «.
El tercer frente es la prestación universal de 200 euros mensuales por hijo a cargo, que el Frente Amplio reclama desde el inicio de la legislatura. Colau ha apremiado a Pedro Sánchez a aprobarla antes de las elecciones generales: «Ya está elaborada». Y ha añadido que le sorprendió verle en un mitin prometiendo para el futuro una medida «bloqueada». La ayuda la impulsa el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. El reproche no va al Gobierno entero: va a la parte que decidió aparcarla.
La Dinámica de Coalición
El equilibrio interno del espacio explica el tono. Colau habla como candidata y no como ministra, y eso le permite fijar el suelo del programa sin defender el balance del Ejecutivo. Cada propuesta tiene su destinatario: la cláusula salarial habla al electorado sindical, la rebaja de alquileres a los votantes urbanos que sostienen a las confluencias en las grandes ciudades, y los 200 euros por hijo a las familias que comparan recibos. Ninguna exige romper con el PSOE. Todas exigen algo al PSOE.
La dimensión de coalición es más incómoda. El mismo día del anuncio, el Consejo de Ministros aprobaba una subida del SMI hasta 1.286 euros: es a la vez un aval y una advertencia, porque demuestra que el marco permite avances y que estos dependen de quién gobierne. La renovación automática de contratos que el Congreso rechazó la semana pasada marca el otro extremo: la mayoría que sostiene al Gobierno puede frenar lo que promete.
Y queda el precedente más delicado: la prestación de 200 euros, impulsada por Bustinduy y bloqueada, según Colau, por el presidente del Gobierno. Es una medida del socio minoritario que no llegó a aprobarse y que ahora vuelve como promesa electoral del propio Sánchez. Ahí se mide la credibilidad de cualquier reedición.
La proyección es clara. Colau ha convertido la aprobación de los 200 euros antes de las elecciones en un test de la coalición, y condiciona el resto a que se reedite el Gobierno progresista. Si ocurre, la reforma del Estatuto y la rebaja del 30% llegarán al Consejo de Ministros con el PSOE obligado a pronunciarse. Si no, quedarán como programa. Ya no se discute el qué, sino el a cambio de qué.
Ficha del Caso
- El caso: Colau presenta tres medidas de impacto —revisión salarial por ley, rebaja del 30% de alquileres y 200 euros por hijo— con la vista puesta en la próxima legislatura.
- Datos importantes: la revisión por IPC cubre hoy al 39% de los trabajadores y deja fuera al 60%; el SMI aprobado asciende a 1.286 euros; la prestación propuesta es de 200 euros mensuales por hijo a cargo; el Congreso rechazó la semana pasada la renovación automática de contratos.
- Resumen: las tres promesas presionan al PSOE dentro de la coalición y fijan el marco del espacio de las confluencias para el ciclo electoral.
