La documentación remitida por la Abogacía del Estado al Tribunal Supremo ha planteado nuevos interrogantes, que el Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística (INE) deberían aclarar. Según el escrito presentado el 13 de noviembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores facilitó inicialmente 163.355 registros de personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Tras descontar 9.707 registros correspondientes a menores de edad o nacionalizaciones posteriores al cierre censal, quedaron 153.648. Sin embargo, el INE únicamente identifica ahora 117.723 registros en el CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes), el censo electoral de españoles residentes en el extranjero. No aclara donde están los 35.925 electores «desaparecidos».
El gobierno no aclara en el informe remitido al Supremo dónde está la diferencia de votantes. El partido político Iustitia Europa exige «conocer su situación censal individualizada y advierte de que si alguno de estos registros corresponde a electores comprendidos en las medidas cautelares, sus efectos electorales deben quedar suspendidos conforme a lo ordenado por el Supremo, tanto si figuran en el CERA como si han sido trasladados al CER, en los términos que alcance la resolución judicial. A doce días de las elecciones, esta falta de transparencia resulta inadmisible», advierten en un comunicado.
La Administración reconoce finalmente 113.326 electores afectados por las medidas cautelares. Sin embargo, el informe del INE de 11 de noviembre explica que, durante el escrutinio general, el sistema informático mostrará una advertencia cuando detecte a un elector suspendido.
Desde el Auto de 10 de septiembre, el Tribunal Supremo ha tenido que pronunciarse reiteradamente sobre la ejecución de las medidas cautelares. Mientras tanto, la Administración ha ido modificando las cifras de afectados, hasta fijarlas ahora en 113.326. A ello se añade la controversia judicial todavía abierta sobre los hijos de los nacionalizados y los posibles traslados del CERA al censo electoral de residentes en España. El partido Iustitia Europa ha anunciado que presentará un escrito en las próximas horas ante el Tribunal Supremo para señalar: «Que el INE explique la situación censal de los 35.925 registros no localizados en el CERA. Que se identifiquen los posibles traslados del CERA al CER y sus fechas. Que se acredite el procedimiento efectivo de separación y exclusión de los votos suspendidos. Que el Tribunal Supremo pueda verificar el cumplimiento íntegro de sus resoluciones antes de las elecciones del 29 de noviembre».
Luis María Pardo, presidente de la formación dice que «ya lo advertí en la denuncia del 28 de junio ante la Junta Electoral Central que origina la suspensión cautelar, que nos íbamos a encontrar ante este escenario electoral. No se puede pedir a los españoles que confíen ciegamente en un censo cuyas cifras el propio gobierno no termina de explicar» y añade que «llevamos meses reclamando garantías electorales ante los tribunales. El Supremo ha tenido que intervenir y ahora nos presentan unas cifras que dejan 35.925 registros sin una explicación censal suficiente. ¿Dónde están? ¿En qué censo figuran? ¿Quién ha comprobado su situación? Exigimos que se cumplan las resoluciones judiciales y que cada voto se contabilice conforme a la ley. Y ha terminado señalando que «a doce días de las elecciones, esto es una inaudito. el censo se revisa antes de votar, no después».
Iustitia Europa reitera que la transparencia electoral no es una opción: es una obligación de todos los poderes del estado.

