Vocales del CGPJ de PSOE y Sumar señalan al vocal que vota con la derecha y hace campaña contra Sánchez

Los nueve consejeros progresistas advierten de que Carlos Hugo Preciado ha entregado el órgano de gobierno de los jueces a los diez vocales conservadores. El juez Manuel Ruiz de Lara aprovecha sus críticas para volver a insultar al presidente del Gobierno sin sanción alguna.

El vocal del CGPJ a propuesta de Sumar, Carlos Hugo Preciado, vota con los diez consejeros conservadores del órgano. Sus nueve compañeros progresistas advierten desde hace años de que esa alineación entrega el gobierno de los jueces a la mayoría que designó el PP. La queja no es nueva. Lo nuevo es el altavoz que ha encontrado al otro lado.

La aritmética que entrega el CGPJ a la mayoría conservadora

En el Consejo General del Poder Judicial —el órgano de gobierno de los jueces, con veinte vocales y una presidencia— la cuenta no admite interpretaciones: nueve vocales progresistas frente a diez conservadores. Preciado, designado a propuesta de Sumar (hoy Frente Amplio), desempata hacia la derecha y en las votaciones trascendentes vota junto a la presidenta, Isabel Perelló. Es una mayoría construida con un voto ajeno al bloque que lo propuso, según la información publicada por infoLibre.

Sus últimas declaraciones acusaron a los consejeros de izquierda de seguir consignas del Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños. De las que pudieran recibir los vocales de derecha, ni una palabra.

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El problema no se queda dentro del edificio. Quien ha amplificado esas críticas con más entusiasmo es un juez en ejercicio, Manuel Ruiz de Lara, titular de un Juzgado de lo Mercantil, que el pasado sábado publicó un artículo en el que califica de ‘ejercicio de valentía’ y de ‘demostración de autonomía e independencia’ las palabras de Preciado contra sus propios compañeros.

La Ley Orgánica del Poder Judicial es explícita. Su artículo 395 prohíbe a jueces y magistrados dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos ‘felicitaciones o censuras por sus actos’. La interdicción se traduce en dos faltas disciplinarias: una grave, que puede alcanzar la expulsión de la carrera, y otra leve, con multa de hasta 6.000 euros, para quien invoca su condición de juez al censurar a un cargo público. El texto consolidado de la norma no deja margen.

Un órgano que archiva los insultos al presidente del Gobierno y aplaude a quien los celebra no está aplicando la ley: está eligiendo a quién protege.

Ruiz de Lara no es un desconocido para el órgano. En 2023 se abrió una investigación disciplinaria contra él por llamar al presidente del Gobierno ‘psicópata sin límites éticos’ y ‘narcisista patológico’ en la red social X. La comisión permanente le imputó primero la falta grave y terminó archivando el expediente en junio de 2024, semanas antes de la renovación del Consejo, al no considerar acreditado que las declaraciones se hicieran en su condición de juez. En el expediente constaban las capturas de pantalla.

La renovación no cambió el patrón. En diciembre de 2024 llamó ‘barbigoña’ a Begoña Gómez y ‘catedrático de inconstitucionalidad y amnistía’ al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. La mayoría conservadora de la comisión disciplinaria lo exculpó sosteniendo que el tuit era ‘una inocentada’, porque se había publicado el 28 de diciembre. Otros calificativos —’golpista’, ‘antisistema’, ‘autócrata’— quedaron encuadrados en la libertad de expresión del juez. La resolución la redactó el vocal José María Páez, que había compartido mesa redonda con Ruiz de Lara en las jornadas jurídicas que OkDiario organiza en Marbella.

Quién protege a Ruiz de Lara y con qué argumentos

Carlos Hugo Preciado

El texto del sábado recupera un insulto que ya había quedado sin castigo. Habla de ‘narcisismo exacerbado’, del ‘síndrome de Hubris propio de aquel que desprecia la democracia’ y de ‘una patología inherente a quien carece de escrúpulos’. Después, con nombre y apellidos, atribuye al presidente del Gobierno ‘orfandad de cualquier principio y límite moral’ y lo describe como un ‘dirigente sin escrúpulos’ que ‘no dudó en degradar y atacar a todas las instituciones democráticas’.

En el camino, el artículo carga contra varios consejeros: José María Fernández Seijo, Lucía Avilés, Ricardo Bodas, y Argelia Queralt. Les acusa de querer convertir el Consejo en un ‘mero apéndice del Gobierno mediante la obediencia debida a instrucciones y consignas ministeriales’. Ninguna de esas advertencias se dirige, en cambio, a la disciplina con la que votan los vocales designados a propuesta del PP.

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Las palabras de Preciado han encontrado eco en la derecha judicial. El magistrado madrileño Luis Sanz (@MagistraThor) escribió el 11 de noviembre que ‘de vez en cuando, muy de vez en cuando, aparece un vocal del Consejo honrado y con dignidad’. Fernando Portillo (@JudgeTheZipper), expresidente de Foro Judicial Independiente, lo describió como ‘una de las personas más trabajadoras y, a la vista está, más honestas’. La Asociación Profesional de la Magistratura respaldó también sus críticas.

El Eje del Poder Socialista

La lectura que se hace en Ferraz es que el caso trasciende a un vocal concreto. El PSOE sostiene que la credibilidad de la justicia no se defiende con declaraciones de independencia, sino con un régimen disciplinario que se aplique igual al juez que insulta al presidente del Gobierno y al que critica a una mayoría conservadora. La coalición con Sumar añade una capa delicada: el vocal señalado procede del socio minoritario y la dirección federal separa la crítica de conducta del vínculo político.

El aterrizaje territorial es directo. El Consejo gobierna el escalafón, las licencias y el régimen disciplinario de los jueces que ejercen en toda España: de los juzgados de Castilla-La Mancha, con Emiliano García-Page al frente del Gobierno autonómico, a los de Asturias de Adrián Barbón o Navarra de María Chivite. Si la disciplina se percibe como un traje a medida, el ciudadano que acude a un juzgado deja de creer que el resultado depende solo de la ley.

Hay precedente. La Ley Orgánica del Poder Judicial que Ruiz de Lara incumple la aprobó un Gobierno socialista en 1985, con el objetivo declarado de someter a los jueces a un estatuto común. Cuatro décadas después, el órgano salió de cinco años de bloqueo con una renovación pactada en 2024 que alumbró exactamente el reparto actual: nueve vocales progresistas, diez conservadores y un desempate que, en la práctica, ha dejado de serlo.

Lo que observamos es un problema de confianza institucional que se agrava con cada silencio. Basta con que la comisión disciplinaria siga sin mover ficha y con que Preciado mantenga su alineación en el próximo Pleno del Consejo. Ahí se verá si la mayoría conservadora prefiere administrar el silencio o rendir cuentas ante una opinión pública que ya distingue entre independencia y blindaje.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: La independencia judicial se ejerce igual para todos: el PSOE subraya la asimetría del régimen disciplinario.
  • Protagonista: Carlos Hugo Preciado (vocal del CGPJ a propuesta de Sumar, hoy Frente Amplio).
  • Próximo hito: Próximo Pleno del CGPJ, sin fecha confirmada, y la comisión disciplinaria.