Canarias exige al Estado 1.000 millones para renovar el convenio de carreteras

El consejero Pablo Rodríguez reclama por escrito una prórroga de cinco años con 200 millones anuales, mientras el Ejecutivo de Clavijo sostiene que los 1.470 millones del convenio de 2018 ya están comprometidos.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha reclamado por escrito al Estado la prórroga del convenio de carreteras cinco años más, con 1.000 millones adicionales (200 millones anuales), en la inauguración del I Congreso Canario de Carreteras.
  • ¿Quién está detrás? El Ejecutivo autonómico de coalición entre Coalición Canaria y el PP, que preside Fernando Clavijo, y el Ministerio de Política Territorial, destinatario de la solicitud.
  • ¿Qué impacto tiene? Sin renovación, la Consejería advierte de un frenazo en la licitación de obra viaria en las islas a partir del cierre del convenio firmado en 2018.

Canarias quiere renovar el convenio de carreteras con el Estado y elevar su cuantía en 1.000 millones de euros.

La petición no es nueva. Este martes ha tenido escenario y altavoz. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, la ha formulado en la inauguración del I Congreso Canario de Carreteras.

El foro se celebra en Las Palmas de Gran Canaria con 250 inscritos, medio centenar de ponentes y moderadores, 22 patrocinadores y ocho expositores. Cuenta con el respaldo de la Asociación Española de la Carretera (AEC), la patronal técnica del sector.

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La cifra que se ha puesto sobre la mesa es concreta: 1.000 millones adicionales repartidos en cinco años, esto es, 200 millones anuales. Rodríguez explicó que la solicitud ya ha salido por escrito hacia el Ministerio y que el propio presidente canario, Fernando Clavijo, la ha trasladado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Del convenio de 2018 a una prórroga con 200 millones al año

El marco vigente nació en 2018. Aquel acuerdo entre el Estado y Canarias —el convenio de carreteras, el instrumento bilateral que financia la red viaria del archipiélago al margen del régimen común de transferencias— movilizó 1.470 millones. Según el consejero, ese dinero está «prácticamente comprometido»: obras adjudicadas, contratos firmados.

«Ya hemos solicitado por escrito al Gobierno de España la prórroga del convenio actual del 2018 por cinco años más, pero incrementando la cuantía en 1.000 millones de euros», dijo Rodríguez. La consejería, añadió, tiene proyectos ya redactados por ese importe, de modo que la inversión podría licitarse sin demora.

Canarias no pide un favor: pide 200 millones al año para que el asfalto de ocho islas no dependa de un convenio que se agota.

El consejero fue más allá en la comparación: sostiene que Canarias es la comunidad autónoma que más invierte en carreteras de todo el Estado. Es una afirmación suya, sin dato homogéneo que la contraste en el propio acto. Lo que sí consta es el volumen: 1.470 millones para una red repartida entre ocho islas y dos provincias.

La vía elegida no es casual. Rodríguez reconoció que, ante la ausencia de una ley de presupuestos estatal en esta legislatura, la prórroga resulta más sencilla que negociar un convenio nuevo. «Nos permite invertir 1.000 millones más», resumió.

Carreteras con placas solares y el efecto en la vida diaria

El congreso no solo ha servido para pedir dinero. También para exhibir un cambio de enfoque que el Ejecutivo autonómico presenta como propio: la estrategia verde viaria. Paneles fotovoltaicos en las bocas de los túneles de Mogán, sustitución de luminarias por led, sensores de presencia y contadores energéticos. «Ya no es una teoría, sino una práctica», defendió el consejero.

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La directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, detalló el catálogo: renovables en terrenos ya antropizados, atenuación del alumbrado y control del consumo. Por el Ministerio de Transportes intervino Guillermo Llopis, director general de Carreteras, en una mesa moderada por el decano de Caminos en Las Palmas, Felipe Roque.

Para el ciudadano de a pie, la traducción es menos vistosa y más tangible. La red viaria es la única conexión terrestre real dentro de cada isla: no hay trenes, no hay itinerarios alternativos, no hay desvíos posibles cuando un tramo se cierra. De la calidad del asfalto dependen el transporte sanitario, el reparto y los desplazamientos diarios de una población que se reparte en en ocho territorios muy distintos.

La comparación con el resto del mapa autonómico ayuda a dimensionar el caso. Ninguna de las comunidades que cubrimos tiene una red fragmentada en ocho territorios insulares, con puertos y aeropuertos como única alternativa para mercancías y urgencias. Baleares comparte la condición de archipiélago, pero su escala es otra. En Canarias, cada kilómetro de asfalto es también un instrumento de cohesión social.

El Pulso Territorial

Canarias gobierna desde 2023 en coalición entre Coalición Canaria y el PP, con Fernando Clavijo en la Presidencia y un Parlamento de Canarias de 70 escaños donde los apoyos minoritarios resultan decisivos en las votaciones ajustadas. La reclamación del convenio no divide a los grupos isleños: a nadie le sale a cuenta oponerse a más inversión viaria. El matiz está en el ritmo y en la letra pequeña.

La dimensión regional pesa. Los 1.470 millones del convenio equivalen a cerca de 670 euros por habitante si se reparten entre los 2,2 millones de residentes del archipiélago, un cálculo que ayuda a entender por qué la Consejería habla de récord inversor y por qué el resto de comunidades lo mira con distancia. A eso se suma el REF (el régimen económico y fiscal canario, que reconoce singularidades fiscales por la lejanía), insuficiente por sí solo para sostener obra pública de esta escala.

La proyección inmediata no tiene fecha cerrada. No hay calendario público para la respuesta del Ministerio y el propio Rodríguez admite que la prórroga es la vía rápida. El riesgo es conocido: cualquier convenio plurianual depende después de que los Presupuestos Generales del Estado lo recojan. Y el calendario electoral, con comicios autonómicos previstos para 2027, añade presión sobre una consejería que presume de ejecución casi total. Aquí nadie quiere ser el gobierno que dejó las carreteras sin convenio.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Gobierno de Canarias solicita por escrito prorrogar cinco años el convenio de carreteras 2018-2026, con 1.000 millones adicionales, durante el I Congreso Canario de Carreteras en Las Palmas.
  • Datos importantes: 1.470 millones del convenio vigente, casi ejecutados; 200 millones anuales pedidos; 250 congresistas; red repartida entre ocho islas y dos provincias; el REF como marco fiscal diferencial.
  • Resumen: La petición está formalizada ante el Ministerio de Política Territorial y cuenta con respaldo del sector. Falta la respuesta estatal y la eventual consignación presupuestaria, aún sin fecha.
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