La Audiencia de Valencia cierra la puerta a los mensajes de Bernabé del 29-O en la causa de la DANA.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ha desestimado, por unanimidad, los recursos contra dos resoluciones de la jueza que instruye la causa de la DANA.
- ¿Quién está detrás? Las defensas de la exconsellera Salomé Pradas y del investigado Emilio Argüeso pedían los mensajes de la entonces delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; una acusación particular reclamaba más diligencias sobre el barranco del Poyo.
- ¿Qué impacto tiene? El tribunal confirma que la intimidad de la testigo pesa más que una petición genérica y da por acreditado que la información clave sobre el Poyo ya está en el sumario.
Qué dicen los autos: ni utilidad ni pertinencia frente al derecho a la intimidad
Los dos autos difundidos este martes confirman las resoluciones de la jueza que instruye el proceso judicial de la DANA (la Depresión Aislada en Niveles Altos que provocó las inundaciones de octubre y noviembre de 2024) y desestiman los recursos de apelación que llegaron a la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, que resuelve por unanimidad de sus magistrados.
El primero lo presentó la defensa de la exconsellera investigada Salomé Pradas, al que se adhirió el otro investigado, Emilio Argüeso. Ambos reclamaban que se requiriera a la entonces delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, para que aportara a la causa sus comunicaciones sobre la emergencia del 29-O.
Dos motivos sostienen el rechazo. El primero es técnico: no se aprecia «utilidad y pertinencia de lo interesado» ante «lo genérico de la petición». El segundo toca un derecho fundamental: la diligencia «afectaría de lleno al núcleo de su derecho a la intimidad» de la testigo, «por más que se sugieran medidas atenuatorias de la injerencia», sostienen los magistrados.
Del barranco del Poyo a La Torre: las diligencias que el tribunal considera impertinentes
El segundo auto desestima el recurso de una acusación particular contra la negativa de la instructora a practicar numerosas diligencias después de la declaración testifical de la alcaldesa de Valencia. El «grueso de la información» sobre el estado del barranco del Poyo y su desbordamiento, causante de los fallecimientos en la pedanía de La Torre, «ya consta en actuaciones», concluye el tribunal.
Los magistrados añaden otro reproche: los recurrentes no explican qué dato concreto sobre el saneamiento, el drenaje, las compuertas de la Albufera, las estaciones de bombeo o los colectores podría considerarse «información hidrológica crítica». La petición, dicen, gira sobre extremos «que en nada influyeron en los fallecimientos en La Torre». Y la califican sin rodeos: «diligencias manifiestamente impertinentes».
Dos años después, la causa de la DANA sigue discutiendo qué papeles se piden y no quién decidió qué, a qué hora y con qué aviso.
Fuera de la sala, el caso sigue siendo materia de Estado. El Gobierno central defiende su actuación durante la riada y su papel en la reconstrucción a través de instrumentos como el Consorcio de Compensación de Seguros (el organismo estatal que cubre los daños de catástrofes naturales cuando el seguro privado no llega) y de las transferencias a la Generalitat. El PP sostiene, en cambio, que la Delegación del Gobierno manejó información que nunca trasladó al Consell.
Aquí no se discute un papel: se discute quién sabía qué. La comparación con otros desastres —la riada de Biescas de 1996, las inundaciones de Murcia de 2012— desemboca siempre en el mismo punto: qué se comunicó por escrito entre administraciones en las horas en que el Poyo ya bajaba crecido. La Audiencia, por ahora, ha respondido que esos papeles ya están en el sumario o que no se han pedido bien.
El Escenario Valenciano
En la Comunitat Valenciana, la causa se lee como un asunto que no prescribe. El Consell de Pérez Llorca —el gobierno autonómico de PP y Vox, con Juanfran Pérez Llorca como president de la Generalitat desde el 2 de diciembre de 2025— administra la reconstrucción con el sumario como ruido de fondo. Cada resolución recuerda que la exconsellera investigada, Salomé Pradas, formaba parte del gabinete anterior, el de Carlos Mazón, expresident desde su dimisión del 3 de noviembre de 2025 y hoy diputado en las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, con 99 escaños).
La oposición no ha cambiado el paso. PSPV y Compromís han convertido la transparencia en su eje parlamentario y reclaman que la instrucción llegue a las decisiones de la noche del 29-O, no solo a los papeles de la reconstrucción. En el otro lado, el PP afronta un doble equilibrio: sostener al Consell en Madrid y explicar en Valencia por qué las defensas de sus exaltos cargos buscan documentación del Gobierno central.
En clave nacional, la delegada del Gobierno es una pieza del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el territorio, y cada auto que la blinda o la expone se lee en el Congreso de los Diputados, donde la DANA ha sido objeto de preguntas recurrentes desde 2024. La proyección es clara: la instructora seguirá practicando diligencias, el Consell deberá rendir cuentas del Plan RERD (el instrumento autonómico para canalizar los fondos de reconstrucción) y el calendario político valenciano, con presupuestos y comisiones de investigación en marcha, no entiende de tiempos judiciales.
Ficha del Caso
- El caso: La Audiencia de Valencia confirma dos resoluciones de la jueza de la DANA: no requerirá a Pilar Bernabé sus mensajes del 29-O y da por cubierta la información sobre el barranco del Poyo.
- Datos importantes: Dos autos de la Sección Segunda, por unanimidad. La petición de las defensas de Pradas y Argüeso se considera «genérica» y lesiva para la intimidad de la testigo. El tribunal califica de «manifiestamente impertinentes» las diligencias sobre compuertas, bombeos y colectores.
- Resumen: La causa avanza sin los mensajes de la entonces delegada del Gobierno, mientras el pulso político entre el Consell de Pérez Llorca y el Ejecutivo de Sánchez sigue vivo en el Congreso y en la reconstrucción.

