El Circuito de D.C. examina la toma de Trump de las agencias independientes: la FTC y la SEC en juego

Un panel de tres jueces revisó los despidos en el Instituto de la Paz y en el consejo de privacidad. La doctrina que salga de ahí decidirá si los comisarios de la FTC y la SEC sirven a voluntad del presidente.

El Circuito de D.C. escuchó este martes los argumentos sobre la toma de Trump de las agencias independientes, y la FTC y la SEC aguardan la letra pequeña.

El panel —Karen Henderson, Cornelia Pillard y Harry Edwards, nombrados por Bush padre, Obama y Carter— revisó dos expedientes: la destitución de los consejeros del Instituto de la Paz de Estados Unidos, creado por el Congreso para mediar en conflictos, y la del Consejo de Vigilancia de la Privacidad y las Libertades Civiles, que supervisa los programas antiterroristas del 11-S.

Ambos casos llevaban meses en pausa, a la espera de que el Tribunal Supremo resolviera hasta dónde llega el poder de despido del presidente sobre la rama ejecutiva. La respuesta llegó con el 6-3 de Trump v. Slaughter, que avaló el despido libre en la mayoría de agencias independientes, y con el 5-4 de Trump v. Cook, que blindó a la Reserva Federal. Con ese marco, los expedientes se reactivaron este verano.

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El abogado del Departamento de Justicia McKaye Neumeister apoyó su argumento en Slaughter: ‘Las actividades del USIP son análogas a otros ejercicios de los poderes de política exterior del presidente’. Y remató: ‘Las restricciones legales a su remoción son inconstitucionales’.

William Murphy, abogado de los despedidos, sostuvo lo contrario: el USIP no es una entidad de la rama ejecutiva, sino una criatura del Congreso diseñada para ser independiente. Los jueces no compraron del todo ninguna versión. Preguntaron cómo un instituto de investigación y mediación ejerce poder ejecutivo.

En el segundo caso el viento sopló distinto. El panel se mostró más receptivo a los argumentos de la Casa Blanca, y el debate giró en torno a un detalle técnico: la norma que creó ese consejo no contiene una protección explícita contra el despido sin causa. Los jueces no anunciaron cuándo fallarán.

Quien controla el despido controla la agenda: eso es exactamente lo que se está dirimiendo en el Circuito de D.C.

Por qué la FTC y la SEC están en la sala aunque nadie las haya nombrado

FTC

Lo que fije el Circuito de D.C. no se queda en dos consejos oscuros: alcanza a todas las comisiones independientes. La piedra fundacional de ese edificio es, precisamente, un caso de la FTC. En 1935, el Tribunal Supremo resolvió Humphrey’s Executor contra Franklin D. Roosevelt: el presidente había despedido a un comisionado de la FTC y la corte dijo que no podía. Durante noventa años, esa sentencia fue el escudo de la Comisión de Bolsa y Valores, de la FCC y de la NLRB.

Slaughter hizo añicos ese escudo para casi todas ellas. Cook dejó a la Reserva Federal en una urna de cristal, por su papel singular en la política monetaria. En la práctica, los comisionados sirven hoy a voluntad del inquilino de la Casa Blanca. Lo que el Circuito debe decidir ahora es la fontanería: qué cuenta como ‘poder ejecutivo’ y si las protecciones legales son separables del resto de la ley.

No es un debate abstracto. La Comisión Federal de Comercio revisa fusiones, persigue prácticas anticompetitivas y vigila la publicidad. La SEC escribe las reglas contables y de divulgación que usan todas las empresas cotizadas en Nueva York. Un cambio de mayoría en esas comisiones es un cambio de doctrina con efecto inmediato sobre el precio del capital.

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La Lógica de Washington

Desde dentro del sistema, la pregunta que late no es si Trump quiere controlar a los reguladores. Es quién responde ante el votante cuando un comisionado nombrado por un presidente anterior bloquea la agenda por la que ese votante votó. La teoría del ejecutivo unitario —todo el poder ejecutivo recae en el presidente, no en comisiones semiautónomas— lleva medio siglo construyéndose en la Sociedad Federalista. Slaughter es su mayor victoria.

El precedente es antiguo. Myers contra Estados Unidos (1926) ya sostuvo que el presidente puede destituir a los cargos del ejecutivo sin permiso del Congreso; Humphrey’s Executor la corrigió en 1935 y Seila Law (2020) volvió a estrechar el círculo. El Partido Republicano lleva una década preparando este cierre; el Partido Demócrata lo lee en clave de concentración de poder.

Para España, el ruido institucional se traduce en prima de riesgo regulatoria. Santander, BBVA, Telefónica e Iberdrola cotizan o emiten deuda en Estados Unidos y presentan cuentas ante la SEC: cada cambio contable o de divulgación les cuesta dinero real. Las operaciones de grupos españoles con presencia americana —Ferrovial, Acciona, ACS— pasan por por la revisión de la FTC, que resuelve en meses lo que un juzgado tardaría años.

La diferencia con otros socios es de exposición, no de opinión. Alemania tiene su automóvil en el punto de mira arancelario; España tiene más capital cotizado en Nueva York y más negocio regulado en Washington de lo que sugiere su tamaño. El Gobierno no ha fijado posición sobre este pleito, y no tiene por qué: es un asunto interno americano. Pero conviene que Madrid siga la vista como sigue un arancel.

El panel no anunció cuándo fallará. Lo razonable es que lo haga a lo largo de 2027 y que su decisión vuelva al Tribunal Supremo, que en diciembre escucha un caso migratorio sobre deportaciones a terceros países. El historial del alto tribunal es mixto: ganó en Slaughter, perdió en los aranceles y en la ciudadanía por nacimiento. Nada garantiza que la próxima caiga del lado de la Casa Blanca.

Ficha del Caso

  • El caso: El Circuito de D.C., el tribunal federal de apelaciones de Washington, revisa si Trump puede despedir a voluntad a los consejeros de dos agencias creadas por ley.
  • Datos clave: El Supremo avaló el despido libre en Trump v. Slaughter (6-3) y blindó a la Reserva Federal en Trump v. Cook (5-4). La doctrina alcanza a la FTC y a la SEC.
  • Para España: Santander, BBVA, Iberdrola y Telefónica presentan cuentas ante la SEC; sus fusiones en EE. UU. pasan por la FTC.
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