El Supremo exige al Gobierno verificar que 61.603 lectores de códigos QR son seguros con el DNI digital para el 29N

La providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, de fecha 17 de noviembre de 2026, es clara: «Requerir, por conducto del Señor Abogado del Estado, a la Señora Directora General de Política Interior (Ministerio del Interior), para que, en el plazo de DOS DÍAS a partir de la notificación de esta providencia CERTIFIQUE bajo su responsabilidad si, con posterioridad a la celebración del contrato de suministro en régimen de alquiler de 61.603 dispositivos para la comprobación de la identidad de los electores que utilicen la versión digital del DNI como medio de identificación para el ejercicio del derecho al voto en las Elecciones a Cortes Generales a celebrar el próximo día 29 de noviembre de 2026, se han realizado, sobre los citados dispositivos, los controles de seguridad exigidos por el artículo 22 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

También exige el Supremo que «en el supuesto de que la certificación sea afirmativa, adjunte a la misma la documentación técnica justificativa de la verificación y control de seguridad exigido por el citado precepto». Según la información publicada en la Plataforma de contratación del Estado, el Ministerio del Interior adjudicó mediante procedimiento de emergencia a Telefónica Defensa y Seguridad un contrato por importe de 7.000.455 euros para el alquiler de 61.603 dispositivos destinados a verificar los códigos QR generados por la aplicación MiDNI.

El partido Iustitia Europa presentó un recurso ordinario 2317/2026, mediante el que se pedía que el Ministerio del Interior acreditase los controles de seguridad realizados sobre los 61.603 dispositivos contratados para verificar la identidad de los electores mediante el DNI digital (MiDNI).

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Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa declara que «hemos conseguido que el Supremo exija al Gobierno pruebas técnicas sobre la seguridad del DNI digital» El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, destaca la importancia de esta resolución: «Llevamos meses defendiendo las garantías electorales con trabajo jurídico, documentación oficial y pruebas periciales. Hoy hemos conseguido que el Tribunal Supremo exija al Gobierno que acredite la seguridad de los 61.603 dispositivos con los que se pretende identificar a los españoles en las urnas. Cada voto merece la máxima protección y cada elector, todas las garantías».

Pardo insiste en la importancia de conocer las características de los dispositivos contratados: «Queremos conocer la marca y el modelo de los teléfonos, las verificaciones realizadas y las garantías de seguridad que ofrecen. Estamos hablando de un contrato de siete millones de euros y de un procedimiento que afecta directamente a la identificación de los votantes. La transparencia y la seguridad jurídica deben estar presentes en cada mesa electoral».

La formación aportó igualmente un dictamen pericial elaborado por el ingeniero de Telecomunicación y especialista en ciberseguridad, centrado en las garantías de autenticidad del sistema MiDNI y los mecanismos de verificación de identidad. La nueva providencia representa un paso relevante en ese recorrido jurídico, al requerir directamente al Ministerio del Interior documentación técnica sobre la seguridad de los dispositivos electorales.

Iustitia Europa impulsó el procedimiento que ha llevado el DNI digital ante el Tribunal Supremo. Las actuaciones se remontan al mes de agosto de 2026, cuando Iustitia Europa promovió ante la Junta Electoral Central una iniciativa destinada a supervisar las garantías de identificación digital de los electores. Como consecuencia de aquellas actuaciones, la Junta Electoral Central solicitó informes a distintos organismos oficiales, entre ellos la Dirección General de Política Interior y la Dirección General de la Policía. Tras examinar la documentación recibida y las condiciones previstas para la utilización de MiDNI en las elecciones generales, Iustitia Europa solicitó garantías adicionales y promovió el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.