La sección primera de la Sala de lo Social del TSJ de Galicia ha desestimado el recurso de un aspirante al proceso de estabilización de empleo de la CRTVG y confirma el CELGA 2 como requisito para una plaza de nivel 8 de especialista de montaje.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? La sección primera de la Sala de lo Social del TSXG desestima el recurso de un aspirante al proceso de estabilización de la CRTVG y confirma la validez de la exigencia del CELGA 2 para una plaza de nivel 8 de especialista de montaje.
- ¿Qué base jurídica aplica? El artículo 23.2 de la Constitución, el artículo 3.2 y la Ley 3/1983, de normalización lingüística, con un juicio de proporcionalidad sobre la esencialidad de la lengua y el nivel exigido.
- ¿Qué impacto tiene? Fija un estándar de control para las bases de los procesos de estabilización del sector público autonómico y reduce el margen de impugnación del aspirante excluido.
El proceso de estabilización y el origen de la impugnación
El pronunciamiento se inserta en el proceso de estabilización de empleo de la Corporación Radio e Televisión de Galicia, cuyas bases exigen la acreditación del CELGA 2 para el acceso a una plaza de nivel 8 de especialista de montaje. El certificado acredita un conocimiento intermedio de la lengua gallega y opera como requisito lingüístico de la convocatoria, no como mérito puntuable.
Declarado no apto en la prueba de gallego prevista en el proceso selectivo, el recurrente sostuvo que el nivel exigido resultaba excesivo en relación con las funciones propias de una plaza de especialista de montaje.
La Sala rechaza la tesis con dos argumentos. El primero es funcional: «el conocimiento de la lengua gallega es esencial para el desarrollo del puesto de trabajo». El segundo es cuantitativo: la exigencia se establece «desde un nivel básico, de forma proporcional al puesto desempeñado».
El fallo desplaza el debate a la proporcionalidad del nivel exigido y no a la legitimidad abstracta de un requisito lingüístico en el sector público autonómico, extremo que la Sala no pone en cuestión.
La consecuencia procesal es directa: desestimación íntegra del recurso y confirmación de la validez del CELGA 2 como condición de acceso. El aspirante no supera la prueba y queda fuera del proceso de cobertura de la plaza.
Ni el número de sentencia ni la fecha de dictado figuran en la nota oficial difundida por el CGPJ, y el texto íntegro no consta aún en el CENDOJ. Tampoco detalla el sentido de la resolución de instancia ni el régimen de costas.
El TSXG confirma que exigir el CELGA 2 para una plaza de nivel 8 es proporcionado: el requisito es básico y responde a las funciones del puesto.
El fallo: esencialidad funcional y proporcionalidad del nivel
La sentencia ancla el requisito en la normativa autonómica de normalización lingüística y en la potestad de los entes del sector público autonómico para fijar las condiciones de acceso al empleo. El artículo 3.2 de la Constitución y la Ley 3/1983, de 15 de junio, configuran el marco en el que la CRTVG puede exigir el conocimiento del gallego.
El juicio de proporcionalidad se resuelve con dos comprobaciones acumulativas: la esencialidad de la lengua para la concreta prestación laboral y el carácter básico del nivel exigido. El CELGA 2 se sitúa en el tramo intermedio de la escala de certificados, no en el superior, lo que permite descartar la desproporción alegada.
La doctrina del Tribunal Constitucional no resulta alterada: desde la STC 82/1986 se admite configurar el conocimiento de la lengua cooficial como requisito o mérito en el empleo público cuando la medida es proporcionada y no arbitraria. La resolución aplica ese canon al supuesto concreto.
No consta voto particular ni el sentido de la deliberación. La ausencia del texto íntegro impide verificar la fundamentación completa y el iter procesal previo.

La Doctrina del Tribunal
La resolución consolida una regla de control: el requisito lingüístico se examina caso por caso con dos parámetros acumulativos —esencialidad funcional y nivel mínimo suficiente— y no mediante un juicio abstracto sobre la legitimidad del requisito. La doctrina previa ya admitía la acreditación lingüística en el empleo público autonómico; la novedad práctica reside en el estándar aplicado al puesto, al asumir que un nivel 8 de especialista de montaje admite el CELGA 2 sin tacha de desproporción.
El fundamento combina el artículo 23.2 de la Constitución, que impone el acceso en igualdad y conforme a los principios de mérito y capacidad, con el artículo 3.2 de la Constitución y la Ley 3/1983. La interpretación es teleológica: atiende a la función real del puesto en un medio público que emite en gallego, no a la literalidad de la base de la convocatoria.
El impacto alcanza a los procesos de estabilización del sector público autonómico gallego, cuyas bases incorporan escalas de CELGA por grupos y niveles. La sentencia ofrece a los tribunales de selección un argumento de defensa del nivel exigido. La recurribilidad es limitada: frente a una sentencia de suplicación solo cabe preparar recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, con contradicción acreditada conforme al artículo 219 de la Ley 36/2011.
FICHA DEL CASO
- El caso: Impugnación por un aspirante de la exigencia del CELGA 2 en el proceso de estabilización de empleo de la CRTVG para una plaza de nivel 8 de especialista de montaje, tras ser declarado no apto en la prueba de gallego.
- Datos importantes: Desestimación íntegra del recurso; exigencia del CELGA 2 validada como requisito proporcionado; base jurídica en los artículos 3.2 y 23.2 CE y en la Ley 3/1983, de normalización lingüística. Número de sentencia no identificado en la fuente oficial.
- Fecha de los juicios: La nota del CGPJ no especifica la fecha de dictado ni la de publicación en el CENDOJ; el texto íntegro no está disponible.
- Personas acusadas y por qué: N/A. Se trata de un procedimiento contencioso-laboral sobre condiciones de acceso al empleo público, sin acusados.

