El reglamento europeo de morosidad ha entrado en la lista de normas que Bruselas quiere retirar en 2027. La propuesta, aprobada por el Parlamento Europeo en abril de 2024, llevaba más de dos años y medio encallada en el Consejo de la UE, la institución donde se sientan los ministros de los Veintisiete, y ahora la Comisión la incluye entre las iniciativas que prevé retirar en su Programa de Trabajo para 2027.
Cómo se apaga una norma que ya tenía mayoría en la Eurocámara
En el Berlaymont nadie ha improvisado. El expediente figura ya entre las iniciativas que el Ejecutivo comunitario prevé retirar en su Programa de Trabajo para 2027, el documento con el que la Comisión fija cada año qué legisla y qué entierra. La propuesta nunca superó la fase de negociación en el Consejo de la UE: la sala de prensa del Consejo no registra un acuerdo político sobre la morosidad desde que el texto aterrizó en sus grupos de trabajo, tal y como adelantó La Vanguardia y confirmó después Pimec.
La cronología explica el enfado. La Eurocámara aprobó la propuesta en el pleno de abril de 2024, con la morosidad colocada entre las prioridades declaradas de la legislatura. Desde entonces, el Consejo no ha alcanzado la mayoría necesaria y el texto se ha ido enfriando reunión tras reunión. Pimec lo resume sin paños calientes: ‘Europa cede a las presiones de los grandes lobbies empresariales y abandona las pymes al plantear la retirada del Reglamento contra la Morosidad’, sostiene la patronal catalana, una de las impulsoras de la norma junto a otras organizaciones europeas de pequeña empresa.
Su presidente, Antoni Cañete, añade la paradoja que más incomoda en los despachos comunitarios: ‘Mientras los informes Letta y Draghi defienden una mayor armonización normativa mediante reglamentos en lugar de directivas para reforzar el mercado único y la competitividad europea, Europa renuncia a un reglamento clave para las pymes’. Traducido: los dos informes que media Europa cita como hoja de ruta para reindustrializar el continente piden exactamente lo que la Comisión acaba de aparcar. Un reglamento, frente a una directiva, se aplica de forma idéntica en los Veintisiete sin necesidad de transposición nacional: llega antes y no admite interpretaciones de cada capital.
Qué pierde la pyme española si el escudo se queda en papel mojado

El texto que ahora se apaga no era un adorno. Habilitaba un régimen sancionador contra las empresas que pagan tarde a sus proveedores y ordenaba un marco común de plazos; sin él, cada país sigue con su propio laberinto y la gran empresa conserva la sartén por el mango. Según Pimec, la retirada deja desprotegidas a cerca de 34 millones de empresas en la Unión, en su mayoría pymes y autónomos. La propia Ursula von der Leyen advirtió en su día de que la morosidad está detrás de una de cada cuatro quiebras empresariales en Europa.
En España el golpe se mide en el día a día del circulante. Prácticamente todo el tejido productivo español es pyme o autónomo, y buena parte de esas empresas vive encadenada a a la subcontratación: automoción, construcción, agroalimentación, logística, servicios a la industria. En esas cadenas, un pago que se retrasa sesenta días no es un apunte contable, es la nómina del mes siguiente. Pimec habla de ‘años de trabajo contra la morosidad’ que pueden quedar en papel mojado y reclama a los Estados un último intento: ‘Es incomprensible e inexplicable que los estados miembros no lleguen a un consenso en los próximos seis meses para desencallar el Reglamento’.
Retirar el reglamento de morosidad no es simplificar: es devolver a la gran empresa un privilegio que la Eurocámara ya había decidido quitarle.
El Eje del Poder Europeo
El pulso no es técnico, es de poder. La resistencia decisiva llega de Alemania, según la patronal, y a su estela se han colocado Ejecutivos cuya industria prefiere no ver por escrito un tope a los días de pago. Berlín no necesita votar en contra: le basta con no construir mayoría. En el Consejo el expediente se mueve por mayoría cualificada, y la presidencia de turno no pone a votación lo que puede perder. En la geometría habitual de Bruselas, los frugales del norte tienden a alinearse con esa lógica: menos obligaciones para sus campeonas nacionales y más margen para sus cadenas de suministro.
España, que en teoría sería de las principales beneficiarias de una norma así, no ha ejercido de locomotora. No ha trascendido una defensa cerrada del texto por parte del Gobierno en los últimos trimestres, y la iniciativa se ha dejado morir sin que ninguna capital del sur haya plantado batalla en el Consejo. Es una contradicción llamativa: Madrid reclama flexibilidad fiscal, fondos y margen industrial, pero no pelea una regla que reparte poder entre la pyme y el gran comprador. La oposición tampoco ha convertido la morosidad en arma parlamentaria.
Hay precedente y no es halagüeño. La directiva hoy vigente, aprobada en 2011, nació con el mismo diagnóstico y el mismo problema de fondo: la norma existía y la morosidad seguía. Bruselas concluyó que la herramienta era insuficiente y propuso sustituirla por un reglamento de aplicación directa. Ahora se archiva la nueva y se queda la vieja. Es el mismo patrón que llevó a la Comisión a retirar en 2024 la propuesta sobre pesticidas tras la presión del sector agrario: cuando el coste político sube, el Ejecutivo comunitario prefiere el cajón a la pelea.
La lectura a cinco años es incómoda. La Unión lleva un lustro vendiendo ‘simplificación’, el eufemismo con el que Bruselas llama ahora a desmontar normas que molestan a alguien, sin distinguir entre burocracia inútil y reglas que reparten poder en la cadena de valor. La morosidad es de las segundas: no discute papeleo, discute quién financia a quién. Sin norma europea la armonización no desaparece; cambia de manos y se decide en los contratos de las grandes compradoras, allí donde la pyme negocia sola y con el calendario del cliente.
Queda una ventana, y es estrecha. Pimec sitúa el último margen en torno a la primavera de 2027, cuando los Veintisiete deberían cerrar posiciones antes de que la retirada sea irreversible en el Programa de Trabajo. El Parlamento Europeo, que ya votó a favor, puede exigir explicaciones a la Comisión en sede parlamentaria, pero no puede obligarla a legislar. El hito definitivo es otro: la próxima vez que una pyme española tenga que decidir si aguanta un pago a noventa días o despide a alguien, la respuesta la dará un contrato privado, no un reglamento.
