La Haya califica de ‘inaceptable’ el MATCH Act, la ley bipartidista que endurecería los controles de exportación de semiconductores a China. El pulso enfrenta a dos socios de la OTAN y decide quién fija las reglas del hardware que sostiene la carrera de la IA.
La advertencia no viene de un ministerio menor. El Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés sostiene, en declaraciones a Politico Europe, que el problema central es ‘el carácter extraterritorial’ del proyecto. ‘Estados Unidos y los Países Bajos son socios importantes y mantenemos contactos frecuentes en todos los niveles’, añade el portavoz, antes de cerrar la puerta: ‘Cada país es responsable de su propia política de seguridad nacional y, por tanto, de su política de control de exportaciones. Las medidas extraterritoriales van contra ese principio y son inaceptables entre socios’.
Qué obliga el MATCH Act y por qué La Haya dice basta
El texto, de impulso bipartidista, concede a los aliados de Washington —Países Bajos y Japón en primera línea— 150 días para alinear sus restricciones sobre venta y mantenimiento de equipos avanzados de fabricación de chips a China con las que aplica Estados Unidos, o para demostrar avances concretos. Si no lo hacen, el Departamento de Comercio quedaría obligado a extender unilateralmente los controles estadounidenses al equipamiento suministrado desde esos países. Dicho de otro modo: la ley convierte una recomendación diplomática en un mecanismo automático de castigo comercial.
Para el fabricante neerlandés ASML, que domina el mercado de las máquinas de litografía —las que imprimen los circuitos sobre la oblea de silicio—, el impacto es directo. China representó cerca de un tercio de sus ingresos el año pasado y la norma estrecharía aún más su capacidad de vender y, sobre todo, de mantener el parque instalado. La empresa nunca ha enviado a China sus máquinas más avanzadas, las de ultravioleta extremo (EUV); los Países Bajos ya impusieron en 2023 controles sobre las de ultravioleta profundo, la gama DUV. El MATCH Act amplía esos controles a más tipos de DUV y endurece las reglas de servicio técnico para los equipos ya instalados en territorio chino.
El argumento de La Haya no es solo contable. ‘El debate no es si las restricciones más duras están justificadas, sino quién las define y a través de qué proceso’, explica Benedetta Girardi, analista del Hague Centre for Strategic Studies. ‘Coordinar políticas nacionales es muy distinto de permitir que un país determine el alcance comercial de empresas con sede en otro’. La distinción importa: Bruselas y las capitales llevan años aceptando coordinación y rechazando imposición.
Quien fija el perímetro técnico de una empresa europea fija también su precio en bolsa, su cadena de proveedores y su margen de negociación con Pekín.
ASML no está sola en la foto. Sus máquinas tienen decenas de miles de piezas y una red de proveedores que cruza fronteras: la alemana ZEISS fabrica las lentes y espejos de precisión que dirigen la luz con la que se graba el silicio. Berlín comparte la preocupación neerlandesa, y no por simpatía: cualquier límite extraterritorial al catálogo de ASML golpea también a la industria óptica alemana. Bart Groothuis, eurodiputado neerlandés, lo resumió con retranca: ‘No puedes decir que no tengan chips de IA, así que no les vendas las máquinas, pero nosotros les vendemos nuestros chips de IA. No es correcto, no tiene ningún sentido’.
En la Eurocámara la lectura es parecida. Bernd Lange, eurodiputado alemán y presidente de la comisión de Comercio Internacional, calificó en octubre el enfoque extraterritorial de Washington de ‘totalmente inaceptable’ y reclamó que la conversación se produzca ‘en pie de igualdad. Traducido al lenguaje de Bruselas: la UE acepta el de-risking (reducir riesgos en sectores críticos sin romper el comercio), pero no acepta que la lista de tecnologías sensibles la redacte el Departamento de Comercio.
El escándalo Huang y la cuenta atrás del Congreso

El impulso político del MATCH Act no nace de un informe técnico, sino de un escándalo. Las revelaciones sobre Jensen Huang, ex consejero delegado de Nvidia, y su vínculo con una presunta espía china —The New York Times informó de que Trump fue advertido el otoño pasado de esa relación— han exasperado al Congreso. Hanna Dohmen, del Center for Security and Emerging Technology de Georgetown, constata el giro: Huang era el principal valedor de una política de controles laxa y ‘a la gente de Washington, en particular a los legisladores, esa noticia le ha sentado muy mal.
La semana pasada, legisladores de primer nivel presionaron para incluir el MATCH Act en la ley de autorización de defensa de fin de año y reclamaron la comparecencia de Huang. Ese calendario es la verdadera cuenta atrás: si el texto se adhiere al paquete presupuestario militar, entra en vigor sin debate público y sin margen para negociar enmiendas. Y aquí aparece la contradicción que señalan incluso los críticos de Pekín: Sanne van der Lugt, del Global Trade Policy Observatory, habla de ‘mucha hipocresía en toda la historia’. Si el argumento es la seguridad nacional, se comporta uno como si lo fuera.
Hay más grietas en Washington. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, está cuestionado por no incluir en la lista negra a Megaspeed, sospechosa de desviar chips avanzados de Nvidia a China; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha criticado la laxitud en la aplicación de los controles, y Trump ha salido a defender a su secretario. Este lunes, el Departamento de Comercio cerró un resquicio que permitía a empresas de países restringidos acceder a chips de IA estadounidenses alquilando capacidad de cómputo en centros de datos en el exterior. El detalle no es menor: la Oficina de Industria y Seguridad precisó que la norma se redactó ‘por y bajo la dirección’ del Tesoro y del Consejo de Seguridad Nacional, una fórmula inusual que deja a Lutnick fuera de la foto.
El Eje del Poder Europeo
La geometría de este pulso rompe el mapa habitual. En la UE, la disputa sobre controles de exportación no enfrenta a frugales contra el sur, sino a los atlantistas —Países Bajos, países bálticos, Polonia— contra el eje de la autonomía estratégica que lideran París y, cada vez más, Berlín. La Haya se ha convertido sin querer en abanderada de una doctrina que durante años combatió: que Bruselas tenga la última palabra sobre lo que se vende y lo que no. Y ahí está la trampa para el Elíseo. Francia reclama europeizar los controles de exportación de semiconductores, pero si lo consigue, la decisión sobre ASML pasará al Consejo, donde La Haya ya no será árbitro único. Ganar soberanía frente a Washington puede costar soberanía nacional en La Haya.
España llega a este debate sin campeón nacional. No hay un ASML español y la exposición es indirecta: automoción, electrodomésticos, defensa y una industria de diseño y encapsulado que depende de un mercado global cada vez más fragmentado. El PERTE Chip aprobado en 2022 fue una apuesta por la capacidad propia, pero sus volúmenes no compiten con los 500.000 millones de euros de capitalización de ASML. En Bruselas, Moncloa se ha alineado con la doctrina de la Comisión: coordinación con Washington, sí; subordinación, no. El problema es que España, sin tecnología crítica que defender, tiene poco que ganar y bastante que perder si la guerra de controles se traslada a los componentes de automoción.
El precedente que conviene tener a mano es el de Huawei y el 5G. Entre 2019 y 2021, Washington presionó capital por capital para excluir la tecnología china y Europa respondió con un mosaico: restricciones duras en Suecia, tibias en España, intermedias en Alemania, y un comunicado final que no obligaba a nada. Nadie quedó satisfecho y la UE sigue sin un régimen común de seguridad en redes. Con los semiconductores puede repetirse el patrón, con una diferencia decisiva: aquí la empresa que se juega el tipo es europea y el socio presionado tiene la mejor tecnología del mundo en litografía. Si el MATCH Act prospera, la doctrina europea de seguridad económica quedará reducida a un apéndice de la ley estadounidense durante al menos un lustro, y el siguiente debate —el de los chips de IA— se librará en los mismos términos.
Lo que observamos en esta redacción es un patrón conocido: La Haya cede tarde, cede poco y cede con condiciones. Ya lo hizo en 2023 con las DUV. La diferencia es que ahora tiene a Berlín a su lado y un Parlamento Europeo que ha convertido la extraterritorialidad en línea roja. El riesgo real no es el pulso dialéctico, sino el calendario: la ley de autorización de defensa estadounidense se vota antes de que cierre el año legislativo, y una enmienda de madrugada puede cerrar el asunto sin que Bruselas haya movido ficha. Ahí se verá si la autonomía estratégica europea es una política o un comunicado.

