EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros de este martes elevó las entregas a cuenta de las comunidades autónomas a 185.593 millones y las de los ayuntamientos a 33.773 millones para 2027. Desde el adelanto electoral, el Ejecutivo ha aprobado o comprometido medidas por al menos 39.621 millones.
- ¿Quién está detrás? Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el conjunto del Consejo de Ministros, con la mayoría de las normas tramitadas por real decreto-ley.
- ¿Qué impacto tiene? Sanidad, educación, dependencia, pensiones y nóminas públicas de 2027 quedan comprometidas con carácter estructural; varias normas aún deben convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso.
El Consejo de Ministros ha comprometido ya 39.621 millones de euros en gasto para sostener el Estado del bienestar antes del 29-N. La cifra, adelantada por El Español y que Moncloa no ha desglosado oficialmente, equivale a elevar en torno a un 5,2% el gasto público anual y concentra el grueso de las promesas electorales del programa socialista que deben quedar consolidadas en 2027.
No son anuncios de mitin sin respaldo normativo. La mayor parte de las medidas ya están aprobadas mediante real decreto-ley (norma con rango de ley que el Gobierno aprueba en Consejo de Ministros y que el Congreso debe convalidar en un plazo de treinta días), figuran en el Boletín Oficial del Estado y tienen vocación estructural: se mantienen en 2027 y en los ejercicios siguientes, las aplique quien las aplique.
De las pensiones a la financiación autonómica: qué hay detrás de los 39.621 millones
El bloque más voluminoso no es una subvención, sino la financiación ordinaria de los servicios públicos. Las comunidades autónomas recibirán en 2027 un total de 185.593 millones de euros en entregas a cuenta (los pagos que el Estado adelanta a las autonomías a cuenta de los tributos que gestionan), un 9,1% más que este año, y los ayuntamientos, 33.773 millones, un 11,5% más. Ese refuerzo suma 18.850 millones de gasto y es la palanca que sostiene sanidad, educación, y dependencia en los territorios, incluidos los gobernados por el PSOE —Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y Cataluña, a través del PSC—.
El segundo pilar son las nóminas. La subida del 4,5% del salario de los funcionarios en 2027, ya aprobada, cuesta no menos de 9.200 millones entre Estado, autonomías y ayuntamientos. A eso se añade la revalorización de las pensiones, la medida de mayor alcance social del paquete: el Ejecutivo calcula un alza de entre el 3% y el 4%, Funcas la sitúa en el 3,6% y el coste rondará los 8.600 millones. El porcentaje definitivo se conocerá con el dato de inflación del 27 de noviembre, dos días antes de las urnas.
El resto del paquete tiene rostro concreto. La subida del SMI un 5,3%, hasta 1.286 euros brutos en catorce pagas, llega acompañada de una exención en el IRPF y de la supresión de retenciones en nómina para quienes perciben esa cuantía: la recaudación que se deja de ingresar se estima en 1.200 millones. La dependencia recibe 1.726 millones adicionales por decreto-ley ya aprobado, y las prestaciones por incapacidad temporal por menopausia y violencia de género, junto con la pensión de viudedad para parejas de hecho, suman 45 millones.
Un Gobierno se mide por lo que deja escrito en el BOE cuando el calendario electoral aprieta, no por lo que promete en un mitin.
Ninguna de estas partidas es coyuntural. Todas elevan el suelo del gasto público y se mantienen en los años posteriores, de modo que el Ejecutivo que salga de las elecciones generales del 29-N heredará un marco comprometido que no se desanda sin un coste político severo, sobre todo en pensiones y en nóminas públicas. Ahí no hay margen para el titular fácil.
El calendario aprieta: convalidaciones en la Diputación Permanente y dos Consejos de Ministros por delante

Queda la letra pequeña, que no es menor. Varios de los decretos-ley siguen pendientes de convalidación en la Diputación Permanente del Congreso (el órgano que sustituye al Pleno cuando la Cámara está disuelta y que puede validar o tumbar normas del Ejecutivo), un trámite que se resolverá en plena campaña. Si decae una de esas normas, decaen con ella las medidas que contiene.
El PP ya ha anunciado que derogará el decreto de vivienda si gobierna con Vox. Con mayoría absoluta en la mano, pocas cosas son imposibles. Sin embargo, revertir la revalorización de las pensiones o la subida salarial de los empleados públicos no admite el mismo envoltorio: afecta a millones de hogares que votan, y ese cálculo lo conoce bien Ferraz. El relato tropieza con la aritmética.
El Eje del Poder Socialista
El movimiento tiene una lógica interna que en Ferraz no ocultan. Pedro Sánchez y María Jesús Montero han convertido el último tramo de la legislatura en una secuencia de aprobaciones sociales encadenadas a la campaña, con un objetivo claro: que el debate del 29-N gire en torno a lo ya entregado y no a lo prometido. Los barones territoriales —Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, Adrián Barbón en Asturias, María Chivite en Navarra y Salvador Illa en Cataluña— reciben con alivio un refuerzo de entregas a cuenta que les permite cerrar 2027 sin ajustes en sanidad y educación, aunque Page mantiene su distancia habitual sobre el tono de la campaña.
En el flanco parlamentario la lectura es otra. ERC, EH Bildu, Junts, PNV y BNG tienen en la convalidación una palanca negociadora en plena campaña, y el GPS del Congreso trabaja con la hipótesis de que la Diputación Permanente valide el paquete sin sobresaltos. El precedente sirve de guía: desde la reforma de 2021 que liga la revalorización de las pensiones al IPC, ninguna fuerza con opción de gobernar ha planteado abiertamente recortar esa indexación en campaña. Hacerlo ahora sería un gesto de alto riesgo electoral.
El riesgo inmediato es de gestión, no de relato. Dos Consejos de Ministros antes del 29-N, semana y media de campaña y una Diputación Permanente con capacidad de enmienda de la realidad: si alguna convalidación descarrila, el paquete socialista pierde parte de su blindaje y el PP gana un titular. En esta redacción lo analizamos, en todo caso, como una operación de Estado del bienestar de calado y no como un gesto táctico, porque el gasto es permanente y su reversión resulta políticamente muy costosa para cualquier Ejecutivo entrante. Habrá, previsiblemente, Consejo de Ministros el martes 24 de noviembre. Ahí se sabrá si el marcador de los 39.621 millones sigue subiendo.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: el gasto ya está en el BOE; las promesas electorales del PSOE son políticas permanentes que blindan el Estado del bienestar frente a cualquier intento de recorte.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE), con María Jesús Montero (vicepresidenta primera y ministra de Hacienda) en la ejecución.
- Próximo hito: convalidación de los decretos-ley en la Diputación Permanente del Congreso y Consejo de Ministros del 24 de noviembre, antes del 29-N.
