El registro horario bloqueado ya no es un expediente técnico: es el último pulso de Yolanda Díaz contra el PSOE.
El 10 de septiembre de 2025, el Congreso tumbó la promesa estrella del pacto de coalición: la jornada de 37,5 horas. Aquella tarde, Yolanda Díaz señaló otro horizonte: salvaría la parte del proyecto que podía aprobar por decreto, el refuerzo del registro horario. En su ministerio llegaron a sostener que ese control digital, auditado por la Inspección, recortaría más jornada efectiva que la propia contracción por ley.
Catorce meses después, el resultado es otro. Al Consejo de Ministros le quedan dos reuniones antes del 29-N y todo apunta a que el reglamento no entrará en ninguna. Fuentes gubernamentales consultadas por El País trasladan que «no está previsto» aprobarlo antes de las elecciones: el PSOE lo ha colocado en su programa, pero para la próxima legislatura. El decreto existe; el calendario no.
El detonante fue la publicación del programa socialista. El texto promete «implantar un registro horario digital fiable, que recoja las jornadas laborales reales» y reforzar la Inspección de Trabajo para perseguir incumplimientos. El lunes, Díaz compartió ese extracto en Bluesky con un mensaje que sonaba a provocación: «Si quieren aprobar el registro horario el decreto está listo y podemos hacerlo ya».
Después subió el tono en La Sexta, donde acusó a los socialistas de «boicotear» la medida, y el martes remató en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sentada junto a tres ministros del PSOE. «No doy crédito a que el PSOE lleve en su programa el registro horario, como le dije esta mañana al ministro de Hacienda. Lleva un año listo para ser aprobado, si quieren este mismo viernes», dijo la vicepresidenta segunda.
Lo que Sumar llama bloqueo, el PSOE lo llama programa electoral: la distancia entre ambas cosas mide el desgaste de la coalición.
Un decreto listo que no encuentra hueco en el orden del día
La historia del registro horario bloqueado es la de un texto que ha pasado por todas las fases menos la definitiva. En marzo de este año, el Consejo de Estado emitió un dictamen muy desfavorable: falta de adecuación por sectores, carga administrativa para las pymes y la objeción de que un reglamento invadía terreno legislativo. Trabajo leyó que el análisis de Economía pesaba demasiado en ese pronunciamiento. «Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer», dijo entonces Díaz.
En julio, Economía y Trabajo anunciaron un acuerdo para aprobar la norma en septiembre. Era la respuesta al ultimátum sindical, que advertía de que no habría más pactos con el Ejecutivo si el registro no fructificaba. El compromiso se incumplió y, en aquel momento, la ministra no criticó al PSOE. No lo hizo hasta este lunes, después de anunciar la retirada de su candidatura a la Organización Internacional del Trabajo.
Quedan dos Consejos antes del 29-N y los números no acompañan. Los asalariados españoles realizan 6,43 millones de horas extraordinarias semanales, según el gabinete económico de CC OO a partir de la EPA; cuatro de cada diez no se compensan (2,54 millones). La Inspección vigilaría en tiempo real lo que hoy se declara en papel.
La grieta entre Trabajo y Economía: seis meses frente a un año

El origen técnico del bloqueo no está en el Congreso, sino en el Consejo de Ministros. Trabajo defiende un registro obligatoriamente digital y de acceso directo para los inspectores; Economía, que pilota la política económica de la parte socialista del Gabinete, controla el calendario. Las diferencias más visibles han sido el periodo de adaptación —seis meses para Díaz, un año para Carlos Cuerpo— y el alcance sancionador: la idea de castigar por empleado en lugar de por compañía se descartó por necesitar respaldo legislativo.
La patronal rechaza el texto de plano, comparte con el Consejo de Estado que invade competencias y ha anunciado que lo judicializará si sale así del Gabinete. También Función Pública y la Agencia Española de Protección de Datos presentaron objeciones. Con ese mapa, el PSOE prefiere una promesa electoral —sin coste inmediato— antes que un reglamento que le abre un frente con la CEOE en plena precampaña. Las cuentas no cuadran.
La Dinámica de Coalición
Dentro de Sumar, la agenda laboral no es un expediente más: es la razón de ser de la coalición. Las confluentes —Izquierda Unida, Más País, Compromís, Catalunya en Comú— tienen en esa agenda su principal activo compartido, y el grupo parlamentario, con 31 escaños, necesita que al menos uno de los dos hitos del pacto llegue a la realidad normativa antes de que se agote el calendario. La votación del 10 de septiembre de 2025 ya dejó claro que la vía parlamentaria estaba cerrada; la del decreto era la última. Sin decreto, la marca laboral de Sumar queda en el discurso.
Con el PSOE, el punto de fricción es de confianza. La parte socialista fija el orden del día del Consejo de Ministros y, con él, los tiempos políticos de su socio. Ninguna de las dos partes puede permitirse una ruptura a dos semanas del 29-N, pero tampoco Sumar puede aceptar en silencio que su política estrella se convierta en promesa ajena. La retirada de la candidatura a la OIT liberó a Díaz del perfil institucional. Eso explica el cambio de tono.
La proyección es sencilla de describir y difícil de ejecutar. Si el decreto no entra en ninguno de los dos Consejos que quedan antes del 29-N, el registro horario pasará a ser material de campaña: Sumar podrá decir que lo tenía listo y que el PSOE lo aplazó. La judicialización anunciada por la patronal llegaría después, con un nuevo frente incluido. El tiempo lo dirá.
Ficha del Caso
- El caso: El registro horario digital lleva un año listo en el Ministerio de Trabajo y no llega al Consejo de Ministros. El PSOE lo incluye en su programa y Díaz lo convierte en pulso de coalición a dos Gabinetes del 29-N.
- Datos importantes: registro exigible desde 2019; dos Consejos de Ministros antes del 29-N; 6,43 millones de horas extra semanales, de las que 2,54 millones no se compensan; Grupo Parlamentario Sumar, 31 escaños; la reducción a 37,5 horas cayó en el Congreso el 10 de septiembre de 2025.
- Resumen: Si el decreto no entra antes del cierre legislativo, Sumar convierte el registro horario en arma electoral y la fricción con el PSOE se traslada intacta a la campaña.
