La Xunta destina 5 millones a rehabilitar viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes con ayudas de hasta el 75%

Las bases se publicarán antes del 31 de diciembre y cubrirán el 75% de la obra hasta 30.000 euros por vivienda. El mismo Consello autorizó 350 viviendas en Sanxenxo y ocho pisos públicos en Viveiro.

El Consello de la Xunta ha autorizado cinco millones de euros para rehabilitar viviendas en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Cómo funcionan las ayudas: del 75% de la obra al límite de renta

El gobierno autonómico gallego ha recurrido a la fórmula de la convocatoria anticipada de gasto: el compromiso económico queda consignado en las cuentas antes de que termine el año, de manera que las bases puedan publicarse en el DOG (el Diario Oficial de Galicia, donde se publican las disposiciones legales de la Xunta) antes del 31 de diciembre. A partir de ahí, la línea quedará abierta para los propietarios de aldeas y villas con menos de 5.000 vecinos.

Hasta 30.000 euros por vivienda y un 75% del presupuesto de la obra cubierto con dinero público. Ese es el marco. Podrán acogerse las personas físicas propietarias o usufructuarias que acrediten ingresos no superiores a 6,5 veces el IPREM; cuando la casa se destine al alquiler, el límite de renta decae. La contrapartida es nítida: residencia habitual y permanente, o alquiler, durante un mínimo de cinco años.

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Son subvencionables las obras de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad, y eficiencia energética. Hay un apartado que conviene subrayar: también se financian la medición y la ejecución de trabajos que impidan la entrada de gas radón o que lo eliminen del interior de la vivienda. Galicia es una de las comunidades con mayor presencia de ese gas de origen natural, que se acumula en plantas bajas y sótanos y que casi nunca aparece en el debate público sobre el precio del metro cuadrado.

La línea rural no fue el único asunto de vivienda del Consello. La Xunta ha dado luz verde a la tramitación de la declaración de interés autonómico de un desarrollo de 350 viviendas en Sanxenxo, la mayor parte protegidas, en la parroquia de Vilalonga. La superficie total ronda los 86.000 metros cuadrados y el suelo fue adquirido por el Concello a la Sareb por 3,5 millones, con financiación del Fondo de Cooperación de la Xunta. Suelo público, promotor privado y un porcentaje alto de vivienda protegida en el municipio con más presión turística de las Rías Baixas.

El problema de la vivienda en el rural gallego no es la falta de casas: es que hay miles vacías donde ya no queda ni panadería.

Viveiro completa el capítulo. El Consello autorizó la licitación de la redacción del proyecto y la dirección de obra de la Casa dos Maestros, con un importe de 146.238 euros y una inversión estimada de 2,2 millones para la ejecución. El resultado previsto son ocho viviendas de promoción pública y un local de uso municipal, en una villa que, como tantas del litoral lucense, convive con un casco histórico envejecido.

Agua, carreteras y depuradoras: el resto del paquete del Consello

El Consello también dejó decisiones de calado en agua y carreteras. Se autorizó el convenio con Ordes para mejorar la ETAP de Buscás, con 1,87 millones: la Xunta aporta el 80% a través de Augas de Galicia y el Concello el 20% restante, con cofinanciación del Feder 2021-2027. La infraestructura funcionaba con una sola línea de tratamiento y sin margen ante averías o picos de demanda. A eso se suma la licitación, por 5,3 millones, de la explotación de las depuradoras de Tragove (Cambados), A Illa de Arousa, Meaño y Ribadumia, que sirven a ocho ayuntamientos y a más de 125.000 habitantes; el contrato debería hacerse efectivo en el primer semestre de 2027.

En carreteras, la relación es más corta, pero elocuente del tipo de obra que sostiene el día a día: una glorieta en Trado, en la OU-194 a su paso por Pontedeva, con algo más de 400.000 euros; la renovación de aceras y servicios en Regodeigón (Ribadavia), 1,2 millones; y el acondicionamiento de la AC-421 en Coristanco, por encima de los 876.000 euros. Tres actuaciones, tres provincias, doce meses de plazo.

Consello de la Xunta

El Laboratorio Gallego

La vivienda se ha convertido en el terreno donde se libra buena parte de la batalla política gallega. El PPdeG gobierna con mayoría absoluta desde 2009 y afronta el tramo final de la legislatura con un problema demográfico que ninguna consellería resuelve sola: 313 concellos, la mayoría por debajo de los 5.000 habitantes, y un parque de casas vacías concentrado justo donde ya no quedan servicios. Alfonso Rueda ha situado la vivienda entre sus ejes, y tanto el BNG —primera fuerza de la oposición— como el PSdeG la han llevado al centro de su discurso parlamentario, con acentos distintos y una misma pregunta de fondo: cuánto dinero público hace falta y a qué velocidad llega.

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La lectura nacional existe, aunque nadie la haya verbalizado esta semana en Santiago. España discute cómo intervenir el mercado del alquiler y cómo movilizar suelo público; Galicia responde con subvención a la demanda en el rural y con colaboración con el promotor en la costa. Conviene decirlo con precisión: no hay declaraciones que presenten esta línea como ensayo para el conjunto del país. Eso sí, el esqueleto —ayuda directa al propietario, contrapartida de permanencia, suelo público con financiación autonómica— encaja en el repertorio que los gobiernos populares han desplegado en otras comunidades. La proyección es inmediata: bases antes del 31 de diciembre, licitaciones de obra a lo largo de 2027 y un contrato de depuradoras que debe quedar firmado en el primer semestre del año que viene. La incógnita no es el diseño, sino cuántas de esas 350 viviendas de Sanxenxo acaban en alquiler accesible y no en compraventa con premio.

Ficha del Caso

  • El caso: El Consello de la Xunta autoriza cinco millones para rehabilitar viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes, con convocatoria anticipada de gasto y bases antes de fin de año.
  • Datos importantes: 75% del presupuesto de la obra, tope de 30.000 euros por vivienda, límite de ingresos de 6,5 veces el IPREM (suprimido si hay alquiler) y cinco años de residencia o arrendamiento. En paralelo, 350 viviendas en Sanxenxo y ocho de promoción pública en Viveiro.
  • Resumen: Es la pata rural de la política de vivienda del PPdeG, con dinero directo al propietario y contrapartida de permanencia, frente al debate nacional sobre el control del alquiler.
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