EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Departamento de Guerra no ha superado su novena auditoría anual consecutiva: 4,9 billones de dólares en activos y 5,2 billones en pasivos sin evidencia suficiente para los auditores.
- ¿Quién está detrás? El secretario de Guerra, Pete Hegseth, que reclama un 44% más de gasto militar hasta los 1,5 billones y promete una auditoría limpia en 2028.
- ¿Qué impacto tiene? Presiona el reparto de carga en la OTAN, con España aún en torno al 1,3% del PIB, y abre contratos para Indra, Navantia y Airbus.
El presupuesto del Pentágono vuelve a pinchar en su examen anual: noveno suspenso consecutivo mientras Pete Hegseth reclama 1,5 billones de dólares para defensa.
Nueve años sin cuadrar las cuentas: 4,9 billones en activos y 5,2 en pasivos
La Oficina del Inspector General del Departamento de Guerra —la denominación que la administración Trump impuso al Pentágono— emitió una abstención de opinión sobre las cuentas del ejercicio 2026. Traducido: los auditores no recibieron pruebas suficientes para certificar que los números son ciertos. El inventario revisado asciende a 4,9 billones de dólares en activos y 5,2 billones en pasivos. La revisión movilizó a cerca de 1.500 auditores y casi 30 componentes del departamento.
El secretario de Guerra no ha esperado al veredicto para marcar calendario. El 16 de noviembre escribió en su cuenta de X que el departamento ‘aprobará una auditoría completa y limpia en 2028’ y que ya está ‘más de la mitad del camino’. Para sostener esa promesa ha creado un comité de auditoría interno. El noveno suspenso no le ha movido un milímetro del guion.
El dato más incómodo lo puso el número dos de la auditoría, Brett Mansfield: ‘Aunque el número de debilidades materiales parece menor en el ejercicio 2026, esa reducción procede de la consolidación, no de la resolución’. Menos epígrafes en rojo porque se han agrupado, no porque se hayan arreglado. La diferencia importa.
Del billón a los 1,5: el salto del 44% y el reparto de la OTAN
El paquete que acompaña al suspenso es el que de verdad mueve el tablero. Hegseth reclama un aumento del 44% en gasto militar que elevaría el presupuesto del Pentágono hasta los 1,5 billones de dólares, según la cifra que maneja la Government Accountability Office, la oficina de control del Congreso. Viniendo de un departamento que lleva nueve años sin poder demostrar dónde está su dinero, la cifra no es un detalle administrativo: es la tarjeta de crédito con la que Washington quiere financiar la próxima década.
Nueve auditorías fallidas no han frenado un solo dólar: en Washington, la falta de contabilidad se ha convertido en el argumento para pedir más.
El marco donde esto aterriza es la OTAN. En la cumbre de La Haya de junio de 2025 los aliados se comprometieron a alcanzar el 5% del PIB en gasto de defensa en 2035, un listón que Madrid firmó sabiendo que partía desde muy abajo: en torno al 1,3% del PIB, según las estimaciones anuales de la propia Alianza, con una hoja de ruta que sitúa el 2% en 2029. Si Washington sube el listón del gasto, sube también la presión política sobre cada capital europea que llegue corta a la cita.
Para la industria española hay dos caras. La primera es de oportunidad: Indra, Navantia, Airbus e ITP Aero aparecen en cada conversación sobre rearme europeo, y un mercado americano de 1,5 billones genera contratos de mantenimiento, munición y sistemas que las empresas españolas pueden capturar. La segunda es de vértigo. El problema español no es la falta de tejido industrial, sino la fragmentación: 27 sistemas nacionales de contratación compitiendo por el mismo dinero. El Ministerio de Defensa negocia con Bruselas un fondo común mientras el calendario corre.
La Lógica de Washington
La lectura desde dentro es distinta a la que se hace en Europa. El Pentágono no falla la auditoría porque nadie mire: falla porque es una organización diseñada para ganar guerras con una cadena de mando que pesa más que cualquier sistema contable. El Congreso le exigió cuentas auditables por primera vez con la ley CFO de 1990, y el departamento no publicó su primera auditoría completa hasta 2018. La frase que pronunció Donald Rumsfeld el 10 de septiembre de 2001 —2,3 billones de dólares en transacciones no rastreables— sigue siendo el mejor resumen de un problema que ya tiene veinticinco años.
La coalición que sostiene la cifra es la de siempre y no depende de que el balance cuadre: halcones del Partido Republicano, industria repartida por distritos electorales clave y una bancada demócrata que no quiere ser acusada de blanda en seguridad nacional. A eso se suma el precedente de Reagan en los ochenta, cuando el rearme se vendió como inversión y no como gasto. Ninguna de esas tres patas necesita una auditoría limpia para votar a favor, y ninguna la va a pedir antes de de aprobar el paquete.
Para España, el efecto práctico es una pinza. Polonia lleva años por encima del 4% del PIB y Alemania se ha instalado cerca del 2,4%, de modo que el argumento de la excepción española se agota cada trimestre que pasa. La ventana clave es el ciclo presupuestario: la petición de Hegseth entra ahora en el proceso del Congreso, con el comité interno como único aval del objetivo 2028. Y la incógnita es sencilla: si el departamento no puede certificar 4,9 billones en activos, qué mecanismo de control aceptará el Capitolio antes de transferirle casi medio billón adicional al año.
Ficha del Caso
- El caso: El Departamento de Guerra vuelve a suspender su auditoría anual, la novena consecutiva, mientras su titular reclama un aumento del 44% en gasto militar para el próximo ciclo presupuestario.
- Datos clave: 4,9 billones en activos y 5,2 en pasivos sin certificar, 1.500 auditores y 30 componentes revisados, objetivo de auditoría limpia fijado para 2028.
- Para España: más presión para elevar el gasto militar por encima del 1,3% del PIB actual, con oportunidad industrial para Indra, Navantia y Airbus si el rearme europeo se acelera.

