La Audiencia condena a seis meses de cárcel a Cafinsa por la cantera ilegal de Casaio (Valdeorras)

El fallo deja la causa de la Fiscalía, que pedía seis años y 4,5 millones, en una multa de 10.800 euros para la empresa. La atenuante de dilaciones por nueve años de instrucción rebaja la condena por el daño a 25 hectáreas de monte comunal.

La Audiencia condena a seis meses de cárcel a los responsables de Cafinsa por la cantera ilegal de San Valentín, en Casaio.

Seis meses, 10.800 euros y 25 hectáreas de monte

La sentencia, hecha pública este martes, impone seis meses de prisión al padre y al hijo que dirigieron la explotación y una multa de 10.800 euros a la sociedad, Cafinsa, por un delito contra el medio ambiente. El tribunal da por probado que la cantera de San Valentín operó sin las autorizaciones necesarias y que esa actividad podía causar «daños sustanciales en el suelo y la vegetación».

No hay agravante. La Audiencia descarta el tipo agravado porque no quedó acreditado que la explotación perjudicara de forma grave el equilibrio de los sistemas naturales. La defensa había insistido en la falta de pruebas químicas durante el juicio, y ese argumento pesó en el fallo. El delito se queda en su versión básica.

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La otra pieza que explica la pena es el reloj. El procedimiento se alargó casi nueve años y el tribunal estima la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, solicitada por los abogados defensores. De ahí que la condena quede lejos, muy lejos, de los seis años de prisión y de los más de 4,5 millones de euros de indemnización que reclamaban la Fiscalía y la acusación particular.

El ‘baile de fechas’ y el vacío de control administrativo

delito medioambiental Galicia

La sentencia resuelve también el baile de fechas que enfrentó a las partes. Los magistrados sitúan la extracción de pizarra entre mediados de 2017 y 2018, y no desde 2013, como sostenían algunos peritos. El padre figuraba como administrador único y titular de una concesión caducada desde ese año; el hijo asumía las funciones de gestión y dirección sobre el terreno.

En ese periodo, según el fallo, la empresa trabajó «sin autorización administrativa, sin un plan de labores aprobado ni declaración de impacto ambiental». Quedaron afectadas más de 25 hectáreas de montes vecinales de Casaio, Lardeira, Sierra del Eje y Riodolas. Los peritos constataron eliminación de la cubierta vegetal, alteraciones geomorfológicas, acumulación de polvo, y contaminación por vertidos.

La condena por la cantera de San Valentín cabe en seis meses, pero el rastro que deja son 25 hectáreas de monte comunal sin restaurar.

Casaio es una parroquia de montaña de Carballeda de Valdeorras, en el extremo oriental de la provincia de Ourense, donde la pizarra sostiene buena parte del empleo desde hace un siglo. La comarca aporta la mayor parte de la pizarra que se extrae en España y exporta a media Europa. Ese peso económico explica por qué el debate sobre los controles mineros nunca ha resultado cómodo.

La pregunta que deja el caso no es judicial, sino administrativa: cómo pudo operar la cantera sin plan de labores ni declaración de impacto ambiental durante más de un año. La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico, con sede en Santiago de Compostela) autoriza y vigila la minería con la normativa que se publica en el DOG, y no aparece en la sentencia como responsable. El fallo describe un vacío de control que no juzga.

El terreno afectado pertenece a comunidades de montes. En Galicia, los montes veciñais en man común suman más de 600.000 hectáreas y son la figura de propiedad forestal colectiva más extendida de Europa, de acuerdo con los registros que publica la Xunta de Galicia.

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El Laboratorio Gallego

El PPdeG (el Partido Popular de Galicia) acumula mayorías absolutas desde 2009 y controla a la vez la Xunta y el Parlamento de Galicia, la cámara unicameral de 75 deputados. Esa concentración de poder hace que la política minera dependa de una sola administración: la que autoriza, la que inspecciona y la que sanciona por vía administrativa.

El BNG (el Bloque Nacionalista Galego) es hoy la primera fuerza de la oposición y el PSdeG, la federación gallega del PSOE, ocupa el tercer lugar. Ninguno de los tres partidos ha convertido la fiscalización de las canteras en un eje de confrontación parlamentaria, y esa ausencia explica mejor que cualquier sentencia el tono administrativo del problema.

La lectura nacional pasa por el modelo, no por el caso concreto. Galicia ejerce competencias propias de minería sobre un territorio de casi 30.000 kilómetros cuadrados, con servicios de inspección dimensionados para una comunidad que también vigila costas, incendios y dominio público. Cuando el control falla, la vía penal tarda casi una década y la respuesta llega en forma de multa de cinco cifras. El coste se mide en años, no en dimisiones.

La incógnita es doble. La sentencia aún no es firme y puede acabar en casación, con lo que el calendario se estiraría todavía más. Y la reparación del monte sigue sin cifra: la indemnización de más de 4,5 millones que pedía la acusación no prosperó, así que la restauración de las 25 hectáreas queda en manos de la vía administrativa. En las próximas semanas se sabrá si alguna de las partes recurre.

Ficha del Caso

  • El caso: Cafinsa explotó la cantera de San Valentín, en Casaio (Carballeda de Valdeorras), entre mediados de 2017 y 2018 sin autorización, sin plan de labores ni declaración de impacto ambiental.
  • Datos importantes: seis meses de prisión para padre e hijo, 10.800 euros de multa para la sociedad y más de 25 hectáreas de montes vecinales afectadas. La Fiscalía pedía seis años y más de 4,5 millones; el procedimiento se alargó casi nueve años.
  • Resumen: la condena queda en el tipo básico por falta de prueba del daño grave y por dilaciones indebidas. El control administrativo de la minería gallega no se juzga y la restauración del monte sigue pendiente.
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