El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) eleva de 24 años y medio a 26 años y medio la condena por asesinato y robo con arma impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla. La Sala de lo Civil y Penal estima parcialmente el recurso de apelación de la Fiscalía contra la sentencia dictada tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Civil y Penal del TSJA estima parcialmente el recurso de la Fiscalía y eleva de 24 años y medio a 26 años y medio la pena total fijada en primera instancia.
- ¿Qué base jurídica aplica? Artículo 846 bis a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 73.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre condena por asesinato y robo con arma tras veredicto de jurado popular.
- ¿Qué impacto tiene? Confirma que la acusación pública puede obtener una agravación en apelación cuando es la única recurrente, sin reabrir la valoración de la prueba personal.
Los hechos probados sitúan el crimen en febrero de 2024, en las inmediaciones del mercadillo del Parque Alcosa de la capital hispalense. El condenado disparó con un arma de fuego a un varón de 37 años sin disponer de licencia para su uso. El tribunal del jurado calificó el resultado como asesinato y robo con arma, apreciando la muerte dolosa y el empleo de violencia sobre la víctima para consumar el apoderamiento.
La Audiencia Provincial de Sevilla impuso 20 años de prisión por el asesinato y 18 meses de cárcel por un segundo delito, hasta totalizar 24 años y medio. La nota difundida por el Consejo General del Poder Judicial no detalla el desglose íntegro de los pronunciamientos condenatorios, de modo que la calificación exacta de la pena restante no consta en el extracto disponible. Tampoco figura el número de sentencia en la información publicada por la oficina de comunicación del TSJ de Andalucía.
El Ministerio Fiscal recurrió en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal. El cauce procesal es el previsto en el artículo 846 bis a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para las sentencias dictadas por el magistrado-presidente del tribunal del jurado, con competencia objetiva atribuida a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia por el artículo 73.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La nota oficial no especifica los motivos concretos invocados por la acusación pública.
La respuesta del tribunal es parcialmente estimatoria. Eleva la pena total en dos años, hasta los 26 años y medio, sin alterar el juicio de hechos ni la calificación jurídica sostenida en la instancia. La agravación resulta procesalmente viable porque el único recurrente fue la acusación pública: no opera aquí la prohibición de reformatio in peius, que vincula al tribunal de apelación cuando la impugnación procede exclusivamente del condenado.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJA revisa al alza la extensión de la pena sin modificar los hechos probados ni la calificación del jurado.
Antecedentes: el veredicto del jurado y la condena de la Audiencia de Sevilla
El enjuiciamiento se sustanció ante el tribunal del jurado, cuya competencia alcanza el homicidio y el asesinato conforme al artículo 1.2 de la Ley Orgánica 5/1995. Por las reglas de conexidad del artículo 5 de la misma norma, la competencia se extendió al delito de robo con arma. El veredicto de culpabilidad fijó los hechos y la participación del acusado; la presidencia del tribunal concretó después la individualización penológica en la sentencia.
Frente a esa resolución, la Fiscalía articuló el recurso de apelacíon que ahora resuelve el TSJ de Andalucía. La segunda instancia penal española no opera como repetición plenaria del juicio: verifica la observancia de garantías, la racionalidad del juicio probatorio y la corrección en la aplicación de la ley sustantiva, con el límite derivado de la inmediación del tribunal de instancia.
El fallo: estimación parcial y elevación de la pena hasta los 26 años y medio
La estimación es parcial. La Sala no anula el veredicto, no absuelve y no recalifica los hechos: corrige la extensión de la respuesta penal. El resultado eleva la condena de 24 años y medio a 26 años y medio de prisión, dos años por encima de la suma fijada por la Audiencia Provincial de Sevilla.
El margen de revisión al alza tiene un límite objetivo en la pretensión deducida. El tribunal de apelación no puede imponer pena superior a la solicitada por el recurrente ni pronunciarse sobre extremos no impugnados, conforme a la doctrina consolidada sobre congruencia y tantum devolutum quantum apellatum. La nota del CGPJ no precisa si la elevación agota la pretensión fiscal.

En la práctica, el fallo deja intacta la declaración de hechos probados y desplaza el debate al terreno de la individualización. Conviene precisar que la suma de penas no equivale al tiempo efectivo de cumplimiento: el artículo 76 del Código Penal establece límites máximos de 20, 25, 30 y 40 años según el número de delitos y la extensión de las penas impuestas, de modo que la elevación acordada habrá de proyectarse sobre el cálculo del licenciamiento definitivo.
La Doctrina del Tribunal
La resolución consolida un criterio procesal relevante: en el ordenamiento español no existe una segunda instancia con plena revisión de la prueba personal. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han perfilado un control de racionalidad sobre el juicio probatorio, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo admite en el asunto Ekbatani c. Suecia (1988), siempre que el órgano superior examine las alegaciones y la prueba documentada.
El soporte normativo del fallo se asienta en el artículo 24.2 de la Constitución, en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la doctrina sobre el error iuris en la individualización penológica. La Sala no revisa la valoración de la prueba personal, sino la subsunción y la extensión de la pena aplicada al hecho declarado probado.
El impacto doctrinal es acotado pero relevante para la práctica: confirma que la acusación pública puede obtener una agravación en apelación cuando es la única recurrente y que esa agravación puede producirse sin reabrir el juicio de hechos. Para los letrados que litigan ante las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, el estándar exige impugnar con precisión el tramo de individualización, no el relato fáctico.
Proyección: la sentencia del TSJA es recurrible en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por infracción de ley, conforme al artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. El texto íntegro no consta publicado en el CENDOJ al cierre de esta edición.
FICHA DEL CASO
- El caso: recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla dictada tras veredicto de jurado popular por asesinato y robo con arma.
- Datos importantes: artículos 846 bis a) LECrim, 73.3 LOPJ, 1.2 y 5 de la LO 5/1995 y 139 del Código Penal. Pena elevada de 24 años y medio a 26 años y medio. Estimación parcial. Número de sentencia no disponible en la nota oficial.
- Fecha de los juicios: hechos enjuiciados en febrero de 2024. La resolución del TSJA se ha conocido este 18 de noviembre de 2026; la nota del CGPJ no consigna la fecha de la vista ni la de la sentencia de instancia.
- Personas acusadas y por qué: un varón condenado como autor de asesinato y robo con arma; la víctima, un varón de 37 años. La nota oficial no identifica a los implicados.

